El 1 de diciembre fue la última vez que Alfonso Romo asistió a un evento oficial del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Fue en Palacio Nacional, en el segundo informe de gobierno al que acudió la mayoría del gabinete.

Ese día, Romo estaba convencido de que sería el último evento. Llevaba varios meses dividiendo su vida entre Monterrey y Ciudad de México. De lunes al mediodía del jueves despachaba en Palacio Nacional, y el resto de la semana en su oficina de San Pedro Garza García o en su Club Hípico La Silla, de Nuevo León.

El 2 de diciembre, el jefe de la Oficina de la Presidencia aprovechó que AMLO se reuniría con algunos de los empresarios de su Consejo Asesor Empresarial para presentarle su renuncia definitiva. Lo hizo en el trayecto de Palacio Nacional a las instalaciones de TV Azteca, donde se llevó a cabo la comida encabezada por Ricardo Salinas Pliego. “Ya no te soy útil, no me siento cómodo”, le confesó Romo. El Presidente le respondió que, contra su voluntad, le aceptaría la renuncia.

“Es más, ayúdame a escribir un mensaje y lo publicamos de una vez”, le dijo. Acto seguido, pidió a un asistente una foto de ellos dos juntos y luego solicitó al conductor de la Suburban en la que viajaban que se orillara en la lateral de Periférico, a unos metros de TV Azteca, para postearlo en Twitter.

“Alfonso Romo dejará la coordinación de la Oficina de la Presidencia, pero seguirá siendo mi principal enlace con el sector privado. Lo cierto es que fue funcionario público sólo por tratarse de nosotros. Convenimos que estaría dos años y se cumplió el plazo”, publicó en un primer tuit.

Y agregó otros dos: “Poncho está más en mi visión de que lo importante no es el cargo, sino el encargo. Él me ha ayudado y me seguirá ayudando. Es un hombre independiente, honesto, comprometido con las causas justas y además es mi amigo.

Nunca olvidaré que fue el primero de los empresarios en adherirse al movimiento de transformación.”

Cuando Romo aceptó ser el jefe de la Oficina de la Presidencia se comentó que sería por un plazo mínimo de dos años, pero no fue un acuerdo definitivo. López Obrador esperaba que se quedara el sexenio y por lo menos dos veces atrás no le aceptó la renuncia.

La más reciente fue en agosto pasado, en una gira por Coahuila, en la que López Obrador participó en la presentación del proyecto integral Agua Saludable para La Laguna. Romo le reiteró que su función como enlace con la iniciativa privada se había desgastado a un punto de no retorno. El Presidente, entonces, le pidió paciencia. Le dijo que “lo aguantara” hasta diciembre.

Romo seguirá siendo un enlace externo del Presidente con los empresarios, aun con los fantasmas del conflicto de interés que lo rondaron desde el inicio del gobierno y que fueron criticados públicamente por el exsecretario de Hacienda, Carlos Urzúa, y por el extitular de Medio Ambiente, Víctor Toledo, ambos al momento o en vísperas de sus renuncias al gabinete.

Romo recomendó a AMLO que lo sustituyera Tatiana Clouthier, una empresaria y política con buenas relaciones con el Grupo de los 10 de Monterrey, pero el Presidente le tenía un nuevo encargo: el de secretaria de Economía.

AMLO mató dos pájaros de un tiro: extinguió el cargo de jefe de Oficina y le encomendó a Clouthier que también se haga cargo de la relación con empresarios.

La diputada federal por Morena dio el primer manotazo sobre la mesa. Ayer, en un panel, dijo que la iniciativa para regular el outsourcing debió discutirse con los empleadores antes de presentarse a Diputados.

Una primera reacción de la futura secretaria de Economía a la propuesta al vapor del presidente López Obrador.

¿Esa será la tónica de Tatiana Clouthier?

Está por verse.

Sulaimán, en la mira de las autoridades

Esta semana, el gobierno federal inició una investigación contra Héctor Sulaimán, quien desde hace meses buscó reactivar el servicio que ofrecía la empresa Rapiscan Systems para revisar las mercancías que ingresan al país a través de las aduanas.

Sin tener un cargo formal en la compañía de origen estadounidense, Sulaimán Saldívar buscó presionar a través de la cancillería mexicana; sin embargo, no tuvo eco para lograr el contrato de 42 equipos de revisión no intrusiva, principalmente por el sobreprecio que cobraba Rapiscan.

Acto siguiente, el empresario se movió con otros funcionarios, a quienes les aseguró que cuenta con el apoyo de la titular del SAT, Raquel Buenrostro, quien al enterarse de lo que intentaban gestionar en su nombre optó por cortar cualquier comunicación con el también representante de la Fundación Scholas México.

@MarioMal
mario.maldonado.padilla@gmail.com

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