Cuando el 20 de febrero pasado se publicó en esta columna que Julio Scherer, consejero jurídico de Andrés Manuel López Obrador, seguía de cerca las investigaciones del Tribunal Electoral en contra de los autores intelectuales y materiales de la serie “Populismo en América Latina”, las alarmas en el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) ya estaban encendidas. Fue dos días después de que el Presidente asistiera al cambio de liderazgo en la cúpula de los ultrarricos del país, donde se eligió presidente a Antonio del Valle Perochena en sustitución de Alejandro Ramírez.

Durante el evento, aquel 18 de febrero, los gestos y el discurso del presidente saliente del CMN lo decían todo: con voz tenue y la mirada clavada hacia abajo, el dueño de Cinépolis se dirigió al Presidente. Ya entonces los expedientes SUP-REP-71712018 y SUP-REP-720/2018, depositados en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, estaban avanzados, a punto de ser utilizados por el gobierno de la cuarta transformación para presentar una denuncia en contra de todos los responsables... que son muchos.

Ayer, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, reveló un complejo entramado de operadores políticos, publirrelacionistas y empresarios que estuvieron relacionados con la campaña negra que se intentó orquestar en contra de Andrés Manuel López Obrador durante el proceso electoral de 2018. El extitular de la Fepade dio a conocer que el CMN pagó 96 millones 900 mil pesos a Alejandro Quintero Íñiguez –operador y propagandista de Enrique Peña Nieto y José Antonio Meade– y a Javier García Mata para que realizaran el documental.

De acuerdo con las investigaciones, de julio a septiembre de 2017, el CMN envió 18 millones 500 mil pesos a la casa productora Piña Digital, propiedad de García Mata, y otros 34 millones a Marta Mejía, directora de la agencia de relaciones públicas Zimat, quien a su vez transfirió 418 mil dólares en la cuenta de Alejandro Quintero.

Los pagos se habrían realizado a través de la empresa CONAXIS en los tiempos en los que Alejandro Ramírez era presidente del CMN. Un ingrediente adicional es que su cadena de cines –de la cual la agencia Zimat se encarga de sus relaciones públicas– iba a transmitir el documental, al igual que otras plataformas de video en streaming como Amazon. De acuerdo con personas cercanas al caso, las denuncias, enfocadas en primera instancia a la compra de tiempos de publicidad fuera de los establecidos por el INE, serían también materia de otros delitos más graves como lavado de dinero, defraudación, triangulación de recursos públicos con fines electorales y financiamiento ilícito de campañas.

No debe perderse de vista que toda la investigación fue detonada por Horacio Duarte, representante de Morena ante el INE, quien en abril del año pasado presentó una queja contra la productora La División, creadora de la serie-documental “Populismo en América Latina”. Duarte despacha actualmente como subsecretario de Empleo en la Secretaría del Trabajo.

Las denuncias también salpican a Federico Berrueto y Ariel Berrueto, a través del Bufete de Proyectos Información y Análisis, quienes habrían pagado 47 millones 900 mil pesos a Grupo TV Promo, propiedad de Alejandro Quintero y en la que la ex coordinadora de la Estrategia Digital de Enrique Peña Nieto, Alejandra Lagunes, tiene participación.

De igual forma, la Secretaría de Desarrollo, Agrario, Territorial y Urbano, así como la Secretaría de Desarrollo Social, en el periodo en el que fue encabezada por Rosario Robles, están relacionadas con las triangulaciones de dinero que fueron a parar a la campaña negra.

Los empresarios que estarían de nueva cuenta en la mira de AMLO por haber tenido relación directa con la campaña negra son Claudio X. González, de Kimberly Clark; Alejandro Ramírez, de Cinépolis; Eduardo Tricio, de Lala y Aeroméxico, así como Germán Larrea, de Grupo México. Coincidencias: las relaciones públicas de estas empresas, con excepción de Grupo México, las lleva la agencia Zimat, que encabeza Marta Mejía.

Posdata 1.
Una de las estrategas de campaña más importantes de José Antonio Meade también salió a relucir en el entramado que presentó el gobierno de la 4T, aunque no se le mencionó por su nombre. Se trata de Alejandra Sotay su empresa Integra Metas Estratégicas.

Posdata 2.
Otra empresa señalada en el entramado que dio pie a las denuncias es World Wide Media, la encargada de promocionar a México en el exterior. En esto radica la firme intención del Presidente de desaparecer ProMéxico y el Consejo de Promoción Turística.

El martes, más de este caso.
 
@MarioMal

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