Enrique Peña Nieto solía hacer los amarres en su propia oficina. Con gobernadores o con legisladores de mayor perfil. Votos a cambio de recursos presupuestales con margen de discrecionalidad para que a la hora de ser asignados, generaran una “comisión”. Concluida la negociación, levantaba el teléfono rojo de la oficina presidencial en Los Pinos y muchas veces incluso giraba la instrucción directamente a Fernando Galindo, su subsecretario de Egresos de Hacienda: dale tantos millones a tal o cual. Y punto.
Lo que seguía era una minuciosa operación para darle forma “legal” al asunto. El papeleo, pues, para guardar las apariencias. Esa minuciosa operación era llevada al cabo por un hombre que fue asesinado hace dos meses en Morelos. La Fiscalía local apuntó que fue un crimen pasional. Nadie como Isaac Gamboa Lozano, quien el sexenio pasado se desempeñó como titular de la Unidad de Política y Control Presupuestal de Hacienda, para hacer una radiografía de cómo funcionaba la corrupción al más alto nivel: a cambio de los votos en el Congreso, legisladores y gobernadores recibían manga ancha para “etiquetar” recursos del presupuesto federal hacia alguna obra pública que quisieran, y de esa obra, ellos se quedaban con una tajada.
Isaac Gamboa era el hombre que aterrizaba el papeleo. Las citas solían realizarse en las oficinas de la Secretaría de Hacienda en la Avenida Constituyentes de la Ciudad de México. Era el último eslabón de los “moches” que habían pactado en las negociaciones políticas los altos mandos del gobierno. Gamboa Lozano se llevó muchos nombres y muchos números a la tumba.
Pero no era el único que sabía. Otro personaje clave en la trama de los moches es hoy diputado federal del PRI: el exsubsecretario Galindo, que trabajaba en Hacienda bajo el mando de Luis Videgaray y con acceso directo al entonces presidente. Y también sabe buena parte de esta truculenta historia el también legislador priista Luis Miranda, amigo entrañable de Peña Nieto, una especie de “rey del cash” que manejaba enormes cantidades de dinero en efectivo para la “operación política”, primero como subsecretario de Gobernación y luego como secretario de Desarrollo Social.
Todo esto me lo cuentan distintas fuentes a las que he acudido para tratar de encontrar nuevas aristas en la historia de la corrupción detrás del Pacto por México, que ha denunciado el presidente López Obrador y que tiene como primera temporada de espectáculo político la participación del exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya, en su calidad de testigo protegido.
En la operación de compra de votos que acompañó al Pacto por México el desfile de nombres que sueltan las fuentes es interminable. Vamos a ver cuáles salen a la luz pública, cuáles se reservan por estrategia, y contra cuántos realmente existe un proceso judicial que termine en una sentencia. Sólo con una investigación exhaustiva, que no seleccione interesadamente acusados y que derive en una condena, se podrá hablar de combate a la corrupción y fin de la impunidad. Todo lo demás es campaña política.
Fe de Erratas
Ayer en esta columna escribí Carlos Autrey cuando debí haber escrito Arturo Henríquez Autrey, operador de Lozoya. Ofrezco una disculpa por el error.
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