El multicitado Plan Nacional de Infraestructura que le propusieron los empresarios a Andrés Manuel López Obrador, y que fue revisado por Arturo Herrera y Alfonso Romo, finalmente verá la luz el próximo 26 de noviembre, cuando se anuncie por parte del Presidente.

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, ya dio algunos detalles, como que iniciará con 15 obras prioritarias, cuya inversión rondaría 160 mil millones de pesos y se podrán adjudicar tan pronto se anuncien.

Esta columna accedió a un borrador del documento oficial que se presentará en una semana y media, el cual se denomina Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura con el Sector Privado y Secretaríade Hacienda y Crédito Público. Está fechado el 12 de noviembre de 2019.

El acuerdo, se expone en el documento, es un espacio abierto y dinámico de colaboración entre el gobierno federal y el sector empresarial para incorporar nuevos proyectos de inversión, no identificados previamente, que inicien su ejecución de inmediato y reactiven la actividad económica.

La Secretaría de Economía, la de Energía y la de Comunicaciones y Transportes, así como la Presidencia de la República en coordinación con Hacienda se ocuparán de promover y facilitar la participación de la inversión privada en infraestructura.

Estas dependencias definirán el mejor esquema para la ejecución de cada proyecto e identificarán, evaluarán, estructurarán y autorizarán el desarrollo de obras de infraestructura en el ámbito de su competencia.

Por su parte, el sector empresarial se compromete a invertir recursos de capital en los proyectos de infraestructura identificados, así como proponer nuevos y ejecutarlos en tiempo, calidad y costo.

“Ambas partes darán un seguimiento para asegurar el inicio, realización y puesta en operación de los proyectos”, se lee en el documento.

Las obras que comenzarán a ejecutarse en los próximos dos meses son las siguientes: a proyectos de refinación se destinarán 57 mil millones de pesos para la terminación de la Coquizadora de Tula, cuya inversión ronda 40 mil millones; y también se propondrán 17 mil millones para la rehabilitación de la Coquizadora de Cadereyta.

En lo que corresponde a proyectos de transporte de gas natural, se tienen planeados mil millones de pesos, con los que se ampliará el gasoducto de 16 kilómetros que conecta Mayakán con Macuspana.

Para los proyectos portuarios van 260 millones de pesos. Se ampliará la bodega de almacenamiento de fertilizante en la API Topolobampo y se construirán cuatro patios de maniobra en la API Lázaro Cárdenas.

Los proyectos aeroportuarios tienen un presupuesto de inversión de 14 mil 152 millones de pesos. Se ampliarán las terminales, el sistema de revisión de equipaje documentado y se rehabilitarán plataformas y rodajes en los aeropuertos de Cancún, Mérida, Oaxaca, Villahermosa, Veracruz, Huatulco, Cozumel, Chihuahua y Minatitlán.

El principal rubro de inversiones de la primera fase del acuerdo es el de telecomunicaciones, que concentrará casi la mitad de los recursos que se planean ejecutar en los próximos meses. Son 86 mil 161 millones de pesos, los cuales se desagregan de la siguiente forma: inversión en telefonía móvil y fija; la ampliación de la cobertura fija y móvil; proyectos tecnológicos: centro de datos, nube y conectividad.

El acuerdo general se compone de seis etapas: 1. Fundamentos del Acuerdo; 2. Identificación de proyectos; 3. Proyectos de inmediata ejecución: dos meses; 4. Proyectos que pueden ejecutarse en 2020 resolviendo sus factibilidades; 5. Proyectos que requieren preparación para ejecutarse de 2021 en adelante; y 6. Siguientes Pasos.

En total, el acuerdo comprende inversiones por 254 mil 990 millones de pesos en 61 proyectos que el nuevo gobierno considera prioritarios y que se deben ejecutar. Algunos son obras que no se concluyeron en sexenios anteriores o que tiene problemas sociales; otras fueron a propuesta no solicitada de las empresas.

Como sea, los poco más de 250 mil millones de pesos no suenan como un bálsamo para reactivar la economía. No al menos en el corto o mediano plazo.

Culpa de Pemex

Expertos en tecnologías de la información aseguran que la única manera de que ocurra un ataque como el que sufrió Pemex en sus sistemas este fin de semana es vía correo electrónico o servidores. Por lo tanto, la responsabilidad sería de Microsoft y Axtel, con el pequeño detalle de que sus licencias fueron canceladas por la nueva administración.

La empresa TI America y sus socias tienen contrato vigente que establece la responsabilidad de seguridad en el acceso a internet de las terminales de la empresa petrolera. El contrato está vigente hasta 2021.

Las mismas fuentes precisan que los compromisos relativos a proteger el correo institucional estaban a cargo de la empresa Microsoft, en tanto que la protección a servidores era responsabilidad de Axtel, pero no les pagaron a tiempo para renovar sus contratos.

Pemex recibe un promedio de 600 mil ataques mensuales. La situación actual está en vías de solucionarse, pero es imprescindible renovar los contratos suspendidos en cuanto a licencias antivirus para correo y servidores.

Presupuesto para el Canal de Zaragoza 

En los jalones del presupuesto del próximo año, el gobierno de Quintana Roo, de Carlos Joaquín González, solicitó a la Secretaría de Hacienda recursos adicionales por alrededor de 400 millones de pesos para continuar con las obras de ampliación del llamado Canal de Zaragoza.

El proyecto consiste en aumentar hasta 3 metros la profundidad de la vía marítima y extenderla a una longitud total de 6.3 kilómetros. Con lo anterior se pretende habilitar la ruta que une la bahía de Chetumal con el Mar Caribe y detonar tanto el turismo deportivo en la zona como el comercio con los países latinoamericanos.

¿Lo tomarán en cuenta los diputados?

La apuesta de Marcos Salame 

Hay empresarios y proyectos inmobiliarios que no paran, a pesar de la atonía de la economía. De esto dio cuenta el BosqueReal Estate Fest que se llevó a cabo el fin de semana, en el que el empresario Marcos Salame anunció que tiene planeado inyectarle capital a la construcción de una vialidad, la cual podría conectar al desarrollo con Polanco y Reforma.

Además, la Universidad Panamericana, ubicada en el desarrollo de BosqueReal y a la cual se le invirtieron 600 millones de dólares, abrirá sus dos primeras facultades en 2021 y promete tener el campus más grande del país, después de Ciudad Universitaria.

Salame es de esos empresarios que pide darle un voto de confianza al presidente Andrés Manuel López Obrador y que los inversionistas hagan lo que les toca: crear empleos y abonar a la prosperidad.

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