Santiago Nieto pasará de ser un poderoso titular de la Unidad de Inteligencia Financiera a un superpoderoso funcionario de la Cuarta Transformación con las atribuciones que tendrá la UIF tras la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito.

El cabildeo de Nieto y del coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, con el Presidente para aprobar la denominada Ley Nieto surtió efectos porque se calcula que tras su puesta en marcha se obtendrá un flujo de más de 5 mil millones de pesos, resultado de los expedientes que ya tiene listos la UIF para ser ejecutados.

Esto es música para los oídos del Presidente, que necesita más recursos para todos sus programas sociales y proyectos de infraestructura. También para la Secretaría de Hacienda, donde está insertada la UIF, aunque el alto perfil de Nieto y la poca secrecía que ha mostrado en sus investigaciones no agradan para nada a su titular, Arturo Herrera, ni al fiscal Alejandro Gertz Manero. 

La amenaza de un Santiago Nieto con facultades para promover la extinción de dominio y congelar cuentas de manera unilateral derivó en una fisura en la bancada de Morena; coincidentemente por una diputada que guarda relación con algunos de los personajes cuyas cuentas han sido bloqueadas por la UIF. ​

​Sin embargo, la minuta que reforma la Ley de Instituciones de Crédito se ha convertido, según diversos integrantes de la Cámara Baja, en una de las prioridades legislativas del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha avalado personalmente el documento. ​

En lo general, la iniciativa que se discute en cámaras otorga a la UIF la posibilidad de introducir directamente personas físicas y morales a la lista de entes bloqueados sin la intervención de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.​

​Adicionalmente, la propuesta de reformas establece un plazo de hasta 15 días hábiles, contados a partir de la notificación del congelamiento por parte de una institución de crédito, para que las personas bajo investigación puedan formular alegatos ante el organismo de Nieto Castillo.​

​Hasta aquí, parecerían cambios accesorios al marco legal anterior. Pero las modificaciones a la Fracción III del artículo 116 Bis 2, referentes a la facultad de la UIF para aplicar la extinción de dominio, fueron determinantes para activar células infiltradas en Morena que, en la práctica, responden a otros intereses.  ​
​En específico, el hidalguense Grupo Universidad envió de última hora un par de reservas a la Ley Nieto, enfocadas específicamente a eliminar la posibilidad de que la UIF y la Secretaría de Hacienda pudieran iniciar procesos para apropiarse de los recursos congelados.​

​La diputada federal por el Movimiento de Regeneración Nacional, Lidia García Anaya, fue la encargada de presentar las reservas, que incluían también la solicitud para que las notificaciones sobre los bloqueos surgieran directamente de la autoridad y no de las instituciones bancarias.​

​Antes de representar a Morena en el Congreso de la Unión, García Anaya fungió como lideresa del Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la misma a la que Santiago Nieto congeló cuentas bancarias en marzo del presente año.​

​En palabras del propio de titular de la UIF, el procedimiento fue resultado de operaciones irregulares en materia financiera, pues la institución educativa recibió un flujo de más de 150 millones de dólares provenientes de bancos ubicados en Suiza.​

​La propia diputada Lidia García ha sido una de las principales defensoras de los más de 7 mil 500 trabajadores de la UAEH que se vieron afectados con el bloqueo bancario, básicamente porque los fondos de ahorro de la plantilla laboral se encontraban dentro de los recursos colocados bajo indagatoria.​

​La legisladora llegó entonces a la Cámara de Diputados para responder por los intereses del rector Adolfo Pontigo Loyola y, más arriba aún, por los del emblemático líder del Grupo Universidad Gerardo Sosa Castelán, hoy en día flamante presidente del Patronato de la mencionada casa de estudios.​

​Se recuerda que ambos personajes ganaron influencia y posiciones en Morena tras hacer frente en sus tierras, durante el proceso electoral de 2018, al priísta Miguel Ángel Osorio Chong y al también tricolor gobernador en turno, Omar Fayad.​

​No obstante, la factura a cobrar no incluía inmunidad, y tras un primer aviso de congelamiento de cuentas, corren ahora el riesgo de entregar lo que ellos mismos denominan el patrimonio de la Universidad, tal y como lo correrán de alguna forma la totalidad de los usuarios del sistema financiero.

Pemex y su ciberseguridad

Este fin de semana, Pemex sufrió un ataque de corte cibernético. Todo indica que mediante la red se infiltró un randsomeware que impidió al equipo de Brenda Fierro Cervantes, directora de nuevas tecnologías de la Empresa Productiva del Estado, acceder a los valiosos archivos de sus equipos de cómputo.

Y es que, aunque la empresa petrolera ha contratado a diversos proveedores para instalar los candados necesarios, el punto débil de la cadena habría sido TI América, empresa que en la época de Enrique Peña Nieto prometió operar “un servicio integral de protección” de la mano de su directivo Luis Manuel Farelas; sin embargo, sus escudos habrían sido fracturados para pedir pagos en criptomonedas a cambio de liberar las carpetas, situación que desde luego preocupa a otros clientes de la firma, entre ellos, Volkswagen y Casas Geo, así como al gobierno de la 4T.

Ojalá que Pemex sea más transparente en este tipo de temas y no patine como ayer, cuando primero negó los ataques, y luego, por la noche, tuvo que reconocer que al menos 5% de sus equipos de cómputo habían sido afectados; esto, pese a que fuentes internas aseguran que fueron muchos más.

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