Sin explicar de manera clara y suficiente por qué no se puede licitar y por qué prefieren cancelar “por excepción” las licitaciones públicas para otorgar por Adjudicación Directa a proveedores previamente seleccionados, dependencias como la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Turismo, han otorgado varios contratos en los últimos meses por montos que superan los 25 millones de pesos en la primera y los 42 millones de pesos en la segunda. En ambas secretarías, los montos adjudicados de manera directa, además de los servicios que se contratan, no siempre observan la normatividad legal que dicta la Secretaría de la Función Pública, ni el discurso de “austeridad republicana” ordenado por el presidente López Obrador.
En el caso de la SEP, que encabeza Esteban Moctezuma Barragán, su Unidad de Administración y Finanzas, aprobó el 17 de septiembre pasado, la adjudicación directa de un contrato por 25 millones de pesos a la empresa Eventos de Occidente Los Generales, S.A. de C.V. “para la detección de talentos de Beisbol en México”. Según la ficha de Compranet AA-01100099-E652019, donde se reporta dicho contrato, a la citada empresa se le pagará por sus servicios de búsqueda de talentos un monto que va de los 10 millones 800 mil pesos a los 25 millones 200 mil pesos, sólo por tres meses de trabajo que van de octubre a diciembre del presente año.
El gasto millonario para buscar talentos en el deporte favorito del presidente López Obrador, lo justifica la SEP con la partida 44101 “Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas o de ayuda extraordinaria”, y en ninguna parte de la dicha subida a Compranet se explica por qué este contrato era tan urgente y por qué se pidió la excepción de una “Adjudicación Directa” y no se buscó licitar entre varios proveedores la mejor oferta, tal como lo marca la Ley de Adquisiciones.
Algo muy similar hicieron en la Secretaría de Turismo, que encabeza el empresario Miguel Torruco. Sin licitar ni explicar tampoco por qué no se concursaron esos servicios entre distintos proveedores que ofrecieran las mejores condiciones y precios, la dependencia otorgó el 27 de febrero de este año cuatro contratos por Adjudicación Directa por un valor total de 42 millones de pesos, para servicios que tienen que ver lo mismo con el abastecimiento de combustibles a través de tarjetas con chip y refacciones, que con el arrendamiento de vehículos para sus servidores públicos, en los que se mencionan 6 camionetas para altos mandos, a pesar de que el presidente López Obrador ha pedido eliminar ese tipo de prestaciones a los mandos jerárquicos superiores.
De acuerdo con el Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Sectur, llevada a cabo el 17 de febrero pasado, y cuya copia tiene esta columna, se adjudicaron directamente y sin mayor explicación de las razones para hacerlo, un contrato para “suministro de combustible del parque vehicular de los Angeles Verdes” por un monto máximo de 38 millones de pesos; un contrato “de arrendamiento de vehículos para servidores públicos y servicios administrativos” de la Sectur por hasta 4 millones de pesos y ahí fue donde se pidieron las 6 camionetas mencionadas; además de otro contrato “para suministro de combustible para el parque vehicular” de la Secretaría hasta por 1 millón 600 mil pesos; y un contrato para “el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, que incluye suministro de refacciones para los elevadores marca Schindler” de los edificios de la dependencia.
Todos esos contratos adjudicados a proveedores de manera directa, se aprobaron con una vigencia del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2019, a pesar de que la Secretaría de Hacienda envió un oficio a todas las dependencias federales en los que les pedía no otorgar ningún contrato con vigencia superior a junio de este año, porque después de esa fecha se definirían las “contrataciones consolidadas” obligatorias desde la SHCP. De hecho, según se lee en la copia del acta de la sesión del Comité de la Sectur, hubo varios funcionarios del Órgano Interno de Control y de otras áreas de vigilancia, que advirtieron al director de Administración, José Alfonso Martínez, que no podían otorgar contratos con vigencia hasta diciembre, porque contravenían la orden de Hacienda, pero aún así se aprobaron.
Otros cuestionamientos que se hicieron en aquella sesión donde la Sectur autorizó los contratos directos por más de 42 millones de pesos, tenían que ver con la falta de austeridad al ordenar la compra de 6 camionetas para mandos altos. Tania Solís, directora de Convenios y Contratos cuestionó que en el contrato “se hable de vehículos para servidores públicos y se establezca el arrendamiento de seis camionetas que serían asignadas a servidores públicos de alto mando, cuando la política de austeridad dictada por el presidente López Obrador y por Hacienda, establece que ya no se deben comprar camionetas para altos mandos, y tratándose de automóviles para servidores públicos solo pueden ser para uso administrativo y vehículos de tipo sedán”.
Ante eso el director de la Unidad de Administración, Alfonso Martínez, aseguró que “no habría camionetas”, a lo que Tania Solís insistió en que las 6 camionetas estaban requeridas en la documentación de los contratos que les enviaron, y secundándola, Jose Luis Santillán, director del Órgano Interno de Control, comentó que “sería una contradicción tremenda entre un parque vehicular que el presidente esté poniendo a la venta camionetas blindadas y que en Turismo se estén adquiriendo nuevas camionetas para los servidores públicos”.
Varios de los funcionarios de la Sectur, que defendieron la necesidad de ajustarse a los requerimientos de la dependencia y que incluso en aquella reunión cuestionaron la practicidad de las políticas de austeridad dictadas por el presidente López Obrador, después del otorgamiento de aquellos contratos fueron despedidos de la dependencia. Sin embargo, los contratos por más de 42 millones de pesos, otorgados de manera directa, siguen vigentes.
NOTAS INDISCRETAS… A propósito del secretario Torruco, todavía está pendiente saber qué procederá en el caso del fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que lo sentenció en mayo pasado, a él y a su vocero, como responsables de haber violado el artículo 134 constitucional por haber incluido imágenes de la campaña de Andrés Manuel López Obrador y mensajes políticos y partidistas en un video institucional de la Sectur, llamado “Estrategia Nacional de Turismo 2019-2024” y difundido en las redes sociales oficiales. Aunque el Tribunal mandó su fallo desde finales de mayo pasado, ni la Secretaría ni mucho menos el contralor interno ni la Secretaría de la Función Pública se han pronunciado sobre la sanción para el secretario y el vocero por esa violación a la Constitución que va desde una amonestación Pública hasta su despido e inhabilitación como servidor público por haber violado la Constitución al difundir propaganda partidista en un video institucional. Pero más grave que el silencio de todos en este tema, que los podría llevar a un desacato de una sentencia del máximo tribunal electoral, es lo que comentan en la misma Secretaría: que para atender el requerimiento personal, que tiene como servidor público, el secretario Torruco autorizó y mandó como su abogado al Jurídico de la Sectur a defenderlo por el caso del famoso video, lo cual podría causar que lo acusaran de un uso abusivo de los recursos públicos para atender cuestiones personales. Dependerá si el titular del OIC y la SPF, que encabeza Irma Eréndira Sandoval, quieren o no fincarle responsabilidades, pero razones legales y hasta constitucionales hasta para una destitución, las hay… Y hablando de los fallos del Tribunal electoral, ayer contra lo que han dicho los magistrados federales e incluso contra lo que dijo el propio presidente López Obrador, que volvió a referirse a la “Ley Bonilla” como “una vergüenza” y a exigir que se acate “lo que diga el Tribunal Electoral federal”, se llevó a cabo la “Consulta Popular” organizada por los diputados de Morena en Baja California, para preguntarle a los habitantes del estado si quieren una gubernatura de 2 o 5 años para el mandatario electo Jaime Bonilla Valdez. Sin ningún tipo de controles ni candados de seguridad y con una muy baja participación, pasó lo que era previsible: que 70% de los que votaron apoyaron el gobierno de 5 años para Bonilla. Decían anoche los organizadores bonillistas que “haremos que se respete la voluntad popular expresada en la consulta” ¿Será que su consulta sin reglas ni controles vale más que lo que diga el Tribunal federal y el presidente?... Los dados mandan Escalera doble. La semana promete.
