“¡Con la salud no, señores de la 4T!”, titulé la columna publicada aquí el pasado dos de octubre (https://bit.ly/2QUtVLV). Veníamos de un tortuoso e ineficiente proceso para la compra consolidada de medicamentos para la seguridad social, enfrentábamos un problema de escasez en el Hospital Infantil para la atención de niños con cáncer y advertíamos una dramática falta de insumos en los institutos nacionales de alta especialidad. Visualizábamos, pues, una verdadera bomba de tiempo.

El 31 de diciembre pasado dejó de existir el Seguro Popular, creado en 2003 para atender a unos 60 millones de mexicanos que no tienen acceso a sistemas públicos de salud. Para sustituirlo nació, mediante una reforma de ley propuesta por el gobierno de AMLO, el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), con la obligación, por delante, de ofrecer atención médica gratuita a la población que se había afiliado al Seguro Popular.

No tardó en que saltaran los problemas. La gratuidad, en el mejor de los casos, está garantizada para los dos primeros niveles de atención, no así en el tercero, el de los hospitales de alta especialidad, que además aumentaron las cuotas de recuperación que piden en función del nivel socioeconómico del paciente. A la irritación que esto causó entre ese amplio sector de la población, se ha sumado una especie de rebelión de gobernadores (sobre todo de los diez panistas), para acatar el nuevo esquema, sin duda con una motivación política por detrás.

Estamos atorados en el peor de los mundos: improvisación y falta de planeación al construir una política pública que tiene la buena intención de sustituir a otra que dio lugar a desvíos presupuestales multimillonarios que beneficiaron a la iniciativa privada (servicios subrogados) o que fueron “caja chica” para muchos gobiernos estatales (estiman el desvío sin aclarar de 71 mil millones de pesos, cantidad equivalente a la del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular disponible para atender enfermedades de altos costo), pero que, mal que bien, atendía a sectores altamente vulnerables por lo pronto en la indefensión.

El Presidente dijo en días recientes que en política juega mucho la suerte. No le favorece en esta crisis del Insabi. Más bien le juega las contras un hecho que debería quedar en el ámbito de lo privado pero que la explotación política de la crisis hace que emerja a lo público.

Resulta que, desde el pasado jueves 9 de enero, AMLO es abuelo. Su hijo mayor, José Ramón López Beltrán y su pareja, la brasileña Carolyn Adams, tuvieron a quien nombraron Salomón Andrés. El bebé nació en Houston. La maledicencia política empezó a joder con la pregunta: ¿por qué no en el Insabi?

Más allá del hecho de que cualquiera puede tener a sus hijos donde le dé la gana, de acuerdo con sus posibilidades, el bebé de José Ramón nació en la localidad donde vive la mamá desde hace más de seis meses. Carolyn Adams es hija de la brasileña Catarina Solano y de un estadounidense radicado en Kentucky. Carolyn, de 35 años, ya tiene una hija de 15, y conoció a José Ramón, de 38, cuando llegó a México para trabajar en una empresa regiomontana proveedora de Pemex.

Instantáneas:

1. LA RENUNCIA. Sobre la renuncia a la Corte de Eduardo Medina Mora solo hay, que se sepa, la carta-dimisión entregada al Presidente que, hecha pública, no indica las “causas graves” que exige la Constitución para que proceda; una llamada de la Corte a Palacio Nacional notificando el desistimiento; y la información dada a conocer por el columnista de EL UNIVERSAL, Salvador García Soto, de las transferencias millonarias hechas por el exministro a cuentas a su nombre en Gran Bretaña y Estados Unidos. Hoy en la mañanera, en atención a una exigencia del INAI, AMLO dará a conocer esas “causas graves”. No se ve mucho en el horizonte. Acaso todo quede en la disposición, también constitucional, de que nadie está obligado a trabajar si no quiere, pues de otra forma sería esclavitud. Ya veremos.

2. ARRENDAMIENTO. Ante las limitaciones presupuestales, crece el arrendamiento como alternativa de equipamiento. Permite disponer de bienes sin necesidad de descapitalizar a una entidad pública. En ese contexto, empresas como Lumo Financiera del Centro que encabeza Luis Montaño, ha diversificado su cartera con esquemas para proveer de vehículos oficiales al gobierno de Puebla y a Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).

3. PAQUETE. La Jucopo del Senado que encabeza Ricardo Monreal Ávila recibirá hoy un paquete de nueve iniciativas del Ejecutivo que pretenden reformar el sistema de procuración y administración de justicia. Lo entregarán los secretarios de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo; así como el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero y el consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra. El paquete propone reformas a la Constitución, a la Ley de Amparo, a la Ley Nacional de Ejecución Penal, a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.