Además del escollo financiero, la crisis operativa que enfrenta la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y que ha dado pie a múltiples apagones, ha obligado al gobierno a abrir el negocio a la iniciativa privada.

A pesar de que el titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, aseguró en abril que no habría apagones por escasez de energía, en los reportes del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) hay “otros datos”, pues se tiene registro de 18 eventos posteriores a esa declaración.

Los apagones tienen que ver con la demanda de electricidad que se presenta en la temporada de verano, específicamente en los meses de mayo a septiembre, en las penínsulas de Baja California y Yucatán.

Información que se maneja con mucho sigilo dentro de la CFE expone una situación crítica en Baja California, donde el déficit de energía eléctrica es de 500 MW, lo que representa 25% del consumo total de electricidad en esta zona del país.

De acuerdo con los informes de las condiciones operativas del Sistema Eléctrico de Baja California, este se ha mantenido en “Estado Operativo de Alerta” por el flujo de transmisión en la zona, lo que requiere implementar un esquema de Acción Remedial ante las contingencias.

Para atender la crisis, el Cenace se vio obligado a activar un protocolo que no tiene precedente alguno, mismo que le permite gestionar la contratación de potencia en caso de emergencia como disponen los artículos 12, fracción XXII, y 135 penúltimo párrafo de la Ley de la Industria Eléctrica.

Por esta razón, el organismo que dirige Alfonso Morcos invitó a más de 100 empresas, como General Electric, de Larry Culp; Cime, de Ricardo Maiselson; y la propia CFE, a participar en un concurso de generación móvil de 250 MW, cuya inversión de cerca de 200 millones de dólares.

El déficit restante de la región se prevé que sea cubierto mediante transmisión.

Joaquín Leal Jiménez, especialistas del Massachusetts Clean Energy Center, opina que la medida servirá como un seguro para garantizar el abasto y evitar hacer compras de pánico al precio máximo de la electricidad, que es de 22 mil pesos por megawatt.

Falta ahora que el Cenace declare que la medida también debe aplicarse en la Península de Yucatán, donde el déficit declarado es de 400 MW y las condiciones para abastecer son más complicadas, ya que, por la ausencia de gas natural, deberá recurrirse al diesel como principal generador.

Se estima que la inversión privada para el protocolo de emergencia en Yucatán rondará también los 200 millones de dólares, toda vez que se necesitan barcos con generadoras o plantas y camiones móviles que se conecten a las subestaciones para atender la demanda.

Y todo por no haber tomado las previsiones y negar la realidad. En febrero pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró en su conferencia mañanera que no había ningún problema, “porque hay energía eléctrica de más”. Un mes después de esa declaración se dio el primer mega apagón que afectó 1.6 millones de usuarios del servicio eléctrico.

¿Van contra Billy Álvarez? Esta semana, en territorio hidalguense, el expresidente del Consejo de Vigilancia de Cruz Azul, José Antonio Marín Gutiérrez, convocó a una reunión extraordinaria a decenas de cooperativistas afines a su gestión para informarles que, según sus contactos en el Poder Judicial, sería cosa de horas para que se libere y se ejecute una orden de aprehensión contra el actual presidente del Consejo de Administración de la cooperativa, Guillermo Álvarez Cuevas.

Si bien Marín Gutiérrez no especificó cuáles serían los delitos por los que detendrían al conocido Billy, aseguró con que el hecho se concretaría este mismo fin de semana, por lo que al interior del Consejo de Administración de la compañía se teme que la amenaza se refiera a un caso fabricado en algún juzgado local, estrategia que cada vez resulta más común entre los socios de la cementera.

CRE aprueba verificador. Recientemente, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) aprobó bajo la resolución número RES/466/2019 al organismo NYCE, que lidera Carlos Pérez, para operar como Unidad de Verificación de combustibles, conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016.

Con estas medidas, las autoridades pretenden brindar confianza, estabilidad y seguridad al mercado energético, al garantizar que las gasolinas y el diesel que se comercializa en las más de 12 mil estaciones de servicio del país cuenten con las características de calidad adecuadas para tener un buen desempeño y no alterar las condiciones de los vehículos y del medio ambiente.

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