Como es bien sabido, el gobierno presentó la semana pasada el paquete económico 2021, incluyendo el proyecto de presupuesto de egresos para el año que entra. Esto amerita múltiples y extensos comentarios. Van por ahora solo algunos apuntes rápidos en las materias que son tema de esta columna:
1. El gobierno propone un incremento en el presupuesto de las dependencias del sector, pero no en el presupuesto de seguridad. Me explico: si se suman los montos que el gobierno pretende destinar a Sedena, Semar, SSPC, Segob y FGR, se llega a un total de 234 mil milones de pesos. Eso significa un incremento en términos reales de 8.5% con respecto al presupuesto aprobado de 2020. Sin embargo, prácticamente toda la diferencia se explica por un aumento drástico en la inversión física de Sedena. Eso tiene como causa principal la construcción del aeropuerto de Santa Lucía: 72% del gasto de inversión de Sedena en 2021 está programado para ese fin. Edificar ese aeropuerto puede ser bueno o malo —no quiero entrar a esa controversia— pero ciertamente no es un gasto en materia de seguridad y justicia.
2. La Guardia Nacional (GN) va a seguir siendo una pantomima. En el presupuesto 2020, la Policía Federal (PF) contaba con 43,626 plazas. En la propuesta de presupuesto 2021, la GN (heredera de los recursos humanos, materiales y financieros de la PF) va a contar con 41,813 plazas ¿Cómo se llega de allí a los 97,000 integrantes de la GN mencionados por el presidente López Obrador en su informe de gobierno? Con personal comisionado de las fuerzas armadas que mantiene plaza y sueldo en Sedena o Semar. Ese arreglo no es temporal, como lo demuestra el proyecto de presupuesto: no se está proponiendo la creación de una sola plaza más en la GN para 2021. Es decir, la anomalía administrativa en la que vive ese cuerpo armado va a perdurar en el futuro previsible.
3. El proyecto de presupuesto confirma la orientación centralista de la política de seguridad. Las aportaciones a los estados, por la vía de un fondo conocido por las siglas FASP, no crecen en términos reales. A los municipios les va peor: se propone la eliminación del Fortaseg, un subsidio dirigido a un poco menos de 300 municipios en todo el país, usado para financiar rubros como la formación y parte del equipamiento de policías municipales. Si se consuma, eso significaría una disminución de 4 mil millones de pesos en los presupuestos municipales de seguridad. Más importante, se está proponiendo una disminución de 4.6% en el Fortamun (el principal fondo de aportaciones a municipios) y, por segundo año consecutivo, se patea el objetivo de incrementar el porcentaje de ese fondo destinado a seguridad de 20 a 50%.
4. La procuración de justicia sigue siendo el niño olvidado de los procesos presupuestales. La autonomía de la Fiscalía General de la República no ha cambiado ese hecho: para el año que entra, ese organismo está solicitando 17,346 millones de pesos. En términos reales, eso significa un crecimiento casi cero con respecto al presupuesto aprobado para este año. No se ve tan peor para un año de crisis, pero si se amplía la mirada el abandono es claro: en los últimos cinco años, el presupuesto de la PGR/FGR ha disminuido 22% en términos reales. En 2021, persistirá esa brecha.
En resumen, el presupuesto propuesto para 2021 no corrige los problemas estructurales de nuestro sistema de seguridad y justicia: se mantiene la subinversión crónica, no se atiende el desorden administrativo de la GN, persiste el desbalance entre niveles de gobierno, y no hay una apuesta por la justicia. Esto es el presupuesto de un proyecto inercial, no de una transformación.
Es una lástima.
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