Durante este primer año de gobierno, varias decisiones y acciones de López Obrador han contado con el respaldo de la población. Algunas excepciones han sido el cierre de las estancias infantiles, la anunciada amnistía o la cancelación del aeropuerto en Texcoco y de la reforma educativa. Sin embargo, la mayoría —como la disminución de salarios de servidores públicos, el retiro de pensiones a expresidentes, la refinería en Dos Bocas o la Guardia Nacional, entre muchas otras—, son calificadas positivamente por la ciudadanía. Y, aunque en algunas áreas el trabajo del presidente es evaluado en términos más severos, la aprobación presidencial se ha mantenido en niveles muy altos.

Culiacán parece marcar una ruptura de esta tendencia favorable para López Obrador. Las encuestas telefónicas apuntan a que el gobierno de López Obrador sale debilitado de este trance (61%) mientras que el crimen organizado sale fortalecido (68%). La decisión de liberar al hijo de El Chapo, además, polariza a la sociedad. Una ligera mayoría condena la decisión, aunque el público a favor es significativo: 49% está en desacuerdo con la liberación, mientras que 45% está de acuerdo (Reforma, 21/10/2019). Otra encuesta encuentra que para la mayoría de los entrevistados (51%) la liberación fue un error mientras que 39% la considera correcta (El Financiero, 22/10/2019). En suma, Culiacán divide a los ciudadanos.

La gran pregunta es si el tema de Culiacán tendrá un impacto político considerable, que se refleje en la caída de la aprobación presidencial y por extensión en las simpatías por Morena. Lo ideal sería tener una encuesta levantada antes del evento y otra después, pero ninguna de las ahora publicadas tiene esta característica (la encuesta de El Financiero incluye entrevistas pre-Culiacán y post-Culiacán). Además, la relevancia político-electoral de este suceso puede ser acumulativa, es decir, el impacto inmediato es moderado pero con el transcurso del tiempo adquiere mayor relevancia (el tema Ayotzinapa en la opinión pública tuvo esta característica). Por lo anterior, la evolución del caso Culiacán en la opinión pública es todavía incierta.

Sin embargo, dado que todo mundo se enteró de lo ocurrido en Culiacán, debiéramos esperar que un evento negativo de esta naturaleza afecte la aprobación presidencial. La opinión pública sobre el tema tiene muchas aristas por lo que solo abordaré tres que me parecen relevantes. En primer lugar, ¿quién es más sensible al tema de inseguridad? Los datos de Inegi (Encuesta Nacional de Seguridad Pública, 09/2019) muestran que la percepción de inseguridad es mayor entre las mujeres (76%) que entre los hombres (66%). El sector femenino, además, es un grupo que históricamente ha mostrado mayor escepticismo hacia López Obrador. En el pasado se inclinaron más por Calderón y Peña Nieto, mientras que su respaldo a López Obrador en 2018 se dio hasta los meses finales de la campaña. La confluencia de mayor escepticismo hacia el presidente y mayor sensibilidad al tema de inseguridad sugiere que Culiacán puede tener un alto impacto en este segmento. El peso demográfico de este grupo es tal (52%) que cualquier cambio importante en él tiene repercusiones importantes en el agregado nacional.

Segundo, el gobierno federal defendió su decisión de liberar a Ovidio Guzmán a partir de su estrategia general de “abrazos, no balazos”. Como señaló el presidente: “no se puede apagar el fuego con el fuego…no queremos muertos, no queremos la guerra”. Si la violencia continúa, o si no se reduce de manera importante, la percepción del fracaso de la estrategia de combate al narco será generalizada. La liberación del hijo de El Chapo será el ejemplo que los ciudadanos utilizarán para ilustrar este fracaso. De hoy en adelante, cada caso de violencia extrema se leerá bajo la óptica de lo que sucedió en Culiacán y como un referéndum de la estrategia de “no queremos la guerra”. Más aún, si el statu quo en materia de seguridad pública se mantiene, o se deteriora, el presidente corre el riesgo de que la ciudadanía piense que no hace nada para enfrentar al crimen organizado.

Por último, Culiacán ilustra la facilidad con la que el tema de seguridad fija la agenda gubernamental. Puede surgir en cualquier momento y con velocidad inusitada colocando el combate a la corrupción, o a las ayudas sociales, en un segundo plano. Si la percepción de inseguridad se mantiene en un nivel elevado como el actual (71%), tarde o temprano el presidente y su partido pagarán el costo político. La creciente concentración de la toma de decisiones en manos del Ejecutivo federal y de Morena significa que no se pueden repartir las culpas cuando falla el combate al crimen organizado. En Culiacán, por ejemplo, solo intervinieron autoridades federales. Con el poder viene la responsabilidad y la rendición de cuentas.