En la entrega pasada le informaba aquí —en medio de la polémica que desató la decisión de AMLO de revelar el nombre de quien comandó el fallido operativo de Culiacán y que resultó ser el jefe del Grupo de Análisis e Información de Narcotráfico (GAIN) del Ejército— que el líder de esas fuerzas especiales reportaba directamente al general secretario de la Defensa Nacional desde que fueron creadas en 1995, pero que en el actual gobierno ya depende del subjefe de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa, cuya identidad, le comentamos aquí, mantendríamos en reserva para no poner en riesgo su integridad personal y la de su familia.

Sin embargo —siempre en medio de la disyuntiva entre transparencia y garantías para quienes se ocupan de la delicada como peligrosa misión de la seguridad nacional— el nombre que reservábamos aparece en el portal “Nómina Transparente de la Administración Pública Federal” de la Secretaría de la Función Pública (https://nominatransparente.rhnet.gob.mx/) por lo que desde ese momento es público.

Se trata del general brigadier Inocente Fermín Hernández Montealegre quien antes de asumir su actual encargo fue, de julio a diciembre del año pasado, secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, lo que resulta curioso si se ve con malicia. Y antes, entre el 15 de abril de 2016 y el 7 de junio de 2017, titular del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información (Cenapi) de la hoy extinta PGR.

Igual de curioso, si se ve con malicia, es que en el periodo en que desempeñó ese puesto, tuvo a su cargo el programa Pegasus (malware que penetraba celulares para espiar usando la cámara y el micrófono del teléfono intervenido, según revelaron archivos de WikiLeaks) en un lapso en el que se habrían cometido ataques cibernéticos a al menos 46 activistas y periodistas, entre otros a Carmen Aristegui, quien ayer reveló en su portal de noticias documentos administrativos con que prueba el aserto.

El general Hernández Montealegre acepta que al asumir en el Cenapi recibió el programa Pegasus pero niega que le haya tocado a él operarlo o haber ordenado tareas de espionaje como las señaladas.

El caso es que, según explicó a principios de esta semana el propio general secretario de la Defensa, Cresencio Sandoval, quien debió informarle, y no lo hizo, que estaba en marcha la operación que terminó en el vergonzoso repliegue militar y posterior liberación de Ovidio Guzmán, hijo del “Chapo” a cambio de evitar —argumentaría después el gobierno federal— una masacre de inocentes, era Hernández Montealegre, en su calidad de jefe de la inteligencia militar y mando del GAIN.

La comunicación, según la línea de mando, tenía que seguir este camino: del mayor Juan José Verde, comandante del GAIN, al jefe de la inteligencia, general Hernández Montealegre y éste al general secretario Sandoval, quien la tenía que transmitir al gabinete de Seguridad y al presidente de la República. Tanto la Fiscalía General como el propio estamento militar ya investigan dónde y quién o quienes, rompieron la comunicación en esa cadena de mando.

Por la alta exposición que el caso Culiacán le da, ha dejado de ser funcional al general secretario de la Sedena, motivo por el cual debería ser removido se compruebe o no su responsabilidad.

Instantáneas

1. PUS POR TODOS LADOS. Agentes de Seguridad Pública y de la Fiscalía de Michoacán detuvieron a una mujer y a un hombre en posesión de dos vehículos de lujo que están relacionados con hechos delictivos. La mujer es la exdiputada local Jacqueline Gómez Moreno quien en la 61 Legislatura local sustituyó al priista Juan Carlos Campos Ponce al ser juzgado por corrupción, y actual funcionaria del gobierno michoacano a cargo de la administración Sanitaria 3 de Zitácuaro. De acuerdo con algunos medios estatales, Jacqueline depende laboralmente del secretario de Gobierno, Carlos Herrera Tello, de quien, se asegura, es cuñada, razón por la cual se ha ocultado la detención ocurrida el pasado 2 de noviembre.

2. ETIQUETADO. No todo está dicho sobre el etiquetado frontal de alimentos y bebidas aprobado recientemente como parte de las reformas a la Ley Federal de Salud. Falta hacer las modificaciones correspondientes a la Norma Oficial Mexicana (NOM) para determinar detalles de los sellos de advertencia nutricional. La senadora panista Alejandra Noemí Reynoso presentó un punto de acuerdo que exhorta a los titulares de Salud y Economía a reunirse con la Comisión de Salud del Senado para discutir los términos de la aplicación de la NOM. El argumento central es que la obesidad es multifactorial y no se erradicará solo con un etiquetado de advertencia.

3. CHOCOLATES. Furioso ha de estar el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la cámara baja y exdirigente de “El Brazón Metropolitano” (organización de deudores de la banca), pues el Senado volvió a batearle ayer, con 108 votos en contra y solo tres a favor, su ya añeja pretensión de regularizar alrededor de 18 millones de autos “chocolate” que están ilegalmente en México. De esta manera se eliminó el artículo 15 transitorio de la Ley de Ingresos y se mantiene la normativa vigente que establece que los autos importados serán autorizados siempre y cuando cumplan con el pago de impuestos, las normas ambientales y las físico-mecánicas, así como la coincidencia del número del motor con la serie del vehículo. 
 
4. OMBUDSPERSON. Ante la falta de un consenso que permita la requerida votación calificada, el Senado volvió a posponer, esta vez para mañana, la designación de quien será el nuevo presidente o presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En la terna finalista, como se sabe, están Rosario Piedra Ibarra, Arturo Peimbert Calvo y José de Jesús Orozco. Pero ayer en su mañanera, AMLO metió la lengua. Dejó saber su simpatía por Piedra Ibarra, lo que desequilibró los consensos que se habían tejido en la Junta de Coordinación Política de la cámara alta. A como se ven las cosas, parece poco probable que el asunto se resuelva en la tercera votación de mañana, por lo que los integrantes de esa terna bien podrían estar despidiéndose de su aspiración y las comisiones de Derechos Humanos y Justicia del Senado trabajando en otra terna.