06 / diciembre / 2021 | 05:21 hrs.

Del dicho al hecho

Alberto Barranco

Colocados en escena el Consejo Asesor Empresarial, con picaporte para empresarios gigantes; el Consejo para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico, a la par del pacto con el Consejo Coordinador Empresarial, faltaría ubicar una bisagra para plasmar en el papel los compromisos con y del gobierno

Colocados en escena el Consejo Asesor Empresarial, con picaporte para empresarios gigantes; el Consejo para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico, a la par del pacto con el Consejo Coordinador Empresarial, faltaría ubicar una bisagra para plasmar en el papel los compromisos con y del gobierno.

Esta la constituiría una participación dinámica del sector en la confección del Plan Nacional de Desarrollo, es decir la ruta sexenal del régimen hacia el cumplimento de las metas de bienestar y crecimiento económico.

De entrada, la posibilidad plasmada con la cúpula empresarial de crecer a 4 por ciento ya la abolló el diagnóstico del Banco de México que habla de una caída drástica en las expectativas para éste y el próximo año.

Reducida la inversión pública en el último año del anterior sexenio, la privada no ha logrado equilibrar la balanza.

En el Plan Nacional de Desarrollo, cuya responsabilidad corresponde a la Secretaría de Hacienda, se detalla la plataforma que sostiene la certeza, ya en materia de respeto al Estado de derecho; de fortalecimiento del gobierno promotor; de la armonía en la relación obrero-patronal…

El problema es que sólo quedan dos meses para la fecha de ley en que debe plantearse el ejercicio de planeación democrática.

Este se somete a la consideración del Congreso de la Unión.

El documento incluye los planes sectoriales en materia de salud, educación, infraestructura, financiamiento, regulación, economía, empleo y seguridad.

Previsto en el artículo 21 de la Ley de Planeación, el documento debe incluir la opinión del abanico social, en un marco en que a su vez el artículo 28 de la Constitución obliga a “velar por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo”.

Aunque el gobierno ha convocado a foros regionales para la elaboración del Plan Sectorial de Salud, el marco no ha sido integral.

Uno de los puntos oscuros es el de política industrial, es decir la posibilidad de trato preferencial a las ramas de mayor presencia en los mercados internacionales, las vías para impulsar la productividad, la creación de cadenas productivas y la posibilidad de escenarios de mayor competitividad.

En el nuevo estilo el gobierno anunció sus 100 proyectos prioritarios prácticamente a su arranque. Sin embargo, falta construir la plataforma de aterrizaje.

Entre los puntos concretos que deben revisarse está la búsqueda de equilibrio entre gasto social, gasto corriente y gasto de inversión, la fórmula para lograr una educación de calidad, inclusión en la medicina social a toda la población, y garantía de respeto a los derechos humanos.

Del dicho al hecho.

Balance general

Colocado, vía una inyección de capital, como el principal accionista del Grupo ICA tras su salida del concurso mercantil al que se acogió; poseedor de importantes paquetes accionarios en el Grupo Alfa y Vitro, el financiero David Martínez, cabeza del fondo Fintech Advisory, está en problemas con Estados Unidos.

Como usted sabe, en la embestida para derribar al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, la Casa Blanca ordenó la congelación de cuentas derivadas de cobro de facturas de petróleo en ese país, con la novedad de que Martínez ofreció liquidez a cambio de emisiones de bonos de deuda que adquiriría su fondo.

La acción irritó a la cúpula del poder en el país del norte, la cual ordenó abrir una investigación contra el financiero que opera desde Monterrey.

Martínez, en su momento, colaboró con el gobierno argentino de Cristina Fernández de Kirchner para salir de un callejón financiero ante la presión en los fondos buitre para cobrar a precio de emisión papeles de deuda que se habían convertido en bonos basura en los mercados secundarios.

Profeta en tierra ajena

Colocada en difícil posición para obtener contratos públicos en México al conectarla sin razón con el expresidente Carlos Salinas de Gortari por el parentesco político de su principal accionista, Hipólito Gerard Rivera, la empresa constructora GIA está expandiendo su actividad a Centro y Sudamérica.

De hecho, está por finalizar la construcción de un Centro Cívico Gubernamental en Tegucigalpa, Honduras, cuyo costo fue de 210 millones de dólares.

La obra fue respaldada por la Comisión para la Promoción de Alianzas Público-Privadas, la Secretaría de Finanzas y el Banco Lafise.

Se trata de 213 mil metros cuadrados de construcción, incluidas dos torres de 24 niveles, dos plazas públicas y cinco pisos de estacionamiento subterráneo.

Más compras que ventas

Aunque las exportaciones totales del país crecieron 5.7 por ciento a tasa anual en enero pasado, las importaciones lo hicieron a su vez en 6 por ciento, lo que provocó un déficit en la balanza de 4 mil 810 millones de dólares.

Durante diciembre anterior se había registrado un ligero superávit de 50 millones de dólares.

Aunque en promedio las ventas no petroleras al exterior crecieron 7.1 por ciento en el mes, las manufactureras lo hicieron en sólo 1.7 por ciento.

Tormenta a la vista

Bajo la convicción de que el gobierno va a cumplir con sus obligaciones de cara a la creación de infraestructura social, no sólo se están cancelando los apoyos directos a organizaciones no gubernamentales que realizan tareas similares, sino que la Secretaría de Hacienda está preparando la cancelación de las deducciones fiscales por donativos y apoyos.

El escenario incluye a las empresas que participan en el financiamiento para producción de películas, obras teatrales, o constituyen patronatos para apoyo de museos y hospitales públicos.
Naturalmente, el escenario provocará una espesa tormenta.

¿Banca de gobierno?

Aunque durante enero pasado los bancos de desarrollo tuvieron una derrama crediticia de mil 686.8 millones de pesos, 36.7 por ciento se canalizó al gobierno, frente a 35.5 por ciento que se volcó al sector privado, por más que se registró un salto de 8 por ciento.

Del total hacia el sector público, 11.8 por ciento se canalizó a entidades federativas y municipios.

Galardón

Entre las 23 firmas del sector energético reconocidas como socialmente responsables por el Centro Mexicano para la Filantropía destaca Cotemar, empresa instalada en Ciudad del Carmen, Campeche.

La compañía ha realizado desde hace varios años tareas de beneficio social en un abanico que incluye a directivos, trabajadores y aún proveedores.

El distintivo se le otorgó por séptima ocasión consecutiva.

Este lo alcanzaron 895 empresas.

 

albertobarrancochavarria0@gmail.com