Los políticos mexicanos han tenido, históricamente, una debilidad especial por irse a vivir a los Estados Unidos. Lo mismo en busca de un exilio académico o diplomático, que cuando se sienten inseguros o políticamente vulnerables en México y en ocasiones incluso cuando huyen de la justicia mexicana por algún delito o acusación, el vecino país del norte siempre es visto como un territorio seguro en donde muchos pretenden resguardarse y algunos hasta compran propiedades, no siempre con dinero de un origen totalmente claro. Pero en algunas ocasiones, como acaba de pasar con el general Salvador Cienfuegos, el sueño americano se transforma en una pesadilla jurídica y legal.
Después de la detención del exsecretario de la Defensa Nacional, ocurrida el pasado jueves, muchos políticos en México, sobre todo integrantes del gabinete del sexenio anterior y algunos exgobernadores o hasta gobernadores en funciones, se lo pensarían dos veces para visitar en estos momentos Estados Unidos, algunos de ellos podrían correr un peligro real de ser detenidos, pero la mayoría no quiere ni siquiera averiguarlo, luego de conocer la forma en que la DEA acusó, detuvo y encarceló a un exjefe militar del Ejército mexicano, y en el entendido de que si al general de cuatro estrellas y escudo dorado, el gobierno estadunidense fue capaz de darle ese trato, ningún otro político estaría en estos momentos seguro en suelo americano.
De hecho, una versión que circula entre generales del Ejército mexicano —donde la reacción al golpe que significó la detención de un militar de élite como Cienfuegos ha sido fuerte pero soterrada— indica que el general exsecretario había hecho ese viaje no con la idea de vacacionar sino que buscaba quedarse a radicar en Estados Unidos, ante el temor de que el gobierno de México, el de López Obrador, le abriera una investigación sobre su desempeño. Fuentes militares sostienen que fue otro exsecretario del gobierno peñista, excompañero suyo en el gabinete, que ya radica en una ciudad estadunidense, quien lo convenció de trasladarse, con todo y su familia a California donde incluso, según las versiones castrenses, Cienfuegos estaba adquiriendo una propiedad donde pensaba vivir para alejarse de cualquier investigación en nuestro país.
Cierta o no esa versión, el general escogió un pésimo momento para viajar a Estados Unidos, cuando la DEA tenía al menos dos años interviniendo sus comunicaciones telefónicas y recabando pruebas en su contra, por acusaciones que coinciden en tiempo con los juicios de dos personajes mexicanos acusados y procesados por delitos de narcotráfico por la justicia estadunidense: de un lado el fiscal de Nayarit, Edgar Veytia, detenido en marzo de 2017 en San Diego y procesado en la Corte Federal de Brooklyn, Nueva York entre 2018 y 2019, cuando fue sentenciado a 20 años de prisión; y del otro lado Joaquín Guzmán Loera, jefe del Cártel de Sinaloa, que llegó extraditado a Nueva York y fue enjuiciado y declarado culpable de cargos por tráfico de drogas y lavado de dinero por lo que fue sentenciado a cadena perpetua en julio de 2019. Entre los testimonios y declaraciones de esos dos personajes surgieron las acusaciones que dieron pie a la investigación de la DEA en contra del general al que apodaron “El Padrino” o “Zepeda”, según la orden de detención girada por el Juez Bryan Cogan, el mismo que sentenció al Chapo.
Hoy se llevará a cabo la segunda audiencia del general Salvador Cienfuegos en Los Ángeles, donde está detenido, y en esta se definirá si puede seguir su juicio en libertad, algo que se ve casi imposible por la gravedad de los cuatro delitos que le imputa la DEA, o si es trasladado a Nueva York, para pisar la misma Corte Federal del Distrito Este de Nueva York donde el año pasado fueron enjuiciados y sentenciados sus dos posibles delatores. Allá cuando se fijen las fechas para el juicio y comiencen las audiencias judiciales, sabremos qué tan sólidas son las pruebas que tiene la agencia antidrogas estadunidense y los fiscales para acusar al primer exsecretario de la Defensa mexicana que será procesado por narcotráfico en la historia y si existen elementos reales para declararlo culpable.
Pero mientras eso sucede, en México muchos políticos están apanicados y no podrían viajar en estos momentos a territorio de los Estados Unidos ante el temor, fundado en algunos casos y por pura precaución en otros, de que puedan ser acusados o incluso detenidos. En ese caso estarían al menos dos expresidentes de México de los últimos dos sexenios; varios exsecretarios de Estado, al menos dos exgobernadores de Sinaloa, uno de Nayarit, otro exgobernador de Coahuila y uno de Nuevo León, además de un gobernador actual de un estado del norte del país, que a pesar de tener la doble nacionalidad ha evitado cruzar la frontera en las últimas semanas. Incluso se habla de dos hermanos que trabajaron en la administración capitalina junto a un exjefe de Gobierno, que aunque tienen casa en Missión, Texas, hoy no estarían tan seguros viviendo en ella.
La mayoría de esos políticos no saben si están señalados o no o si hay indicios en su contra, pero por lo pronto no piensan averiguarlo. En estos momentos muy pocos políticos y gobernantes mexicanos se atreverían a pisar suelo estadounidense sin correr el riesgo de que el tan anhelado sueño americano, se les transforme de golpe en una pesadilla penal.
NOTAS INDISCRETAS…
Los resultados de los comicios del domingo son una muy mala noticia no sólo para Morena, que sumida en sus pleitos internos y en sus reyertas entre radicales y moderados, no se ha dado tiempo de formar sus estructuras políticas y electorales propias y sigue dependiendo de la operación de los programas sociales del gobierno federal. La manera humillante como los morenistas perdieron en Coahuila, donde el PRI se llevó carro completo en los 16 distritos electorales locales, con lo que tendrá la mayorá absoluta en el Congreso local, y en Hidalgo, donde el golpeado partido tricolor les arrebató Pachuca y 31 alcaldías más, dejando a Morena en sólo 8 municipios, confirma que el partido gobernante no ha logrado consolidarse en casi dos años de gobierno y sigue careciendo de una estructura electoral e institucional que lo respalde. Es decir, que sin la figura del presidente López Obrador y sin su nombre en las boletas, Morena pierde toda fuerza y ese es un mensaje muy grave de cara a los comicios de 2021 donde parece claro que, sin una operación de gobierno que los apuntale y sin el apoyo de Palacio Nacional y de los partidos aliados que les consiguieron, tanto los viejos como el PT, PVEM y el PES renovado, como los dos nuevos partidos autorizados por el Tribunal Electoral y que jugarán de la mano del lopezobradorismo, como son el RSP, de Elba Esther Gordillo, y la Fuerza Social por México, que lidera Pedro Haces. Y así, mientras siguen peleándose por la dirigencia nacional, a la luz de estos resultados vale la pena preguntarse si lo que existe en estos momentos es el morenismo o solamente existe el lopezobradorismo… Porque por “operadores” en los comicios hidalguenses y coahuilenses no pararon los morenistas, gobiernos como el de la CDMX, el de Puebla y de varios municipios mexiquenses fueron enviados a Saltillo y a Pachuca, para desplegar una operación electoral que ayudara a las debilitadas dirigencias estatales. Una lista que circula en Morena menciona por ejemplo a Monserrat Mondaca, funcionaria de la Secretaría de Salud de Puebla, como enviada a operar en Coahuila; Felipe Mata, asesor del Congreso del Edomex, operando en Hidalgo; Héctor Samuel Portilla, de Birmex, en Hidalgo; Julio César Tinoco, del ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza, también operó en Hidalgo; Luz Elena Quijano, a quien vieron en Coahuila haciendo operación; Neffy Villegas, funcionaria de la Alcaldía de Tlalpan estuvo en Coahuila; Oscar Flores, jefe de Supervisión de los Juzgados Cívicos en la CDMX fue visto en municipios de Hidalgo; Oscar Contreras, asesor de la Cámara de Diputados, también en Hidalgo. Todos esos funcionarios fueron con el fin de ayudar a que Morena ganara las elecciones en Hidalgo y Coahuila. La pregunta es ¿qué operaron y con qué recursos, por qué no lograron mucho? Para la etapa que viene, la de las impugnaciones, se menciona a Bety Olivares, la directora del Injuve CDMX, que estará apoyando en la elaboración de recursos de impugnación tanto en Coahuila como en Hidalgo…Dados girando. Otra Serpiente.
sgarciasoto@hotmail.com
