Tal como lo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador desde Tijuana el pasado 27 de marzo, en plena época de campañas por dos gubernaturas —una de ellas justamente la de Baja California— la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte de la Cámara de Diputados, que preside el priista Rubén Moreira Valdez, se apresta a discutir la legalización de los autos de contrabando o también llamados carros “chocolate”, para lo cual ayer fue creada una Subcomisión de Regularización de Autos Extranjeros que se encargará de preparar una propuesta legislativa para atender el popular reclamo.

Se trata, según dijo López Obrador en la ciudad fronteriza, de un tema que tiene que ver “no sólo con los ingresos que puedan obtenerse por la recaudación”, sino también con el control y registro de autos extranjeros que se utilizan para delinquir o incluso en la visión del presidente se debe buscar un equilibrio porque “mucha gente adquiere estos autos por el precio, se ayudan porque no podrían comprar carros nuevos”.

En una comunicación interna enviada anoche en San Lázaro por Moreira Valdez, de la que esta columna tiene copia, se informa que ayer lunes, a partir de las 16:00 horas se llevó a cabo la Cuarta Reunión Ordinaria de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte, en la que se discutió y aprobó la integración de 6 Subcomisiones, una de ellas la de Regularización de Autos de Procedencia Extranjera, que integran dos diputados de Morena, Francisco Jorge Villarreal Pasaret, y Teresita de Jesús Vargas Meraz, y la diputada del PES, Adriana Lozano Rodríguez. Se aprobaron otras subcomisiones para los temas fronterizos como la de Aduanas, Seguridad, Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Migración, pero sin duda la que más llama la atención es la que abordará la legalización del contrabando de autos irregulares a través de la frontera con Estados Unidos.

Aunque este es sin duda un tema que representa una demanda altamente popular en varias regiones urbanas y rurales del país, sobre todo en la frontera norte, desde donde López Obrador hizo la promesa que hoy se aprestan a cumplir los diputados de la bancada de Morena, también es un asunto que provoca escozor y preocupa a la industria automotriz y a los distribuidores y vendedores de autos en el país, que ven en la legalización de autos “chocolate” no sólo un tema de contrabando, sino una competencia desleal para la venta de automóviles nuevos. Por otro lado también está la preocupación de grupos y organizaciones ambientalistas que ven a esos autos, en su mayoría declarados “chatarra” en  Estados Unidos, como una fuente de contaminación y de aumento en las emisiones de dióxido de carbono generadas por autos usados a los que en México se les dará un uso intensivo.

Basta ver el discurso y la promesa que hizo López Obrador en Tijuana en marzo pasado, en donde dijo que le encargaba el asunto de la regularización de autos extranjeros a sus secretarios de Hacienda, Carlos Urzúa, de Seguridad, Alfonso Durazo, de Economía Graciela Márquez y a la directora del SAT, Margarita Ríos Farjat, para saber que la discusión en la Cámara de Diputados es prácticamente un asunto “encargado” por el Ejecutivo a la bancada de Morena. Y la integración de la Subcomisión que revisará el asunto, además de la presidencia de Rubén Moreira, el priista que ya ha votado en varios temas importantes con Morena, como la Revocación de Mandato, la Guardia Nacional y otros asuntos, también hace suponer que el asunto ya está “planchado” y que muy pronto, quizás en un periodo extraordinario en mayo, se podría estar discutiendo la legalización de los autos “chocolate” en el país, un tema con una muy alta rentabilidad política y de votos en época de elecciones.
 
NOTAS INDISCRETAS…En la definición del nuevo director del Canal del Congreso se asoman, una vez más, las pugnas internas de Morena. En la Comisión Bicamaral que debe definir pronto al nuevo titular del canal hay dos bandos, uno afín al senador Ricardo Monreal y el otro que le respone al diputado Mario Delgado, ambos coordinadores parlamentarios de Morena, con la intención de hacerse del control del medio de comunicación del Congreso. Cada uno tiene sus propuestas y sus candidatos y en ambos casos cabildean y presionan para que la dirección se quede en sus respectivas cámaras y con alguien cercano a los líderes morenistas. Uno de los candidatos es el actual encargado de despacho, Eduardo Fernández, a quien se dice apoya el actual secretario de Servicios Administrativos del Senado, Mauricio Farah Gebara. La principal propuesta de Fernández el viernes que comparecieron ante la Comisión los 27 candidatos registrados que buscan la dirección del canal, fue dividir al actual Canal del Congreso en dos frecuencias, una exclusiva para diputados y otra para senadores, con lo que, se cree, se buscaría que cada uno de los líderes parlamentarios de Morena tuviera su propio canal de difusión y promoción de imagen. El caso es que lo que está de por medio no es cosa menor, pues el canal de televisión tiene un presupuesto de 200 millones de pesos. ¿Quién se queda con el botín televisivo del Congreso?...Los dados mandan Serpiente doble. Caída libre.

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