Aunque en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador han sido muchas las cosas que no han salido bien, los cambios en el sector salud quizá ejemplifican mejor que nada la falta de estrategia, planeación y buena ejecución de las políticas públicas, lo que a su vez confirma lo que muchos analistas previeron que pasaría con la 4T: no sabe gobernar.

La nueva política de compras de medicamentos que instauró la exoficial mayor de la Secretaría de Hacienda, Raquel Buenrostro, simple y sencillamente no ha funcionado. La compra consolidada de medicinas y otros insumos del sector salud que se llevó a cabo el año pasado –la primera por parte del nuevo gobierno– solamente logró adjudicar 38% de las poco más de 3 mil claves que se licitaron, algo no visto antes en el sector.

El objetivo de la hoy jefa del SAT era reducir los costos de los medicamentos al separar la distribución de la compra de los insumos y que ambos servicios se adquirieran de forma directa. El argumento de Buenrostro era que con ello se lograrían ahorros de hasta 30%; la tesis del Presidente era que había mucha corrupción en dichos procesos. Ninguna de las dos ha podido comprobarse: ni ha habido ahorros considerables en la compra de medicamentos, no hay exfuncionarios o empresarios vinculados a proceso por corrupción o cohecho, y se siguen adjudicando contratos a las distribuidoras estigmatizadas por AMLO y otros funcionarios de su gobierno.

La mala planeación y ejecución de la compra consolidada del año pasado ocasionó desabasto de medicamentos –por ejemplo en los oncológicos para niños con cáncer– y obligó a instituciones como el IMSS, de Zoé Robledo, y el ISSSTE, de Luis Antonio Ramírez Pineda, a contratar de nueva cuenta a las distribuidoras de medicamentos acusadas de corrupción por el Presidente.

En 2019 y hasta agosto de 2020, la farmacéutica Maypo, de Carlos Arenas Wiedfeldt, obtuvo 2 mil 367 contratos, lo cual equivale a 10 mil 839 millones 967 mil 545 pesos. Del total de contratos, mil 965 (83%) corresponden al IMSS, 184 (8%) al ISSSTE, 19 (0.8%) a Semar, 11 (0.4%) a Sedena y tres (0.1) al Insabi. El resto de los contratos se hizo directamente con institutos y hospitales de alta especialidad.

En 2019 y hasta agosto de 2020, Fármacos Especializados, de Francisco Pérez Fayad, obtuvo mil 134 contratos, equivalentes a 17 mil 849 millones 600 mil 390 pesos. De ellos, 913 (80.5%) los obtuvo con el IMSS, 40 (3.5%) con el ISSSTE, seis (0.5%) con Secretaría de Salud, cuatro (0.3) con Semar y cinco (0.4%) con Sedena. El resto de los contratos se pactó directamente con institutos como el INER o Cardiología, y hospitales de alta especialidad.

En este contexto fue que se anunció el viernes pasado la creación de una distribuidora de medicamentos del gobierno, con un presupuesto de 50 mil millones de pesos, la cual comenzará a funcionar, en teoría, el 15 de agosto. Su director será David León, excoordinador Nacional de Protección Civil, quien tiene cero experiencia en el sector farmacéutico. Es comunicólogo de formación. Fue asesor de comunicación social de Manuel Velasco, exgobernador de Chiapas, y exvocero del Partido Verde Ecologista en el Senado.

Pero como muchos funcionarios de la autonombrada 4T, estará en el cargo por la lealtad que le tiene a Andrés Manuel López Obrador, y no por su experiencia y perfil para el puesto. La creación exprés de una empresa de este tipo, cuyas especificaciones logísticas son muy particulares y técnicas, aunado a la falta de expertise de David León y a la complejidad adicional que representará importar los medicamentos por la nueva Ley de Adquisiciones –la cual también se aprobó fast track en el Congreso–, auguran un fracaso de esta empresa pública, que además será un monopolio.

Lo peor de todo es que, como en el caso de las modificaciones en las compras consolidadas, esto terminará afectando a los mexicanos que requieren los medicamentos.

Posdata

Del Insabi y la Cofepris, que también son un desastre, mejor ni hablamos… porque ya le hemos contado en entregas anteriores.

Empresa no cumple al IMSS

Y hablando del IMSS, la empresa Hemoser S.A. de C.V. es una de las que no ha cumplido con sus contratos. A estas alturas ya debió haber entregado equipos e insumos para que a partir del pasado 1 de julio todo estuviera en óptimas condiciones para la prestación del Servicio Médico Integral de Estudios de Laboratorio Clínico 2020-2022.

La firma de Ignacio Higareda y Tesi de México obtuvieron un contrato de 3 mil 180 millones de pesos para que las pruebas de sangre, orina, heces y otros fluidos y tejidos del cuerpo humano estuvieran disponibles en diversos nosocomios de Yucatán, Veracruz, Morelos, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Baja California, Nuevo León, Quintana Roo y Ciudad de México.

Sin embargo, médicos de la Delegación Sur de la urbe reportan atrasos que en algunos casos incluyen hasta la capacitación del personal, por lo que ahora tardan hasta dos días en obtener los resultados que habrían de tener sólo en cuatro horas, ya que el servicio habría sido subrogado. La principal preocupación es que de esas horas de diferencia dependen las vidas de pacientes en terapia intensiva, neonatología y hasta en urgencias.

@MarioMal

mario.maldonado.padilla@gmail.com

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