Para Rosario Piedra Ibarra no será nada fácil ejercer su cuestionada autoridad como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Primero porque su elección dejó dudas fundadas de un fraude cometido y avalado por la mayoría de Morena y sus aliados en el Senado; segundo porque pocos creen que pueda demostrar la autonomía e independencia que su cargo requiere por su estrecha relación política, afectiva y personal con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y tercero porque casi una tercera parte de los gobernadores estatales de la República, han desconocido la legalidad y legitimidad de su designación y advierten que no atenderán sus recomendaciones ni su autoridad.

A la renuncia de 5 de los 10 consejeros del Consejo Consultivo de la CNDH, encabezados por el exsacerdote Alberto Athié, y el cuestionamiento abierto de diversas organizaciones civiles defensoras de derechos humanos a las dudas que dejó la votación en que fue electa, se sumaron la semana pasada los 8 gobernadores surgidos del Partido Acción Nacional, que a través de un comunicado calificaron la elección de Piedra Ibarra como “una clara violación a la Constitución y a los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos”, al tiempo que dijeron que no reconocerán “la autoridad de quien es producto de un fraude”.

Ayer el gobernador de QuerétaroFrancisco Domínguez, dijo que en su estado no se atenderán ni tomarán en cuenta las acciones o recomendaciones que emita la CNDH encabezada por Rosario Piedra “porque su elección fue ilegal”. El mandatario panista y actual presidente de la Confederación Nacional de Gobernadores (Conago) dijo que ese desconocimiento se extenderá a los ocho estados que conforman el Grupo de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) y parte de  la convicción de los panistas de que “no puede ser defensora del pueblo alguien que está cuestionada de origen y en cuya elección se cometieron irregularidades graves”.

A pesar de todo eso, Rosario Piedra recibió, desde el 16 de noviembre, la presidencia de la CNDH en un acto formal de entrega-recepción con su antecesor, Luis Raúl González Pérez, y sin dar importancia a los cuestionamientos y desconocimientos a su presidencia, la nueva ombudsperson anunció el inicio de “una nueva etapa en la CNDH que privilegiará los derechos de las víctimas” y en la que ha anunciado también la aplicación de “la política de austeridad del presidente López Obrador” en el organismo autónomo, lo que supone la disminución de sueldos, privilegios y prestaciones para el personal de altos mandos de la institución.

Piedra Ibarra, a quien muchos, incluso dentro de Morena y de organizaciones izquierdistas, le cuestionaron no haberse negado a tomar protesta en las condiciones críticas y de cuestionamientos en las que tuvo que asumir el cargo, ha hecho hasta ahora caso omiso de la ola de dudas y ataques a su nombramiento y, aunque apenas renunció a su militancia política en Morena el jueves de la semana pasada, algo que según la ley era indispensable con al menos un año de anticipación para que Rosario cumpliera con todos requisitos necesarios para presidir la CNDH, repite en entrevistas que los que dudan de su capacidad de independencia y autonomía “se van a convencer por los hechos y por mis acciones que sí soy independiente”.

Y mientras muchos auguran una etapa “de decadencia” y sometimiento al poder político para la institución autónoma y ponen en duda que una presidenta manchada de origen y cuestionada no por su persona ni por su trayectoria, sino por su designación ilegal, pueda tener la calidad moral y la legitimidad que requiere la responsable de defender los derechos humanos de los ciudadanos, a Piedra Ibarra, más allá del evidente y notorio apoyo político que tendrá del gobierno de López Obrador y de la 4T, le espera un camino tortuoso y empedrado para poder consolidar una presidencia que nace bajo sospecha de ilegalidad.

NOTAS INDISCRETAS… Una de las principales apuestas del Presidente López Obrador para pacificar la ola de violencia inseguridad que afecta al país desde el gobierno de Felipe Calderón descansa en uno de los perfiles más discretos tanto al interior como al exterior de su gabinete. Funcionarios allegados al círculo más próximo del Presidente están sorprendidos de la cobertura territorial de Cultura Comunitaria, el programa estelar de la Secretaría de Cultura encabezada por Alejandra Frausto, el cual cuenta con presencia en 507 municipios altamente marginados, de los cuales 295 presentan altos índices de violencia y 99 son indígenas según datos oficiales. Frausto también está por presentar el alcance de dicho programa entre los sectores más jóvenes, pues el día de hoy reunirá a más de 700 niñas, niños y jóvenes de todo el país en el Auditorio Nacional para mostrar sus avances en materia artística y cultural. ¿Será que el proyecto de la Secretaría de Cultura de no dejar a nadie atrás y redistribuir la riqueza cultural del país podrá evidenciar que la estrategia de seguridad del Presidente no descansa únicamente en la Guardia Nacional, sino también en la inclusión artística de los más desfavorecidos para construir la paz y recuperar el espacio público?... Los dados mandan Serpiente. Semana corta.

 

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