En menos de un mes, dos crisis graves en materia de inseguridad y violencia del narcotráfico en México han involucrado directamente a los Estados Unidos: primero, el operativo fallido en Culiacán el pasado 17 de octubre, en donde el gobierno mexicano no pudo retener a Ovidio Guzmán ni cumplir una petición de extradición de la justicia estadounidense, y luego, la terrible masacre de nueve ciudadanos estadounidenses, tres mujeres y seis niños, todos ellos pertenecientes a la poderosa comunidad mormona.
Con esos hechos, la situación caótica de la inseguridad en nuestro país y la estrategia fallida del presidente Andrés Manuel López Obrador para contener la violencia y controlar a los cárteles del narcotráfico, se ha puesto directamente en la mira del radar estadounidense. El impacto de la violencia en México provoca reacciones cada vez más fuertes y directas desde el vecino país, que van desde la preocupación por sus intereses y la vida de sus ciudadanos, hasta la duda y la crítica abierta a la incapacidad del gobierno mexicano para controlar los niveles de violencia.
Ayer mismo, justo cuando el presidente Donald Trump decía que “si México necesita o solicita ayuda para limpiar estos monstruos, Estados Unidos está listo, dispuesto y capaz de involucrarse y hacer el trabajo de manera rápida y efectiva”, lo que subyacía en ese ofrecimiento, que fue declinado por el presidente López Obrador argumentando la soberanía nacional, no era sólo un acto de generosidad de Trump, sino más bien una forma elegante y algo sarcástica de decir que el gobierno mexicano no puede con la crisis de inseguridad en el país y que ya no están viendo, desde la Casa Blanca, capacidad de la actual administración para enfrentar a los “monstruos” que el presidente de los Estados Unidos ve en los narcotraficantes y sus crueles sicarios.
Paralelamente, en el discurso de los medios y los analistas estadounidenses, comenzó a ser utilizado el término de “terrorismo criminal” para definir el acto de barbarie cometido en contra de mujeres y niños de origen estadounidense en la comunidad de Bavispe, Sonora, de la que curiosamente es originario el cuestionado secretario de Seguridad federal, Alfonso Durazo Montaño. Y hablar de “terrorismo” desde Estados Unidos, en cualquiera de sus acepciones, en este caso de “terrorismo criminal”, es abrir la puerta a un terreno que siempre ha rechazado el gobierno de México pero que al gobierno de Estados Unidos le daría elementos legales, de acuerdo a sus leyes extraterritoriales de Seguridad Nacional, para intervenir en cualquier país donde grupos terroristas amenacen intereses o a ciudadanos estadounidenses.
Por eso el canciller Marcelo Ebrard rápidamente entró en acción para “ponerse a las órdenes” de la embajada de Estados Unidos y colaborar con el embajador Cristopher Landau, que definió como “prioridad” de su gobierno defender la vida de sus ciudadanos en el extranjero. Ebrard sabe muy bien que hablar de “terrorismo”, como ya lo intentó hacer el gobierno de Estados Unidos en el crimen contra ocho mexicanos en El Paso, Texas en agosto pasado, equivale a aceptar que Washington tiene injerencia para combatir fenómenos terroristas en territorio mexicano; por eso desde aquel crimen el gobierno mexicano insistió en hablar de “crimen de odio”, y ahora, en el caso del brutal asesinato contra nueve mormones estadounidenses en Sonora, tampoco quieren que se hable de “terrorismo criminal”.
Hubo voces de la política estadunidense que empezaron a hablar del riesgo de un “Estado fallido” en México y cuestionaron duramente la política de “abrazos, no balazos” de López Obrador, entre ellas las del senador y ex candidato presidencial Mitt Romney, quien le exigió que su gobierno trabaje “en conjunto” con el gobierno mexicano para detener a los culpables de lo que llamó una “violencia sin sentido” contra la comunidad mormona, de la cual el propio Romney es integrante e incluso él vivió de niño en una de las comunidades menonitas en México; mientras otro senador republicano, Lindsey Graham, dijo en un video que prefería “ir a Siria que a México” ante los niveles de violencia que se registran en nuestro país.
Pero el tono de las reacciones subió no sólo en Estados Unidos y una muestra del impacto que la terrible masacre de Bavispe tendrá también en México para la imagen del gobierno de la 4T, sobre todo sumado a la crisis de Culiacán y a otras masacres ocurridas en este gobierno, es el mensaje que ayer mandó en Twitter el actor Gael García Bernal, quien había sido un entusiasta defensor y votante del presidente López Obrador: “Si no cambia el gobierno y @lopezobrador_ de narrativa para asumir sus responsabilidades ¿Para qué chingados votamos por ustedes? Más vale que asuman por completo su responsabilidad y hagan lo imposible para que esto no suceda más. Que se vuelva su mantra y su objetivo (sic)”, dijo ayer el actor.
Está claro que, por más que al presidente López Obrador le cause gracia y hasta se ría en medio de la tragedia al decir que, “aunque no quieran voy a tener que hablar del pasado”, el discurso de eludir su responsabilidad y culpar a las estrategias fallidas de presidentes o gobiernos anteriores, cada vez funciona menos, ya no sólo en México, sino en Estados Unidos, donde tienen la mira puesta en el caos de violencia en que se está sumiendo nuestro país, sobre todo cuando afecta directamente a sus intereses y ciudadanos.
NOTAS INDISCRETAS…
Lo que está convertido en un galimatías para la mayoría de Morena en el Senado es el nombramiento en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. A pesar de que el presidente López Obrador ya se pronunció abiertamente por Rosario Piedra Ibarra, al decir que él prefiere “alguien que haya vivido en carne propia las violaciones de derechos humanos, que a un experto”, con lo que dibujó a la hija de Rosario Ibarra, Ricardo Monreal no la tiene nada fácil ante la negativa del PAN y de otras bancadas de oposición para darle los votos que necesitan Morena y sus aliados para sacar el nombramiento por mayoría calificada. El asunto se ha puesto tan tenso, que no sólo se pasó para este jueves, sino que ya se habla en el Senado que otra vez las pugnas internas de Morena están también impactando este tema y que el ex presidente del Senado, Martí Batres, se ha encargado también de empujar a Rosario Piedra como única opción de la bancada oficial para complicarle las cosas a su enemigo Monreal. El caso es que si el zacatecano no busca otra opción entre los perfiles de Arturo Peimbert o de Jesús Orozco, e insisten en complacer al presidente, lo más probable es que Monreal no pueda sacar la votación y terminen por regresar la terna actual para formar otra a partir de nombres como Rosa Laura Castellandos, Michael Chamberlain, Ricardo Bucio, Carlos Pérez, Alberto Athié y Elizabeth Lara. Lo malo es que de todos esos, la mayoría responden a otros grupos, entre ellos el del senador independiente, Emilio Alvárez Icaza o al Padre Alejandro Solalinde. ¿Aceptará López Obador alguien que no sea quien el quiere en la CNDH?... Los dados mandan Serpiente doble. Mala racha.
