El pasado viernes 22 de marzo fue baleada la casa del director de proyectos especiales de la Cooperativa Cruz Azul, Alfredo Álvarez Cuevas. A la 1:47 de la madrugada, un desconocido con capucha y chamarra blanca llegó en motocicleta al 327 del Circuito Fuentes del Pedregal de la Ciudad de México, dejó una carta amenazante en la puerta principal y disparó hasta en quince ocasiones una pistola al parecer nueve milímetros. Subió a su motocicleta y huyó a toda velocidad.

El ataque quedó registrado en las cámaras de seguridad de la residencia. Usted lo puede ver en esta liga:  junto con fotografías del portón baleado.

Y en la amenaza, según confirmaron fuentes cercanas a quien es hermano de Guillermo Álvarez Cuevas, presidente de la cooperativa cementera y del equipo de futbol Cruz Azul, se le exige que salga del país si no quiere ver muerto a alguno de sus familiares.

Por estos hechos se presentó denuncia el sábado 23 de marzo ante la procuraduría de la CDMX que abrió la carpeta de investigación CI-FTL/TLP-1/UI-1C/D/00449/03-2019. Pero resulta que hay otras dos, de ataques iguales, presentadas el martes 5 y el viernes 15 de marzo: un ataque por semana en lo que va de este mes, confirman las actas levantadas cuyas carátulas también puede ver en la referida liga.

Estos ataques preceden, extrañamente, a la publicación el lunes 25 y el martes 26 de marzo pasados de dos investigaciones periodísticas de “Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad”, en las que se denuncian básicamente tres hechos:

1. Que los directivos de la segunda cementera más importante del país trasladaron millones de dólares de la cooperativa a paraísos fiscales; 2. Que entre 2016 y 2017 pagaron 191 millones de pesos a 15 empresas por “supuestos” servicios de consultoría; y 3. Que una de esas empresas “Attar 2715 SC”, fue señalada por el INE como parte de un mecanismo de financiamiento irregular de campañas durante el pasado proceso electoral.

Al ser consultada por este reportero, Cruz Azul respondió: 1. Que la denuncia sobre envío de recursos a paraísos fiscales data de 2009 y fue sobreseída por falta de pruebas; 2. Que no se trata de “supuestos” servicios de consultoría sino de contrataciones verificables que se hicieron de acuerdo con las necesidades de la cooperativa; y 3. Que sus tratos con “Attar” fueron concluidos en 2016, tres años antes de los señalamiento del INE y el SAT.

Respecto a los dos últimos puntos, un vocero de la Cruz Azul precisó que la cooperativa confía en la buena fe de sus proveedores y que no es su papel investigarlos o fiscalizarlos.

Este asunto llegó ayer a la conferencia mañanera de AMLO, quien respondió que cualquier empresa u organización sería investigada, siempre y cuando se presenten las pruebas correspondientes.

Llamó la atención a algunos de los presentes, la presencia de Jorge Cruz, gerente regional de Ventas de la cooperativa, uno de los principales operadores de Víctor Velázquez Rangel, quien fuera director Comercial hasta octubre  cuando la asamblea general de cooperativistas lo suspendió tras conocer los resultados de una auditoría realizada por Guillermo Álvarez Cuevas en su calidad de Director de Proyectos Especiales.

Velázquez, quien siempre echa por delante su relación con Miguel Ángel Osorio Chong, está sujeto a investigación por el desfalco a “Azul Cerámica” que es la concentradora de distribución de cemento a los estados, con la que presuntamente simulaba entregas o las hacía con sobrepeso, una especie de huachicoleo con cemento; y quien pagaba 200 pesos a trabajadores del SME, de Martín Esparza, para que protestaran contra los hermanos Álvarez Cuevas, lo que puede verse en otro video contenido en la referida liga.

Otros de esos exdirectivos suspendidos, según le conté en este espacio el 16 de noviembre pasado (), son Juan Briseño, exdirector financiero, y José Antonio Marín, quién mediante una anómala asamblea –finalmente desconocida– había sido nombrado presidente del Consejo de Administración. ¿No le parecen demasiadas coincidencias?


raulrodriguezcortes.com.mx
@RaulRodriguezC

Google News