Como si se tratara de una mala broma o de una negociación hecha para sangrar más a las finanzas federales, el acuerdo que hoy anunció con bombo y platillo entre el gobierno federal, la CFE y cuatro empresas constructoras de gasoductos nacionales y extranjeras, le va a costar casi 700 millones de dólares más al gobierno mexicano que, en principio había impugnado estos contratos por considerarlos “leoninos” y amenazó con ir a un arbitraje internacional, lo que motivó que las autoridades y los empresarios se sentaran a negociar, pero al final la negociación, en términos reales, le va a costar a los mexicanos pagarle 40% más de las tarifas que se habían negociado en los contratos que se firmaron en el sexenio anterior.

Esto significa que hoy que se anuncie, en Palacio Nacional por el presidente López Obrador, el “gran acuerdo” en el que intervino directamente el mandatario junto con el empresario mexicano Carlos Slim, para mediar en la amenaza de pleito legal internacional abierta por el director de la CFE, Manuel Bartlett, con las empresas canadienses IEnova y Transcanada, además de las mexicanas Carso Energy y Fermaca, por la operación de siete nuevos gasoductos en la República mexicana, lo que se estará aceptando por parte de la administración lopezobradorista será un nuevo contrato, cuyas condiciones, además de que alargan el tiempo de duración de los convenios originales, de 30 a 35 años, también se elevará el monto de las tarifas y las cantidades que, en un mayor tiempo de operación, tendremos que pagar los contribuyentes mexicanos a esas empresas por operar los gasoductos.

O sea que, después de tanto escándalo y de los berrinches del señor Manuel Bartlett, que metieron ruido y nerviosismo a las inversiones nacionales e internacionales, cuando amenazó primero con desconocer los contratos y luego con ir a un arbitraje internacional de más de 900 millones de dólares, no sólo vamos a terminar pagando más por tiempo y tarifas, sino que de “leoninos”, el gobierno de AMLO terminó negociando y aceptando condiciones que enriquecerán aún más a las cuatro empresas que son las grandes “ganonas” de esta negociación.

Un análisis de expertos a lo que trascendió ayer del acuerdo que hoy se hará público, luego de varios días de negociación entre los funcionarios federales y los empresarios constructores de los gasoductos, explica por qué son peores las condiciones que terminó aceptando la CFE en la operación de estas siete instalaciones: 1. Al nivelar las tarifas de transporte de gas natural y darle un descuento de entre 10% y 5% a la CFE (se saca un promedio de las tarifas en los años que dura el contrato, se le resta el nuevo descuento y ese promedio con descuento será la tarifa que se cobrará desde el primer año y hasta el último del contrato) 2. Se amplian en 5 años los plazos de los contratos, de 30 a 35 años.

El problema con esta propuesta radica en que: 1. Si bien en valor nominal el gobierno mexicano ahorrará más de 600 millones de dólares, en realidad el valor presente será negativo por cerca de 300 millones de dólares para el gobierno de nuestro país (por cierto, parece que este gobierno no entiende el concepto de “valor presente”, tal como lo denunció Carlos Urzúa a su salida de la Secretaría de Hacienda) 2. Tan solo en los primeros diez años (tiempo que tarda en nivelarse la tarifa) la CFE pagará cerca de 700 millones de dólares adicionales.

En el sexenio de AMLO, la CFE pagará tarifas aproximadamente 40% más caras por el funcionamiento de los gasoductos. Se amplían los plazos de los contratos a cinco años más, a pesar de que el gobierno mexicano se ha quejado de la duración de éstos por tener los gasoductos subutilizados. Además, no se tiene previsto en el mediano plazo, la construcción de nuevas centrales eléctricas que pudieran utilizar los gasoductos para generar energía. Es una incongruencia total ampliar los plazos. Pero básicamente el problema es que no entienden el valor del dinero en el tiempo.

Así que hoy, que nos digan como un “gran anuncio” que finalmente “ganamos los mexicanos” con las nuevas condiciones de operación que aceptaron las empresas concesionarias de estos 7 gasoductos, en realidad lo que estará haciendo el gobierno federal, quizás sin darse cuenta ni entenderlo, facturando a los mexicanos y a los futuros gobiernos de los próximos 30 años, un costo mucho mayor de lo que originalmente se había proyectado en la operación de esos gasoductos. Quizá López Obrador y Manuel Bartlett no resentirán en los cinco años que les quedan de su administración el aumento de esos costos que están aceptando y es muy probable que ninguno de ellos vivirá para verlo, pero las futuras generaciones sí tendrán que pagar por un capricho y un berrinche político y un desconocimiento total, técnico y financiero, de los actuales gobernantes.

NOTAS INDISCRETAS…La denuncia del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, de que en el DIF de su estado “se vendían niños”, desató por lo delicado del tema, reacciones que llegaron hasta la mañanera, donde ayer el presidente López Obrador dijo no tener información del tema, pero confió en que el gobernador de su partido documente su denuncia. Pues en el gobierno de Puebla aclaran que más que a un tráfico masivo de menores, Barbosa se refirió en particular a una denuncia que data desde el 2015, en el gobierno del fallecido Rafael Moreno Valle, cuando una madre de familia, de nombre Liliana “N”, acusó a funcionarios del DIF estatal de haberla despojado de sus dos hijos de 8 y 5 años de edad violentando incluso un amparo que la mujer tenía para conservar la custodia legal de los menores. En la denuncia 2048/2015 de la Procuraduría General de Justicia del Estado, la madre acusa a Claudio Vega Ramos, representante legal de adopciones del DIF, a María de los Angeles López Rosales, parte del Ministerio Público del DIF y a María Fabiola Herrera Rosas, procuradora del menor, por haberle armado un caso anónimo de “violencia intrafamiliar” para despojarla de sus dos hijos que fueron trasladados a un centro llamado “El Jacalito” en Acajete, donde los tuvieron retenidos en condiciones inadecuadas, para presuntamente darlos en adopción “a otras familias con las que estarían mejor”, según le informaron a la madre, a pesar de que elle tenía un amparo que protegía sus derechos de custodia y de que ningún informe médico documentó jamás señales o síntomas de maltrato en los menores. A la señora la detuvieron en enero de 2016 y luego la liberaron bajo fianza, y cuando ella acudió a organizaciones sociales y denunció, el caso se volvió tan mediático que los funcionarios del DIF detuvieron el proceso de adopción que ya habían iniciado, pero terminaron entregándole los niños a su padre, que tenía problemas de adicciones y él sí estaba denunciado por violencia intrafamiliar y a una abuela que tenía problemas de diabetes. El entonces fiscal, Víctor Carrancá, nunca dio seguimiento a las denuncias de la madre para sancionar a los funcionarios del DIF y ese expediente, que será reactivado y se buscará castigar a los responsables, es al que se refería el gobernador Miguel Barbosa… Hoy los panistas votan en su fracción interna y deciden quién, entre Xavier Azuara y Jorge Luis Preciado, será su propuesta para presidente de la Mesa Directiva, además de elegir también a una diputada mujer para el segundo semestre del año en el que deberían ocupar la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. El problema es que Morena aún debate internamente si van a respetar o no el acuerdo y lo que dice la Ley Orgánica para entregar la presidencia “rotativa” a los panistas. Y si la mayoría morenista decide no hacerlo, en una de esas el panista que gane la votación interna se quedará como las novias de rancho, vestido, electo y alborotado, pero sin Mesa que presidir… Los dados mandan Serpiente. Caída libre.