La liquidación del Banco Famsa por malos manejos tiene detrás de sí una historia de posible fraude por parte de sus directivos y accionistas, y una flagrante falta de supervisión por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). El asunto podría estallar pronto, sobre todo porque los exvicepresidentes encargados de su supervisión ahora trabajan en la iniciativa privada; dos de ellos, ni más ni menos que en Caja Libertad, el intermediario relacionado con el otrora influyente abogado Juan Collado, quien está preso, y dos más en bancos y despachos que prestan servicios a empresas del sector.

Esta semana, la Junta de Gobierno de la CNBV, a cargo de Juan Pablo Graf, notificó a Banco Famsa la revocación de su licencia debido a una gestión de riesgos inapropiada, operaciones y créditos otorgados a personas relacionadas del grupo por encima de los límites regulatorios, registros indebidos en dichas operaciones e incumplimiento recurrente a diversas disposiciones normativas, según dio a conocer el regulador.

La empresa, propiedad de la familia regiomontana Garza (Humberto Garza González y Humberto Garza Valdés), tuvo recurrentes incumplimientos regulatorios sobre disposiciones normativas desde 2016. En ese entonces, la vicepresidenta de Normatividad de la CNBV, encargada de supervisar el cumplimiento de bancos como Famsa, era Margarita de la Cabada Betancourt, una abogada de la Libre de Derecho que fue directora jurídica del IPAB (el instituto público que ahora está rescatando a los ahorradores) y que, tras su salida de la comisión, se fue a un despacho privado desde el que asesora a empresas del sector. Se dice que una de estas es Banco Famsa.
La quiebra de este banco afectará a 580 mil 774 ahorradores, a los cuales terminará rescatando el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario con recursos provenientes de los depósitos que recibe mensualmente por parte de las instituciones de banca múltiple. Sin embargo, lo grave es que, en medio de una crisis en la que se prevén más problemas, el IPAB solo contará con la mitad de sus reservas para ayudar a los ahorradores que se vean perjudicados por futuras quiebras.

La omisión en la supervisión por parte de la CNBV a Banco Famsa, que derivó en la liquidación y en el uso de los recursos del IPAB, tiene nombre y apellido. Por un lado, Margarita de la Cabada, exvicepresidenta de Normatividad; y por otro los dos exvicepresidentes de Supervisión de Grupos e Intermediarios Financieros A y B: Jorge Alberto Conde Lara y Fernando Rodríguez Antuño, ambos ahora trabajando para la iniciativa privada. El primero, como contralor de la polémica Caja Libertad, que llevó al abogado Collado a la cárcel, y el segundo como contralor de Scotiabank México.

Ambos funcionarios eran los encargados de supervisar el cumplimiento de intermediarios financieros como Banco Famsa. Sin embargo, en los reportes cotidianos de la CNBV y los informes anuales no se alertó de los malos manejos y los créditos a personas relacionadas que, según la nueva administración del regulador, datan al menos de 2016 y son a todas luces un motivo para revocar la licencia de operación de cualquier intermediario financiero. En el caso de Fernando Rodríguez es más de llamar la atención, porque también fue director de Supervisión de la CNBV.

La forma en que llegaron Conde Lara y Rodríguez Antuño, tras una larga carrera en la CNBV, a la polémica Caja Libertad y a Scotiabank, fue por una amiga en común, también emanada de la comisión: Silvia Lavalle Genaro, quien se ostenta como presidenta del Consejo de Caja Libertad, así como consejera de Banco Sabadell y la Sofom Sabcapital.

Rodríguez Antuño llegó a la Contraloría de Scotiabank por Lavalle Genaro, quien a su vez es socia del expresidente de la CNBV y actual presidente del consejo del banco canadiense, Guillermo Babatz, en el despacho ATIK Capital. Es decir que Rodríguez Antuño se fue a trabajar a un banco que también supervisaba desde su puesto como vicepresidente de Grupos e Intermediarios Financieros en la CNBV.

Los malos manejos de Banco Famsa no quedarán solo en una liquidación de sus activos y el rescate de los ahorradores vía el IPAB. También se prevén acciones legales en contra de sus directivos y socios. Junto con ellos, los exfuncionarios de la CNBV están en el ojo del huracán por su falta de supervisión y sus actividades privadas tras su salida del regulador. Veremos qué tan afilado llegó Juan Pablo Graf a la comisión, y cuánto respaldo tiene por parte de la Secretaría de Hacienda y la Consejería Jurídica para enfrentar este caso.

Posdata

La CNBV reconoció que las malas prácticas de Banco Famsa no corresponden a la generalidad de las instituciones bancarias del país, y aseguró que esta quiebra no ocasionará un riesgo sistémico. Sin embargo, es un hecho que a Famsa le seguirán más bancos, sofomes y sofipos que están en la tablita.

Covid-19 en centros penitenciarios

Poco se ha hablado de los estragos que la pandemia de Covid-19 ha ocasionado en los centros penitenciarios, pero el problema, nos cuentan, se está agravando.

Un ejemplo es el Estado de México, donde se ubican 22 centros penitenciarios con una capacidad para atender a 13 mil personas y que, por falta de mayor infraestructura, están sobrepoblados con 31 mil reos, es decir, 300% arriba de su capacidad.

Este hacinamiento provoca serios riesgos para los internos. Según datos proporcionados por Manuel Palma Rangel, subsecretario de Control Penitenciario de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, el problema de sobrepoblación los ha obligado a diseñar una estrategia que permita identificar prioridades para reducir los riesgos de contagio.

Y es que, aparte de los reclusos, a los penales entran custodios, personal administrativo, médicos, abogados, familiares y proveedores, lo que hace más delicada la situación.

En el Estado de México los centros penitenciarios cuentan con áreas de hospital para atender hasta 200 personas privadas de su libertad, por lo que cada mes sale un número considerable de reclusos a revisión, estudios o atención de urgencia.

Las personas que trabajan dentro de los reclusorios duermen y comen ahí; por ello ha habido contagios y fallecimientos de por lo menos 10 custodios, una abogada y un médico en los penales del Estado de México.

Un tema que al parecer sí va en la ruta correcta y ha ayudado a paliar en alguna medida el problema de la sobrepoblación es la nueva Ley de Amnistía, así como las preliberaciones y libertad anticipada que han beneficiado a casi 300 personas en situación de cárcel.

Desde la pluma

El que parece tiene mucho tiempo libre es el secretario de Medio Ambiente, Víctor M. Toledo, que más allá de estar ocupado en las afectaciones que podrían acarrear las obras de infraestructura que impulsa la 4T como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto de Santa Lucía, se convirtió en editorialista para desprestigiar a la industria de alimentos y bebidas.

Desde su pluma, y apoyado en posturas de una ONG antirefresquera, El Poder del Consumidor, el funcionario despotricó en contra de este sector, al señalarlo como los principales culpables de los problemas de obesidad y diabetes en México, olvidando que son uno de los mayores generadores de empleos y riqueza del país. La industria representa 3.5% del PIB y da empleo directo a 500 mil personas.

¿Sabrá el titular de la Semarnat que está demostrado científicamente que estos padecimientos se deben a una serie de factores, por lo que atribuirlo a un solo tipo de alimento es sesgado? Lo ideal sería que entre gobierno, iniciativa privada y sociedad se desarrolle una estrategia incluyente e integral que pueda solucionar dichos problemas de salud.

 
@MarioMal
mario.maldonado.padilla@gmail.com