El 1 de septiembre, un día después de que Ricardo Peralta Saucedo fue destituido de su cargo en la subsecretaría de Gobierno, su director General de Juegos y Sorteos, Luis Calvo Reyes, otorgó cuatro nuevos permisos para operar casinos, todos ellos ligados al grupo de empresarios que se vieron involucrados en la tragedia del Casino Royale.
Calvo Reyes fue destituido también este lunes de la Segob, escoltado hasta la salida de su edificio por policías y con advertencias de que será investigado. Pero en medio de una purga en la dependencia para extirpar los tentáculos de Peralta Saucedo, el directivo tuvo tiempo de firmar cuatro oficios que ampararán el funcionamiento de 50 nuevos centros de apuestas en el país.
La autorización para abrir nuevas casas de apuesta, el cobro de cuotas para no clausurar establecimientos y la expedición de nuevos permisos para administrar juegos y sorteos se convirtieron, según diversos testigos de la Segob, en un negocio millonario para Ricardo Peralta y para un grupo de funcionarios que él designó en puestos clave de la dependencia.
La oficina de la Dirección de Juegos y Sorteos, ubicada en Versalles 49, se convirtió en una fachada. Las fuentes aseguran que al autonombrado “apóstol de la 4T” y su equipo de trabajo establecieron su centro de operaciones en un inmueble ubicado el número 910 de la Avenida Palmas, oficina a la que debían dirigirse todos los empresarios interesados en participar en la industria de los casinos, o bien los que ya dentro del sector luchaban por evitar la clausura de sus negocios.
En este último caso, por ejemplo, existen también denuncias en el Órgano de Control Interno de la secretaría que narran diversos viajes de funcionarios al interior de la República para cobrar derecho de piso a los operadores de casinos.
Por ejemplo, se lee en los documentos que José Elibier Perea Juárez, quien se ostentaba como subdirector de Inspección y Vigilancia de la Dirección de Juegos y Sorteos, pedía hasta 100 mil pesos semanales para no clausurar establecimientos.
Por si fuera poco, se expidieron los permisos DGJS/DCRCA/P-04/2020 de Grupo Blue Bet México; DGJS/DCRCA/P-02/2020 de Latam Operations; DGJS/DCRCA/P-03/2020 de True Win Group de México; y DGJS/DCRCA/P-01/2020 de Waddcore, todos negociados, según testigos del hecho, en la “sede alterna” y justificados como parte de una escisión del permiso extinguido 4117, otorgado en 1991 al permisionario Atracciones y Emociones Vallarta S.A. de C.V.
De acuerdo con el artículo 31 del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, “los permisos son intransferibles y no podrán ser objeto de gravamen, cesión, enajenación o comercialización alguna”, por lo que escindir un permiso de Gobernación para extender sus derechos a otra personas físicas y morales, como se hizo en este caso bajo las órdenes de Peralta Saucedo, recae también dentro de la ilegalidad.
Respecto a los permisionarios de la extinta Atracciones y Emociones Vallarta, basta con recordar que estos empresarios, encabezados en su momento por Rodrigo Aguirre Vizzuett, fueron los operadores del regiomontano Casino Royale, en el que más de 50 personas perdieron la vida en un atentado del crimen organizado en 2011.
Bajo ese permiso, el 4117, también se involucraron en el mundo de los casinos personajes ligados a la política, como Juan Iván Peña Neder, funcionario de la Segob en el sexenio de Felipe Calderón y recientemente involucrado en las Redes Sociales Progresistas de Elba Esther Gordillo, quien aspira a ser partido político. En la actualidad esta escisión impulsaba en tribunales el empresario Sergio Saide de Logrand Entertainment Group.
A pesar de que la 4T y su Segob habían autorizado nuevos establecimientos de apuestas y hasta otorgado una vigencia ilimitada a antiguos permisionarios ligados al peñismo y hasta el salinismo, Andrés Manuel López Obrador había cumplido la promesa de no otorgar en su administración nuevos permisos para casinos.
La promesa finalmente se rompió.
China, una de varias estrategias
El secretario de Turismo, Miguel Torruco, se comunicó con esta columna para comentar que su estrategia de atracción de turistas chinos sí funcionó, aunque la crisis del coronavirus afectó parte del plan.
Al inicio del gobierno, el titular de la Sectur invitó a 12 secretarios de turismo, 50 touroperadores y cinco líneas aéreas a reunirse con empresarios y funcionarios asiáticos para estrechar relaciones.
“Se cruzó la pandemia, pero el próximo año vamos a concluir la estrategia”, apuntó.
Torruco explicó que, en 2018, cuando aún funcionaba el CPTM, se gastaron 31 mil millones de pesos y apenas había representación en China, Japón y Corea del Sur. “Cerramos 2019 con 157 mil turistas de China (más del doble que en 2018), 150 mil de Japón y 120 mil de Corea. China es un complemento de la estrategia que se tiene en Estados Unidos y Canadá; y vamos a empezar también con Centro y Sudamérica”, dijo.
@MarioMal
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