Hace unos días, el periodista Humberto Padgett, colaborador de Ciro Gómez Leyva, dio a conocer fotografías que se hallaban en poder de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del estado de Morelos. 



En las imágenes aparece Raymundo Castro Salgado, El Ray, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación en el oriente de Morelos, caminando entre patrullas de la policía estatal y una furgoneta de Servicios Periciales de la entidad. 



Las imágenes fueron tomadas a las puertas de la marisquería Los Estanques, a donde el 13 de abril de 2019 un comando ingresó con intención de asesinarlo. La versión oficial señalaba que El Ray había logrado escapar con ayuda de su cuerpo de seguridad. 



Las fotografías muestran que el líder criminal, uno de los personajes que aparece al lado del gobernador Cuauhtémoc Blanco, contó con la protección de policías, que primero lo escondieron en una ambulancia y luego le permitieron la huida a bordo de una Range Rover blanca. 



El Ray fue detenido por fuerzas federales unas semanas después y remitido al penal de Atlacholoaya. Cinco meses más tarde lo asesinaron en el área destinada a los internos de alta peligrosidad, durante un violento motín que dejó seis muertos y varios heridos. 



El pasado 12 de enero, una narcomanta supuestamente colocada por un grupo criminal, y dirigida al gobernador del estado, cerraba una serie de amenazas con esta frase: “Investiguen la muerte del Ray, a quien le interesaba que se muriera en el penal??? Saludos mi Cuauhtemoc (sic)”. 



La fotografía de Blanco al lado de tres jefes criminales, uno de los cuales era El Ray, las imágenes reveladas por Padgett, así como las narcomantas dirigidas al gobernador, son piezas sueltas de un entramado mayor, en que están retratados los alcances de la narcopolítica en Morelos. 



Fuentes del sistema penitenciario revelan que El Ray fue recibido con alfombra roja en Atlacholoaya. Elementos de seguridad y custodia recibieron la instrucción de cuidarlo y atenderlo. Se le entregó la concesión de la venta de drogas y de licor, según las fuentes consultadas, y se le alojó en una zona de privilegio conocida como “El Paraíso” o “El barrio Chino”. 



El 29 de octubre de 2019 se reportó un enfrentamiento entre internos en el área del gimnasio. Eran cerca de las once de la mañana. El gobierno de Morelos negó que se hubiera dado un motín, ni “suceso alguno que ponga en riesgo la estabilidad” del centro. 



Más tarde se supo que hubo una segunda riña hacia la una de la tarde  y que en esta varios internos “se picaron”. Hubo un muerto y dos heridos. 



En su recomendación sobre estos hechos, la Comisión de Derechos Humanos de Morelos informó que las autoridades habían mentido a los visitadores sobre lo que verdaderamente estaba ocurriendo en Atlacholoaya. 



Al día siguiente, a las 8:30, la violencia volvió a estallar. Cuatro custodios fueron sometidos. Diversos reos se encerraron en sus celdas. Se sabía que algo grave iba a ocurrir, al punto que al cambio de guardia el personal de seguridad estaba desesperado por irse y el personal entrante no quería tomar posesión del turno. 



El centro permaneció en poder de los reclusos durante casi cuatro horas. A lo largo de ese tiempo las autoridades penitenciarias mostraron “conductas tendientes a impedir o retrasar” las actuaciones del personal de Derechos Humanos. 



Al final se encontró un espectáculo de “brutal ferocidad”. Entre un reguero de cadáveres, había una cabeza cercenada a la altura de la tercera vértebra cervical; un cuerpo al que le habían producido un total de 23 heridas “con instrumento punzocortante y por contusión”, y un cadáver al que rociaron de gasolina y le prendieron fuego, provocándole quemaduras “de manera generalizada, con predominio facial, temporal y occipital derechos”. 



Era el del Ray. Para llegar hasta él, sus verdugos habían tenido que pasar tres filtros. Alguien tuvo que facilitarles el acceso: el pacto inicial se había roto. 



Custodios y personal administrativo exigieron las renuncias de Raúl Colín Martínez, director operativo de Atlacholoaya, al que se acusó de brindar protección “a reos que secuestran y extorsionan desde la cárcel”; de Miriam Mireles, directora de centros penitenciarios en el estado, y de Alejandro Cornejo, director general de Reinserción. 



Un año después, en su diagnóstico de los penales de Morelos, la CDHM determinó que Atlacholoaya era el centro de reclusión más violento y conflictivo de México: en el último año habían ocurrido 17 asesinatos, 3 motines, 2 fugas y 2 riñas que dejaron 20 heridos.