El Banco del Bienestar es un proyecto fallido. A tres años de haberse constituido para sustituir al Bansefi, la institución ha dado sólo malos resultados: no ha logrado desplegar la red de sucursales que prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha tenido tres titulares, dos de ellos relacionados con presuntos actos de corrupción, y ni siquiera tiene un sistema de administración de crédito.

Este fin de semana, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó, entre muchas otras irregularidades, malos manejos en el gasto del Banco del Bienestar por la compra de software que no funciona y por el incremento en el costo de las sucursales que construye el Ejército. La revisión fue solamente para el ejercicio 2020. En este espacio revelamos que en octubre del 2021, bajo la dirección de Diana Álvarez Maury, el banco adjudicó de manera directa un contrato por 18 mil 313 millones de pesos a una empresa constituida en 2018. En enero pasado, el contrato fue rescindido.

La gestión de Álvarez Maury se recordaría como una de las más grises en la historia de la institución (antes Bansefi), de no ser por su desastre en el manejo del otorgamiento de crédito y en la construcción de sucursales. Al inicio del sexenio, el Presidente prometió 2 mil 700 unidades, pero hasta noviembre del año pasado se reportó un total de mil 90 concluidas y 485 en proceso.

Una figura clave en el banco fue Lucía Buenrostro, una académica de carrera que fue la directora general de Administración de Crédito y Finanzas, encargada de impulsar los programas de microcrédito del Bienestar que el Presidente había prometido a diversos sectores.

El problema es que el Banco no tiene un sistema de administración de crédito, de manera que se comenzaron a otorgar financiamientos a diestra y siniestra, usando herramientas como Excel. El resultado está a la vista de la ASF y de la Secretaría de Hacienda: un desastre en las cifras. No saben a quién prestaron, ni cuánto. Las bases de datos están hechas un batidillo y los créditos son irrecuperables.

Para evitar que la hermana de la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, cargara con parte de este desastre, fue promovida a una vicepresidencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Sin embargo, el mayor problema está en la construcción de las sucursales. La ineptitud e inexperiencia de la exdirectora del banco provocó que entrara de bateador emergente el Ejército como constructor, administrador y ejecutor de los recursos para dicho programa.

No hubo ninguna coordinación entre el Ejército y las autoridades de la Sedena en la construcción de sucursales. Quizá por esto las unidades, además de estar en lugares remotos, sin conexión a internet, luz o teléfono, han duplicado su costo, tal y como lo recogió la ASF en su informe de 2020.

El golpe final para el Banco del Bienestar vendrá cuando se tenga que inaugurar una buena parte de las sucursales que se han construido. Según funcionarios que trabajan en la institución, los números rojos serán insostenibles por el costo que representará mantenerlas en operación.

El banco está sostenido con alfileres. En los pasillos de la Unidad de Banca de Desarrollo se habla de un proyecto fallido y de una eventual liquidación.

A finales de diciembre del año pasado se nombró a un nuevo director: Víctor Manuel Lamoyi, exoficial mayor del Insabi –otro instituto fallido– y exsecretario de Planeación y Finanzas de Tabasco.

El nuevo director no llevaba ni un mes en el cargo, cuando comenzaron los rumores de que llegaría Dolores Padierna a la dirección… quizá sólo para darle el tiro de gracia al banco.

ASF, trabajo a medias

Sin demeritar la exhibida que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) le dio al gobierno federal y a los principales proyectos y programas del presidente López Obrador este fin de semana, incluido el fallido Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), vale la pena destacar lo bien que se portó el órgano que encabeza David Colmenares con el equipo de Juan Antonio Ferrer.

De los casi 8 mil millones de pesos que se detectaron al Insabi como irregularidades en la Cuenta Pública de 2020, alrededor de 7 mil 800 millones se registraron como solicitudes de aclaración, mientras que sólo 9 millones se determinaron como observaciones susceptibles de sanción. Esto significa que el tema quedará en un escándalo mediático y no en una promoción de responsabilidad administrativa o en alguna denuncia que lleve el asunto al ámbito penal para generar castigos a los responsables de los desvíos y de los actos de corrupción.

Así que, como ya se está haciendo costumbre en los temas relacionados con la ASF, se trata de un rasponcito que no pretende solucionar el problema de impunidad.