Aún con el escándalo a cuestas por su participación en la oscura organización de autoayuda que encubría a una secta de esclavitud sexual, Emiliano Salinas Occeli abre puertas a redituables negocios, incluso con un gobierno de Morena, gracias al apellido y las relaciones de su poderoso padre, y a la ambición mercantil de quien los promueve.

El hijo mayor del expresidente Carlos Salinas de Gortari —ahora refugiado en la vicepresidencia de Prorsus Capital, tras su involucramiento con el estadounidense Keith Raniere en el caso NXIVM— está por consolidarse como el principal abastecedor de energía en Baja California por los próximos treinta años, con un proyecto del gobernador de Morena, Jaime Bonilla, que endeudará a su estado con mil 500 millones de pesos y que fue aprobado el pasado 15 de julio por la mayoría de ese partido y sus aliados en el Congreso del estado.

El objetivo del proyecto es suministrar la energía necesaria para abastecer de agua a la zona costera de Baja California. Para cumplir esa meta estaba en marcha un contrato para la construcción en Rosarito de una planta desalinizadora de agua de mar, que fue rescindido dos semanas antes de la referida aprobación legislativa. Alguien convenció al gobernador Bonilla que mejor construyera una planta de energía solar con la equivocada idea, según los técnicos consultados, de que el bombeo saldría más barato.

La licitación será en septiembre próximo y dicen los que saben que favorecerá al consorcio Orden Cardinal (Orca Energy) que preside Federico Gabriel Valenzuela Peña, amigo de Emiliano Salinas Occeli, y cuya empresa ya suministra la energía que garantiza la operación del acueducto que va del Río Colorado a Tijuana y que abastece de agua a esa importante ciudad fronteriza y a Mexicali.

El anterior gobierno encabezado por el panista Francisco Vega Lamadrid, a quien Bonilla ha prometido meter a la cárcel por corrupto, tenía contratada a la empresa Sumex para suministrar la energía y dar mantenimiento al acueducto Mexicali-Tijuana hasta 2034. Pero en mayo pasado, el actual gobierno morenista le rescindió el contrato, decisión que fue impugnada ante tribunales por la empresa afectada.

En Baja California no dan crédito que el gobierno del gringo Bonilla haga tales maniobras para favorecer al hijo mayor de Carlos Salinas de Gortari quien, siendo presidente, destronó de la gubernatura, el 5 de enero de 1989, a Xicoténcatl Leyva Mortera, gran amigo del actual mandatario. Aquella destitución fue parte de la venganza emprendida por Salinas contra aquellos gobernadores que reconocieron el triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas en las elecciones presidenciales de 1988.

¿Sabrá AMLO que su también amigo Bonilla opera para favorecer al hijo mayor de su archienemigo histórico, al que considera el jefe de la mafia del poder?

Quizás en esta historia aplica aquello de que negocios son negocios.

Instantáneas:

1. AGARRÓN fue el que se dieron frente a la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, el senador y líder de mineros Napoleón Gómez Urrutia y el secretario general de la CTM, Carlos Aceves del Olmo. La molestia de este último fue por la defensa que Gómez Urrutia hace de los contratos de protección que mantiene en la industria minera. Y es que se asegura que, mediante dichos contratos, el senador morenista cobra una comisión de hasta doce mil pesos a las compañías de outsourcing por permitirles trabajar en las empresas mineras donde tiene contratos colectivos. En el encuentro con Alcalde para dar seguimiento sobre el T-MEC, salió a relucir la queja estadounidense contra los referidos contratos de protección. Pero Gómez Urrutia, uno de sus principales promotores, culpó de ello a Aceves del Olmo quien, ya irritado, le contestó que en la CTM no hay ningún sindicato que haya defraudado a sus trabajadores con 55 millones de dólares como se asegura hizo el hoy morenista con los mineros de Cananea. Para el subsecretario del Trabajo, Javier Villarreal Gámez, Aceves del Olmo ganó por nocaut.

2. NOMBRAMIENTO. A finales del pasado mes de febrero fue destituido el doctor Miguel Ángel Celis como director del Instituto Nacional de Neurología “Manuel Velasco Suárez”, por irregularidades administrativas. La Junta de Gobierno de ese prestigiado centro hospitalario de alta especialidad ha designado para ocupar el cargo al doctor Antonio Arauz Góngora, reconocido neurólogo que ha trabajado en esa institución durante 25 años tanto en la atención a pacientes como en la investigación médica. Merecido reconocimiento a una gran trayectoria que, a no dudarlo, seguirá al servicio de nuestro sistema de salud.  

3. MEDICAMENTOS. Acabar con el desabasto de medicamentos que ha padecido el país durante el último año, fue el argumento central de los diputados que aprobaron el miércoles una reforma a la Ley de Adquisiciones que permite al gobierno federal la compra de medicamentos, vacunas e insumos para la salud en el extranjero, sin licitación pública de por medio y a través de organismos intergubernamentales internacionales. También lo es el anuncio hecho ayer por AMLO de que creará una empresa estatal que distribuirá las medicinas que compra el gobierno para la seguridad social. La encabezará a partir del 15 de agosto próximo el todavía coordinador nacional de Protección Civil, David León. El joven funcionario público tendrá retos mayúsculos con esta encomienda que desde ya enfrenta el rechazo de la industria farmacéutica nacional que ve afectados sus intereses. Al menos dos retos inmediatos: el de la mediación y capacidad logística de los organismos internacionales en la compra de las medicinas, y el de la seguridad sanitaria a cargo de la Copfepris. Hasta donde se sabe, dos son las instancias internacionales que participarían en esto: La Organización Panamericana de la Salud (OPS) cuya experiencia se centra en su fondo rotatorio para abastecer a países con ciertas enfermedades como la malaria y la tuberculosis, que por lo tanto no dispone de toda la gama de medicamentos requeridos, que cobra un porcentaje del monto de adquisición y que coloca los insumos en puertos específicos; y el UNOPS, con sede en Dinamarca y sus programas humanitarios para países subdesarrollados con operaciones anuales de 20 mil millones de pesos, tan solo una quinta parte de los cien mil millones de pesos que gasta el sector salud en el mismo período. ¿Podrán operarlo? La industria farmacéutica mexicana lo que pide es un trato parejo.

4. A LA GREÑA terminaron algunos integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores con el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en la videoconferencia encabezada ayer por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. La mayoría de los mandatarios estatales le reclamaron su propuesta de añadir un lineamiento del semáforo epidemiológico, en el que se advierta que podrían fincarse responsabilidades administrativas y penales si no toman las medidas necesarias para el cuidado de la salud en tiempos de pandemia. Una fuente de la Conago dijo que lo que quiere López-Gatell es aventar culpas y denunció que el gobierno federal ha dejado solos a los gobernadores en el combate a la pandemia. ¿Será?

5. TRANSPARENCIA. #SusanaVigilancia se llama el mecanismo activado por el organismo Transparencia Mexicana para identificar el cumplimiento de gobiernos estatales en cuanto a obligaciones mínimas para transparentar todas sus adquisiciones y contratos de bienes y servicios. Así, el gobierno de la CDMX, concretamente la Secretaría de Administración y Finanzas a cargo de Luz Elena González, se reconoce como la entidad más transparente en la publicación de toda la información sobre planes, programas y recursos públicos aplicados en el marco de la emergencia sanitaria.

rrodriguezangular@hotmail.com / @RaulRodriguezC 

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