Rocío Nahle y Manuel Bartlett son unos kamikazes del sector energético. No contentos con poner en riesgo la inversión privada en el país tras la renegociación de contratos con empresas de gasoductos hace cuatro meses –los cuales, por cierto, obligan al gobierno a pagar durante más tiempo sus servicios a las compañías–, ahora planean irse contra los generadores de energías limpias.
El 28 de octubre, la Secretaría de Energía, a cargo de Rocío Nahle, publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo con el que se modifican los lineamientos que establecen los criterios para el otorgamiento de Certificados de Energías Limpias (CELs) y los requisitos para su adquisición.
En resumen, el decreto de la Sener ignora las reglas con las cuales fueron adjudicados estos certificados y pone en desventaja a las empresas que hicieron inversiones en plantas de generación. El trasfondo de todo es que la Comisión Federal de Electricidad pueda comercializar sus propios CELs, pese a que sus permisos no se emitieron a partir de 2014, con la reforma al sector.
La idea de Bartlett y Nahle puso furibundos a los inversionistas del sector, la mayoría empresas extranjeras que llegaron con la reforma energética. El Consejo Coordinador Empresarial, de Carlos Salazar, envió un desplegado pidiendo a la Sener reconsiderar su decreto porque pone en riesgo inversiones ya ancladas en el país por 9 mil millones de dólares, pero ambos funcionarios han hecho oídos sordos.
Apenas el lunes, Manuel Bartlett publicó en su cuenta de Twitter que, luego de una sesión del Consejo de Administración de CFE Suministrador de Servicios Básicos, consideraba un logro que la Secretaría de Energía haya facultado a la empresa que dirige a emitir los famosos CELs, ya que con esta medida se reducirán los costos y se evitará que estos se trasladen a las tarifas finales.
Qué tan mal estará la CFE con su nuevo titular –quien ha decidido condonar deudas a diestra y siniestra, así como publicar fuera de tiempo sus informes financieros y volver a concentrar a la compañía en una sola empresa– que la medida se observa como oxígeno puro.
La CFE tenía la obligación de procurar energías limpias para la mayor parte del consumo eléctrico en México, pero tenía que recurrir a los privados para comprar CELs a precios unitarios de hasta 15 dólares, específicamente con las empresas ganadoras de las Subastas de Largo Plazo.
Por esta razón, Bartlett le exigió a la Sener modificar las reglas del juego, con la justificación de que, de no hacerlo, el aumento en los costos del suministro básico lo tendrían que aplicar a la tarifa, lo cual implicaría un mayor subsidio o un impacto todavía más negativo al patrimonio de la empresa del Estado.
Nahle, sin dudarlo, accedió a la solicitud, aliviando la carga financiera de la compañía en materia de generación eléctrica y condenando a una posible quiebra a los interesados en los nuevos proyectos de energía limpia: a las empresas privadas.
A detalle, los problemas que conlleva esta decisión empiezan por su carácter de inequitativa; toda vez que las nuevas reglas aplican para las centrales de la CFE y no así para las centrales legadas privadas. Esto podría considerarse como regulación asimétrica a favor de la empresa del Estado y merecería, por tanto, la opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica, de Alejandra Palacios.
Adicionalmente, la medida crea distorsiones en la planeación financiera de la propia CFE, debido a que el suministro se encuentra comprometido en alrededor de 20 millones de CELs, a un costo de 15 dólares.
Si el precio de los certificados se deprimiera por la inmensa sobreoferta, el Estado estaría aun pagando a los precios comprometidos, lo que obligaría a promover una tortuosa ‘renegociación’, similar a la de los gasoductos.
A los dos problemas anteriores se le suma el más grande en términos de impacto económico, ya que la inversión privada en energías limpias tendría una Tasa Interna de Retorno con valor negativo, lo que empezaría por mandar a la bancarrota desde una primera etapa a la mayoría de proyectos solares ubicados en el noroeste del país.
Sin estos nuevos proyectos limpios y sin un claro programa de nuevas centrales de generación con energías limpias por parte de CFE, se ve casi imposible que se pueda llegar a las metas de generación libre de CO2 que se encuentran por mandato en la Ley de Transición Energética.
¿El gobierno de la 4T está preparado para un nuevo escándalo internacional como el ‘gasoductazo’ de hace cuatro meses?
Pemex: 443 mil intentos de ciberataques
Y ya que hablamos de Pemex, le cuento que la Auditoría Superior de la Federación detectó hace unos meses, con información emanada de la propia Empresa Productiva del Estado, que en febrero del presente año los sistemas tecnológicos de la petrolera habían sido objeto de casi 324 mil intentos de ciberataques, cifra sólo superada por la registrada en diciembre de 2018, cuando se contabilizaron más de 443 mil.
Los contundentes hallazgos en los sistemas de protección digital derivaron en cinco recomendaciones hacia la petrolera, mismas que, a la luz de los ciberataques del fin de semana, fueron ignoradas por los pupilos de Octavio Romero, por lo que ahora están pagando las consecuencias. La afectación todavía se desconoce con certeza, pero es mucho mayor de la que se ha informado oficialmente.
Regular el outsourcing
En el Congreso existen 19 iniciativas sobre la Ley de Subcontratación que reflejan tres posturas de los actores políticos, empresariales y sindicales.
Las propuestas de diputados y senadores se clasifican en quienes quieren dejar las cosas como están, aquellos que de plano quieren desaparecer la figura y los que están a favor de que se regule el outsourcing.
La iniciativa que parece más realista y propositiva para la economía que tiene a casi 8 millones de personas en este modelo de trabajo es la del diputado Ulises Murguía.
El diputado de Morena acentúa la regulación y el uso adecuado del régimen; reconoce derechos laborales y de seguridad social, y aporta elementos de certidumbre y certezas al régimen, como la creación del registro de empresas de subcontratación.
En suma, se percibe como una iniciativa que respeta los derechos laborales de los trabajadores, promueve la inversión y el empleo, y coloca a México frente a Estados Unidos y Canadá en condiciones equitativas de competencia.
Habrá que ver si logra imponerse a la idea radical del senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia, que busca desaparecer la figura y tipificarla como un delito grave.
@MarioMal
mario.maldonado.padilla@gmail.com
