03 / diciembre / 2021 | 10:55 hrs.

El paraíso convulso

Alejandro Hope

El sábado, muy cerca de la zona hotelera de Cancún, una balacera acabó con la vida de tres personas originarias de Michoacán. Según reportes de prensa, el asunto incluyó una persecución a tiros por la avenida Bonampak, una de las vialidades principales de ese destino turístico.

No fue la única mala noticia del día: horas antes, en Playa del Carmen, un comandante de la policía municipal fue acribillado cuando salía de su casa. Su esposa sobrevivió al ataque, pero murió minutos después en un hospital. En semanas recientes, la víctima había recibido amenazas explícitas en mantas colgadas en varios puntos del municipio.

Estos no son incidentes aislados: desde hace algunos años, pero con más intensidad en los últimos doce meses, la violencia homicida se ha vuelto práctica común en la franja turística de Quintana Roo. En enero, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 71 personas fueron asesinadas en el estado, 58 por ciento más que en el mismo mes del año pasado.

En lo fundamental, este es un problema de dos municipios: Benito Juárez (Cancún) y Solidaridad (Playa del Carmen). De las 57 carpetas de investigación por homicidio doloso, abiertas en el estado en enero (nota: pueden haber dos o más víctimas en una sola carpeta), 49 correspondieron a esas dos localidades.

El ascenso de la violencia ha sido particularmente notable en Playa del Carmen. En enero de 2018, se acumularon dos carpetas de investigación por homicidio doloso. Un año después, se registraron 17, casi nueve veces más.

No sólo es un problema de números, sino de métodos. El 21 de febrero, un hombre fue secuestrado a plena luz del día por cuatro sujetos. Horas después, sin solicitud alguna de rescate, fue asesinado a navajazos, uno de los cuales le atravesó la yugular. Esa misma semana, en un restaurante conocido como El Fogonazo, un sicario cosió a tiros a un cliente y escapó sin apuro. Y seis semanas, en el bar Las Virginias, un grupo armado rafagueó el local y mató a siete personas.

Detrás de estos incidentes, está la industria de la extorsión. No es novedad en la zona: muchos negocios de Playa del Carmen han pagado piso a grupos criminales desde hace años. Lo que parece ser más nuevo es la competencia por esa fuente de ingreso: según fuentes del gobierno estatal, habría de cuatro a siete bandas distintas (desde el CJNG hasta los Zetas Vieja Escuela) tratando de convertirse en el monopolista de la región.

La oleada de violencia ha agudizado la disputa política por el control de las policías municipales. En septiembre pasado, el gobernador Carlos Joaquín González nombró a Alberto Capella, ex comisionado estatal de seguridad en Morelos y ex jefe de la policía de Tijuana, como secretario de seguridad pública del estado.

Desde entonces, Capella ha intentado poner en marcha un modelo de mando único, similar al que implementó en Morelos. Pero eso ha topado con la resistencia de varios presidentes municipales, empezando con la alcaldesa de Solidaridad, la morenista Laura Beristain. La semana pasada, afirmó que “no se firmará ningún convenio sobre Mando Único” y que “se coordinarán a través de la Guardia Nacional”.

Esto pone el tapete para una disputa a tres bandas, de desenlace incierto, entre la administración federal, las autoridades estatales y el gobierno de un municipio insignia para el turismo en México.

Y mientras eso pasa, el piso se sigue cobrando, las cuentas se siguen ajustando y los muertos se siguen acumulando a unos pasos del Caribe.
 

 

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