La caída de Emilio Lozoya en España es mucho más que un golpe al corazón de la administración anterior, que estuvo plagada de escándalos de corrupción; es un tsunami de múltiples efectos para México, su sistema político y el futuro del sector energético del país.

En principio, la detención de Lozoya Austin en el exclusivo fraccionamiento de la Zagaleta, cercano a Marbella, apunta a lo más alto del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, pasando por al menos cuatro exsecretarios de Estado, un exdirector de la CFE, un puñado de exlegisladores —y algunos en funciones—, una decena de exdirectivos de Pemex y, por supuesto, empresarios relacionados con la compañía estatal.

El primero en la línea es su exjefe de Oficina, Froylán Gracia, quien se encargaba de hacer los contactos con los empresarios para citas con el otrora poderoso director de Pemex. En el mismo nivel de importancia está Carlos Roa, exjefe de asesores de Lozoya. Ambos también cuentan con documentación rusa, al igual que Lozoya, según una fuente con acceso a la investigación.

La misma fuente asegura que los pasaportes, licencias y demás documentos falsos de Lozoya para moverse en Rusia, y luego en España, habrían sido gestionados por los hermanos Karam, dueños del grupo Hidrosina, quienes fueron la última conexión de Lozoya en México.

La semana pasada, los Karam se reunieron con el primo de un alto funcionario de la actual administración para revisar la estrategia de sus temas relacionados con Lozoya, según otra fuente cercana a los empresarios de la cadena de gasolineras que ha sido puesta bajo la lupa de la Unidad de Inteligencia Financiera que encabeza Santiago Nieto. 

Emilio Lozoya estaría dispuesto a arrastrar a todos los de su grupo cercano y a sus enemigos con tal de aligerar la eventual sentencia en su contra. En esa lista figuran Luis Videgaray, Pedro Joaquín Coldwell, Ignacio Durán, Mario Beauregard; Arturo Henríquez Autrey, Miguel Tame Domínguez, Alejandro Martínez Sibaja, Gustavo Hernández García, Leonardo Cornejo Serrano, Rodrigo Arteaga Santoyo, José Carlos Pacheco y Luis Guaso Montoya.

Los contratos a empresas privadas por los que Lozoya asegura recibió presión del expresidente Peña Nieto para otorgarlos suman unos 850 millones de dólares y tienen que ver con plataformas de perforación, la adquisición de Fertinal y los astilleros en España.

Precisamente por contactos relacionados con este último negocio fue como Lozoya logró establecerse en España. El exdirector de Pemex forjó vínculos y negocios con el político Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Junta de Galicia, y la empresaria Mar Sánchez Sierra, tras la compra de un astillero a sobreprecio y mediante presuntos actos de corrupción. Ellos protegían a Lozoya en la Costa del Sol española, a donde llegó a finales del año pasado tras una estancia en Rusia.

En Rusia, Lozoya habría sido protegido por exdirectivos relacionados con la petrolera rusa Lukoil, la primera empresa internacional en firmar un contrato de exploración junto con Pemex en 2014 tras la puesta en marcha de la reforma energética.

Lukoil es la segunda petrolera más importante de Rusia después de Gazprom, empresa con la que Lozoya también generó vínculos cuando era director general de Pemex.
  
La detención de Lozoya en Málaga, la semana pasada, no pudo haber caído en mejor momento para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que está en vísperas de hacer un descafeinado anuncio de inversión privada en el sector energético y previo a la inminente pérdida del grado de inversión de Pemex por parte de Moody’s.

El Presidente podrá defender su postura de no abrir Pemex a la iniciativa privada porque ello generó corrupción y encontrará a los culpables de que la empresa sea degrada por parte de las calificadoras.

Así, el tsunami de Emilio Lozoya no sólo llega a trastocar el sistema político que dejó el gobierno pasado, así como los planes de inversión privada en el sector energético, sino que también aplana el camino para la próxima gran jugada contra los empresarios: revisar y modificar los contratos de las rondas de hidrocarburos que se entregaron a los privados.

Arca Continental: buen 2019 y retos 2020

Con un año al frente de Arca Continental, el dúo de Jorge Santos, presidente del Consejo de Administración, y Arturo Gutiérrez, director general, entregó buenos resultados a sus inversionistas.

Al cierre de 2019 las ventas se incrementaron 4.5%, la utilidad neta creció 9.7% y el EBTIDA registró un incremento de 10.7%, en comparación con 2018. En 2020 el reto será sortear los cambios a los etiquetados de los productos procesados, los cuales apuntan a reducir el consumo de refrescos y jugos.

Outsourcing: Parlamento abierto 

La semana pasada se llevó a cabo el Parlamento Abierto en el que se discutió la regulación a los esquemas de subcontratación laboral mejor conocidos como outsourcing.

Como le hemos contado aquí, hay dos posturas: la de los radicales, encabezados por Napoleón Gómez Urrutia, que pretende desaparecerlo y sancionar retroactivamente a las empresas que lo usan. Del lado de los moderados está Ricardo Monreal, que junto con los empresarios apuesta por una regulación que combata el outsourcing ilegal.

Actualmente, la subcontratación legal representa casi 25% del personal remunerado de las empresas y está muy arraigada en algunos sectores de la economía, como los servicios financieros, transportes, medios de comunicación, minería, aeronáutica y la industria automotriz, según datos de El Colegio de México.

Una de las conclusiones fue que los empresarios se comprometieron a implementar prácticas modernas que favorezcan a los empleados y colaboradores de las empresas que utilizan la subcontratación, así como la productividad, la innovación, la capacitación y la disponibilidad inmediata de personal técnico especializado.

Por lo tanto, la propuesta fue no eliminar la subcontratación, sino regularla, y crear el Registro Nacional de Empresas de Subcontratación.

Twitter: @MarioMal.
Correo: mario.maldonado.padilla@gmail.com