En reuniones privadas, pero también en las públicas, los empresarios identificados con el capítulo mexicano del Woodrow Wilson Center, denominado Mexico Institute, han tundido con todo a la Cuarta Transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo mismo por su errática estrategia de seguridad que por su falta de certidumbre para la inversión privada, y también por su política exterior, particularmente en la relación bilateral con Estados Unidos, nuestro principal socio comercial.

En medio de la crisis de seguridad que vive el país, tras el asesinato de nueve integrantes de la familia LeBarón en Chihuahua, el director del Mexico Institute, Duncan Wood, publicó en su cuenta de Twitter que este “impactante y triste evento debería ser una llamada de alerta para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el cual debe tomar el problema de la violencia, el crimen y la impunidad de forma más seria”. “El Congreso de Estados Unidos, así como las agencias de seguridad e inteligencia están cada vez más frustradas”, expresó.

No es la primera vez que el internacionalista, director del Mexico Institute, critica la política de seguridad ni a la representación exterior de México en Estados Unidos. Apenas el 2 de octubre pasado, durante en un foro en la Ciudad de México, organizado por The Economist, dijo que simplemente “no hay presencia del gobierno de López Obrador en Washington”.

Wood fue nombrado director del Mexico Institute por Luis Téllez, exsecretario de Comunicaciones en el gobierno de Felipe Calderón, quien preside la parte mexicana del Consejo Consultivo, que es la autoridad que supervisa el trabajo del capítulo de Woodrow Wilson Center en México.

El Instituto México del Centro Internacional Woodrow Wilson tiene como misión mejorar el conocimiento, la comunicación y la cooperación entre México y Estados Unidos a través de la promoción de la investigación original, la discusión pública y a través de propuestas de políticas públicas para mejorar y fortalecer la relación bilateral. Se enfoca en materias de seguridad, energía, integración económica y migración.

A este think tank (o club de toby) lo apoyan económicamente empresarios de muy altos vuelos, como José Antonio Fernández Carbajal, presidente ejecutivo de FEMSA; el multimillonario Alberto Baillères, presidente del Grupo BAL; Juan Francisco Beckmann; presidente de Cuervo; Antonio del Valle Ruiz, dueño de Orbia (antes Mexichem); Claudio X. González, presidente de Kimberly Clark México; la familia Servitje, de Bimbo; Alejandro Ramírez, de Cinépolis, Pablo Escandón, de Nadro, y Alonso Ancira, dueño de AHMSA, entre otros. La mayoría de ellos, en el pasado se han expresado en contra de los postulados ideológicos de Andrés Manuel López Obrador; incluso, algunos, como Claudio X. González, fueron uno de sus “villanos favoritos”, mientras que otros, como Ancira, ya pisaron la cárcel durante esta administración.

En su Consejo también hay activistas, académicos, directores de medios y otros exfuncionarios públicos, además de Luis Téllez, como Alejandro Poiré, decano de la Facultad de Ciencias Políticas del Tec de Monterrey, ex secretario de Gobernación también en el sexenio de Felipe Calderón.

De acuerdo con fuentes que han acudido a reuniones privadas del Mexico Institute, “la comidilla” de las reuniones siempre es la denominada Cuarta Transformación que ,coinciden los empresarios, está llevando a “la ruina” al país en un tiempo mucho menor al esperado, por lo que buscan de una y otra forma “salvarla”. ¿Cómo? a través de alianzas con funcionarios del gabinete del Presidente López Obrador, como Alfonso Romo, y, de no ser posible, con la ayuda e injerencia de Estados Unidos.

En el gobierno de la 4T ya ven con recelo que los integrantes del Mexico Institute representen intereses de inversionistas mexicanos y estadounidenses, los cuales están siendo afectados por el nuevo gobierno, como es el caso del sector energético, y a su vez acusan que se está manchando la imagen de México con comentarios en contra del país.

Luis Téllez, por ejemplo, es consejero senior en México para KKR, una multinacional estadounidense de administración de fondos de inversión y capital riesgo.

A pesar de que en algún momento ha salido fotografiado en Palacio Nacional, como parte de un anuncio de inversión de una empresa de la cual es consejero, no está para nada en el ánimo de la 4T, sobre todo porque lo ven intrínsecamente ligado al expresidente Calderón.

Posdata

La próxima reunión del Mexico Institute es el 22 de noviembre. Reconocerán a Juan Ignacio Gallardo Thurlow, presidente del Consejo de Administración de Cultiba (la embotelladora de PepsiCo en México). El año pasado premiaron a Juan Francisco Beckmann Vidal. En aquel entonces, el dueño de la productora de tequila más grande del mundo dijo en su discurso frente a futuros funcionarios de la 4T, entre ellos Julio Scherer, que los empresarios enfrentarían los cambios propuestos por la nueva administración. “La filosofía de país de muchos de nosotros es con la que vamos a sacar adelante esta nueva época”, dijo.

Antecedentes dudosos

Y hablando de la 4T, mientras el presidente López Obrador y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, enfocan sus esfuerzos en enfrentar la violencia, hay quienes quieren abonar a los problemas.

Es el caso de Óscar Moreno Villatoro, director general de administración del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, quien, nos cuentan, no ha actuado con la ley en la mano y además tiene antecedentes dudosos, como la posible investigación en su contra por posibles nexos con cárteles de narcotraficantes cuando fue Director General de Puertos y Fronteras.

En la 4T estarían revisando su actuar en cuanto a las contrataciones y procesos que tiene a su cargo, pues se habla de diversas irregularidades.

Amigo del gobernador

Vaya lío que se viene en Jalisco, pues resulta que el gobernador Enrique Alfaro propuso a su amigo Luis Octavio Pérez Pozos para ser coordinador general de Desarrollo Gubernamental. El ungido, quien fuera el coordinador de campaña del actual gobernador, tendría una orden de aprehensión en su contra por presuntamente formar parte de una red delictiva conformada por empresarios, abogados y ex funcionarios de la Fiscalía General de la República, situación está siendo investigada. Ahora falta ver qué dice el Congreso del Estado, a cargo de la morenista María Patricia Meza Núñez, de la aprobación de dicho nombramiento.