El acuerdo que se firmó este miércoles en Palacio Nacional para regular el outsourcing evidenció las posiciones encontradas entre los organismos empresariales, las cuales, si bien no son nuevas, se han exacerbado a raíz de los próximos movimientos en las cúpulas de la iniciativa privada y tras la salida de Alfonso Romo del gabinete presidencial.
Una de las principales molestias de un segmento del sector empresarial tiene que ver con el tono condescendiente que ha mostrado el representante de la cúpula de cúpulas, Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), frente al presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete.
Este miércoles, dos de los siete asociados permanentes del CCE, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), que encabeza Gustavo de Hoyos, y el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), presidido por Bosco de la Vega, decidieron no firmar el acuerdo preliminar que suscribieron los empresarios con el gobierno federal en materia de subcontratación laboral, bajo el argumento de que no hubo consenso.
De los otros cinco organismos que son invitados permanentes del CCE, uno de ellos, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), encabezada por Enoch Castellanos, tampoco rubricó el acuerdo.
Lo que preocupa a los líderes de estas tres organizaciones es que el CCE, donde también confluyen la Concamin, de Francisco Cervantes; la Concanaco, de José Manuel López; el Consejo Mexicano de Negocios, de Antonio del Valle; la Asociación de Bancos de México, a cargo de Luis Niño de Rivera, entre otros, es que tras aceptar el compromiso de autorregularse en materia de subcontratación ―mientras se decide la reforma en febrero de 2021―, también se admitió que ante cualquier irregularidad se persiga administrativa o penalmente a los empresarios.
El acuerdo preliminar tampoco incluye una solución al tema del reparto de utilidades, que el gobierno pretende que sea de por lo menos cuatro meses, cosa que el sector privado ve imposible. Asimismo, no queda claro si las figuras del outsourcing y el insourcing van a desaparecer o sólo serán reguladas, y tampoco se sabe si el gobierno accederá a que los cambios a la ley se den en un plazo de un año, como lo solicitó el sector empresarial.
Por lo pronto, el mensaje de ayer en Palacio Nacional fue claro: el gobierno y sus reguladores no van a doblarse. Como muestra, la imagen en la que aparecen los titulares de la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde; de Hacienda, Arturo Herrera; del IMSS, Zoé Robledo; del SAT, Raquel Buenrostro; y el procurador fiscal, Carlos Romero; mientras que por el lado de los empresarios sólo se vio al presidente del CCE, Carlos Salazar. La forma es fondo.
Las discrepancias entre los representantes de los organismos empresariales se dan en vísperas de cambios de liderazgos. En mayo de 2021 se nombrará a un nuevo presidente del CCE. Carlos Salazar busca reelegirse un año más, lo cual se lo permiten los estatutos, pero también están interesados en ese puesto el presidente saliente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, y el del CNA, Bosco de la Vega. El primero concluye su periodo el 31 de diciembre, y el segundo en febrero del próximo año.
Otro interesado es Francisco Cervantes, presidente de Concamin, aunque al parecer extenderá su encargo hasta el 30 de septiembre de 2021 y apoyará la reelección de Carlos Salazar.
A De Hoyos lo sustituirá José Medina Mora, y a Bosco de la Vega, muy probablemente Juan Cortina Gallardo. Ambos tienen un perfil más discreto, que, según las apuestas de Carlos Salazar y el grupo que lo apoya, cerrarían filas con el actual presidente del CCE.
Sea como sea, tras la salida del enlace con empresarios de la Presidencia, Alfonso Romo, la división en las cúpulas de la IP sólo le da más poder al Presidente para imponer su ley.
Y así como la oposición política está desdibujada, dividida y descoordinada, el otro contrapeso, los empresarios, va por el mismo camino.
@MarioMal
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