A pesar de que algunos empresarios han manifestado, en público y en privado, su apoyo al proyecto del Tren Maya, la realidad es que no le encuentran la cuadratura. Los hombres de negocios a los que se les ha mostrado el esbozo de un proyecto ejecutivo han tenido que ser ‘políticamente correctos’ con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, pero en corto admiten que luce inviable y podría resultar contraproducente, sobre todo por la forma como se planea financiar: usando el impuesto que se destina a la promoción turística.

Empresarios que han asistido a las reuniones encabezadas por Rogelio Jiménez Pons, el próximo titular del Fonatur, encargado del proyecto, dan cuenta de la poca claridad sobre cuáles serán los primeros pasos a seguir tras la consulta de este fin de semana, en la que muy probablemente ganará el ‘sí’ a la construcción del Tren Maya.
Este ambiente de incertidumbre se percibió durante la última visita que realizó el próximo funcionario de la administración lopezobradorista a Cancún, a la que asistieron cerca de un centenar de empresarios turísticos y prestadores de servicios.

En dicha reunión, los empresarios le hicieron saber al próximo titular del Fonatur que el único tramo rentable del proyecto es el de la zona hotelera de Cancún a Tulum, en la Riviera Maya.

Por lo tanto, la propuesta de los probables inversionistas es iniciar la construcción de la infraestructura en Quintana Roo y no en Campeche o Chiapas, como se pretende.

Sin embargo, se han topado con pared —o, mejor dicho, con la insistencia del presidente electo de iniciar en Palenque—, pues no hay la más mínima intención de hacer el cambio propuesto por la iniciativa privada. El argumento de Jiménez Pons es que se iniciará la obra en Chiapas, y dos meses después se podrá comenzar a trabajar en Cancún.
En el tramo de la Riviera Maya se tienen previstas dos vías para el paso del tren, pero los empresarios han manifestado interés para que se construya una tercera vía de alta velocidad.

Otra cosa que tiene muy desconcertados a los empresarios es el plan de financiar el proyecto con el llamado DNR (impuesto al turismo), el cual quitará recursos a la promoción de los destinos turísticos mexicanos en el extranjero.

La respuesta del gobierno entrante ante esta preocupación es que “el próximo canciller, Marcelo Ebrard, y sus oficinas diplomáticas, se encargarán de que se continúe con las tareas de promoción en los principales mercados del turismo internacional”.

Entre los empresarios que han sido invitados a colaborar directa o indirectamente en el proyecto están Daniel Chávez, de Grupo Vidanta; Fernando Chico Pardo, de Asur;Alejandro Zozaya, de Apple Leisure Group; Dolores López Lira, de Grupo Lomas Travel, y Miguel Quintana, de Grupo Xcaret.

Según un borrador del proyecto, las acciones inmediatas que comenzarán el próximo año con los 16 mil millones de pesos etiquetados en el Presupuesto 2019 son: 1) Preparar el anteproyecto del trazo del tren y las 18 estaciones. 2) Hacer un consenso con grupos sociales y organizaciones para “socializar” el proyecto. 3) Coordinarse con todas las dependencias públicas y gobiernos locales involucrados en la obra. 3) Realizar un análisis de tránsito, planificación y gestión de datos. 4) Hacer un análisis costo-beneficio, de factibilidad técnica, económica, ambiental y jurídica. Jiménez Pons asegura que en los últimos 10 años el Fonatur ha hecho 21 estudios en la región y 42 proyectos estratégicos para los cuales se han destinado dos mil millones de pesos. Sin embargo, el hecho de que no se haya construido el tren en ese tiempo podría ser la respuesta que el gobierno de AMLO busca legitimar con su consulta popular: porque no es viable ni financiera ni medioambientalmente.

Otro ‘zarpazo’ a empresarios. Ayer, Andrés Manuel López Obrador les dio otro ‘zarpazo’ a los grandes empresarios y al principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Esta vez fue a través de la senadora de Morena, Angélica García, quien presentó un proyecto de decreto para adicionar diversos artículos a la Ley Minera.

Entre las propuestas están facultar a la Secretaría de Economía para cancelar concesiones y asignaciones mineras si considera que están en zonas inviables de explotación o en conflicto por impacto social, así como obligar a los propietarios de las mismas a que destinen un monto para el desarrollo humano y sustentable de las comunidades.

El anuncio desplomó las acciones de las principales empresas mineras de la BMV. Grupo México perdió 5.41 por ciento (cerca de 18 mil millones de pesos en su valor de capitalización); Peñoles cayó 4.74 por ciento (unos cinco mil millones de pesos de su valor); Autlán bajó 1.48 por ciento (57 millones de pesos) y, a contracorriente, la minera de Carlos Slim se mantuvo flat, con un avance de 0.39 por ciento.

Los principales accionistas de Grupo México y Peñoles son dos de los ‘villanos favoritos’ de AMLO: Germán Larrea y Alberto Baillères, el segundo y tercero hombres más ricos de México.

 

 

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