En Banxico y Hacienda, ¿dos partidarios de la economía moral?

10/06/2021
07:37
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Cuando Andrés Manuel López Obrador dijo que no ratificaría a Alejandro Díaz de León como gobernador de Banxico para un nuevo periodo, agregó que su propuesta sería un economista “con dimensión social y partidario de la economía moral”.

No hay una descripción precisa de qué significa la economía moral de AMLO, pero queda claro que es una política enfocada a los más pobres (la base electoral del Presidente) y una que apunta a la redistribución de la riqueza del país (a través del presupuesto y la política fiscal). Ambas cosas se pueden intentar ejecutar a través de la política económica, que incluye la política fiscal, financiera —a cargo de la Secretaría de Hacienda— y la política monetaria —en manos del Banco de México—.

Con la nominación de Arturo Herrera para ser el nuevo gobernador de Banxico, y la designación de Rogelio Ramírez de la O como próximo secretario de Hacienda, el Presidente tendrá a dos partidarios de la “economía moral” dirigiendo la política económica del país.

En Banxico, si bien las decisiones de subir, bajar o mantener las tasas de interés las toman cuatro subgobernadores y el gobernador, actualmente la Junta de Gobierno está conformada por tres integrantes propuestos por AMLO, y en diciembre serán cuatro de los cinco miembros de la Junta. La única integrante que no será de aquella “sangre nueva” de la que habló el exsecretario de Hacienda, Carlos Urzúa, es Irene Espinosa, quien concluye su periodo el 31 de diciembre de 2024.

Si bien el banco central mexicano ha permanecido autónomo, las votaciones de las reuniones de política monetaria comienzan a tomar un sesgo acomodaticio, es decir, en favor de tasas de interés bajas que ayuden al crecimiento económico, algo que puede ser complementado por la política fiscal y financiera de la Secretaría de Hacienda.

López Obrador se decantó por Rogelio Ramírez de la O para dirigir los destinos de Hacienda, quien pese a tener buenas credenciales en los círculos financieros internacionales, no tiene experiencia en la administración pública, lo cual podría mirarse con sospecha por los mercados e inversionistas. Ramírez de la O es un sólido economista de la UNAM y doctor por la Universidad de Cambridge, pero sus últimos años los ha pasado fuera del país, asesorando a empresas privadas y al propio López Obrador.

Para Ramírez de la O la tercera fue la vencida. En 2006 y 2012 fue designado por AMLO para ocupar la Secretaría de Hacienda, pero sus aspiraciones se desvanecieron junto con las de López Obrador de llegar a la Presidencia. Al inicio de la actual administración, el tabasqueño también le ofreció ese puesto, pero lo rechazó; le interesaba más seguir haciendo negocios en el extranjero, particularmente en Estados Unidos, donde se asentó un tiempo, en Nueva York.

Ayer publicamos que durante la transición de 2018, Ramírez de la O comentó en un foro de un grupo financiero privado que dados los cambios en las políticas de AMLO y el contexto económico internacional, sería difícil atraer inversión privada a México. Ahora le tocará lidiar con eso y más; por ejemplo, la reforma fiscal y el Paquete Económico de 2022, los cuales elaborará de la mano de Herrera.

Los cambios anunciados ayer por el presidente Andrés Manuel López Obrador representan un viraje importante en el manejo de la política económica del país. Son una sacudida que, en tiempos de pandemia y recuperación económica, puede ser peligrosa.

Van tras contrato de patrullas en Toluca

Las autoridades mexiquenses recibieron hace unos días una denuncia de hechos contra los responsables de otorgar el contrato DGA/RM/048/2019 para le renta de 400 patrullas en el ayuntamiento de Toluca, Estado de México. Los autores de la acusación son elementos adscritos a la Dirección General de Seguridad Pública y exigen entre otras cosas, la rescisión del convenio y la inhabilitación del proveedor, es decir, de la firma CA Soluciones Financieras (Casofin), propiedad de la familia Mena.

Según se puede leer en la denuncia, los policías reclaman la falta de mantenimiento de las unidades pese al elevado costo del arrendamiento. “Aunque una de las obligaciones del prestador del servicio es garantizar que los bienes utilizados y entregados estén libres de defectos o vicios ocultos, o de cualquier otra falla y garantizar la calidad durante los 28 meses del contrato, en las patrullas se observa el deterioro -se están destartalando- cada vez que hacemos un reporte por fallas o falta de mantenimiento parece que se las llevan y no les hacen nada. Luego luego nos empiezan a fallar y parece que no les importa que no tengamos las herramientas a la orden para hacer nuestra labor, que es proteger a los ciudadanos”, denuncian.

Los uniformados llamaron al nuevo alcalde, Raymundo Edgar Martínez Carbajal, de la coalición PRI-PAN-PRD, para que una vez que tome posesión del cargo, revise a detalle el contrato otorgado en 2019 por el actual presidente municipal de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez Gómez y solicitaron la pronta intervención del congreso local. Desde marzo de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, a tomar cartas en el asunto.

Quintana Roo, sexto en ICI

En el más reciente Reporte del Ejercicio, Destino y Resultados de los Recursos Federales Transferidos, que elabora la Secretaría de Hacienda, se reconoció el desempeño de Quintana Roo en ese rubro, toda vez que se colocó en la sexta posición del Índice de Calidad de la Información (ICI) para el primer trimestre de 2021, con un puntaje de 99.58.

La entidad gobernada por Carlos Joaquín González obtuvo una valoración de 98.75 en el apartado de Gestión de Proyectos financiados con recursos federales, puntaje que se ha mantenido desde 2020 debido al trabajo de coordinación realizado por la Dirección de Control y Seguimiento de Inversión Pública, en colaboración con el Centro de Evaluación del Desempeño y los 11 municipios de la entidad caribeña.

 
@MarioMal
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