Los ataques informáticos preocupan cada vez más a los gobiernos europeos. La creación de ciberreservas de expertos capaces de combatirlos, como la que este año planea lanzar España, es una prueba de ello.

 El ataque a 141 mil ordenadores de todo el mundo por parte del virus extorsionador Wannacry en primavera de 2017 animó al gobierno español a acelerar una ley, aún en tramitación, destinada a crear una ciberreserva con 2 mil expertos en seguridad informática que trabajarían en situaciones de crisis bajo un Mando Conjunto de Ciberdefensa (MCCD).

El 3% de las agresiones contra sistemas públicos y empresas estratégicas españoles fueron de máxima gravedad, según el gubernamental Centro Criptológico Nacional. El equipo de ciberreservistas debería apoyar al ejército y los servicios secretos cuando se detecten amenazas de este tipo. Los candidatos que se buscan para el cuerpo son de perfiles distintos, principalmente informáticos, pero también periodistas para combatir las fake news, juristas que conozcan los límites legales de las intervenciones, sicólogos...

El proyecto se basa en experiencias similares en Holanda, Reino Unido, Estados Unidos e Israel. Los detalles por cerrar son muchos, como la remuneración de los reservistas, y reputados hackers españoles como Simón Roses o Ramón Pinagua han acusado al gobierno de “propaganda” por un proyecto con buenas intenciones pero sin definir.

Un importante empuje publicitario a la iniciativa lo ha dado la crisis independentista en Cataluña, que ha suscitado nerviosismo en políticos y medios de comunicación por las sospechas de injerencias desde Rusia. Tras el referéndum independentista del pasado 1 de octubre, se han multiplicado los estudios que acreditan que cuentas en redes sociales activadas desde Rusia rebotaban propaganda favorable al secesionismo. Algunos medios se han apresurado a señalar al Kremlin como instigador de estas maniobras, pensadas para desestabilizar a la Unión Europea (UE).

En un encuentro con periodistas esta semana, el ministro de Exteriores español, Alfonso Dastis, aseguraba que era necesario diferenciar el hecho de que la propaganda se realizase desde Rusia (por empresas privadas contratadas para ello) y que el gobierno ruso fuera su responsable. Dastis explicó que esta confusión había causado tensiones entre Madrid y Moscú que ya estaban resueltas, pero insistió en que, independientemente del autor, los ataques preocupaban a España. A preguntas de EL UNIVERSAL, sin embargo, reconoció que la única prueba que tenía el gobierno de que hackers internacionales hubieran ayudado a difundir fake news sobre Cataluña era lo que publicaban los medios de comunicación.

El contrarrelato, la contrainfluencia y la contrarreputación se apuntan como algunas prioridades de la ciberreserva que organiza España. La UE ya aporta oficialmente un millón de euros anual a su grupo East Stratcom, dedicado a desmentir la propaganda contra las políticas de Bruselas, especialmente la que llega a los países de Europa del Este desde Rusia. Este grupo se creó en 2015 durante la guerra de Ucrania y su visibilidad ha aumentado a medida que líderes como la británica Theresa May han acusado a Moscú de intentar influir en su política nacional favoreciendo la distribución de informaciones falsas.

Las acciones mediante las que la UE teme que los hackers se involucren en sus procesos políticos van desde contratar publicidad en buscadores y redes sociales a activar bots que difundan falsedades, atacar a servidores, o alterar padrones electorales. En México el Instituto Nacional Electoral (INE) también reconoció recientemente a este diarioque registró intentos de agresiones cibernéticas desde el extranjero. De igual forma que en Estados Unidos se investiga si hackers rusos accedieron a los correos electrónicos de los candidatos en las campañas de 2016, México está alerta para que no ocurra lo mismo en las elecciones de 2018.

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