La acusación y encarcelamiento del exsecretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, detenido el jueves a su llegada a Los Angeles, es un golpe brutal y directo a la moral y credibilidad del Ejército mexicano. Más allá de si el gobierno de Estados Unidos podrá probar sus acusaciones, basadas en testigos protegidos pero también en llamadas interceptadas al militar mexicano, la forma unilateral y vergonzosa como fue detenido Cienfuegos por la DEA, al bajar del avión y en compañía de su familia, confirma una acción claramente electorera de la DEA y del presidente Donald Trump que está desesperado por su desventaja en las encuestas a menos de un mes de las elecciones presidenciales.

La gravedad de los delitos de los que acusan a quien fue la cabeza militar del país durante 6 años y el trato de capo del narcotráfico que le dan a un militar de carrera y de la élite castrense de las fuerzas armadas mexicanas —al que el juez Bryan Cogan se refiere incluso con alias como “El Padrino” o “El Zepeda”— es algo inédito y si bien alude y confirma la corrupción y descomposición que privó en el sexenio de Enrique Peña Nieto, también es un golpe demoledor para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador porque en dos años que lleva en el poder y, con la bandera del combate a la corrupción como su principal discurso, no supo ni investigó los fuertes nexos del general Cienfuegos con el narcotráfico en el país.

Por eso sorprende aún más la reacción del Presidente a esta detención realizada por un gobierno extranjero. López Obrador nunca manifestó su extrañeza por la actuación de la DEA y del gobierno de su amigo Donald Trump, que sin darle ningún tipo de información previa, decidieron ejecutar una orden de detención que, si bien ocurrió en su territorio, involucró no sólo a un exjefe de las Fuerzas Armadas mexicanas sino a su familia. Porque a Cienfuegos lo detuvieron bajando del avión en Los Angeles con todo y varios integrantes de su familia a los que también se llevaron presos y los tuvieron retenidos por varias horas cuando no había ninguna acusación en su contra. ¿No amerita ese trato a los familiares del general un reclamo o una protesta diplomática del gobierno de México por la violación de derechos contra ciudadanos mexicanos que no tenían porque ser detenidos?

Lejos de posicionarse como Jefe del Estado mexicano y de exigir primero información de los motivos de la detención, el Presidente llevó el asunto al terreno político para decir que él siempre habló de un “sistema podrido” y, aunque lamentó la detención de un general del Ejército mexicano, terminó validando las acusaciones al decir que “todos los que estén involucrados con el general Cienfuegos” van a ser removidos de las Fuerzas Armadas. López Obrador pasa por alto que en este caso el juicio no sólo será contra la persona de Salvador Cienfuegos, que tendrá que responder por los delitos que le imputa el gobierno de Estados Unidos y tendrá también el derecho de defenderse; el enjuiciamiento será también contra el Estado Mexicano que, suponiendo que se prueben las acusaciones contra el exjefe militar, no fue capaz de detectar, investigar y remover a un secretario de la Defensa que era a la vez capo del narcotráfico, según las acusaciones de la justicia estadounidense.

¿O cómo entender que en dos años que lleva este gobierno, nadie, ni el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, ni el secretario de la Defensa actual, Luis Cresencio Sandoval, ni el propio presidente López Obrador se percataron de que el narcotráfico había infiltrado a la Sedena a su más alto nivel? ¿Por qué no hubo una denuncia o una investigación en México, como la que si hubo en Estados Unidos y que, ahora se afirma en el New York Times, tenía 10 años indagando los presuntos nexos de las élites militares mexicanas con los capos de la droga?

De los efectos negativos y las consecuencias que tendrá el juicio que viene en Estados Unidos, contra un jefe militar mexicano formado completamente en nuestro Ejército, que ocupara la más alta posición en la Defensa Nacional, nadie se salva. Ni el expresidente Enrique Peña Nieto, que tendría que explicar, si se comprueban los cargos, cómo es que tuvo como titular de la Sedena a un general que era al mismo tiempo narcotraficante; ni el Ejército mexicano, que confirma las sospechas y señalamientos que siempre le han hecho agencias como la DEA y el gobierno estadounidense de estar infiltrado y partícipe del negocio millonario y criminal del tráfico de drogas, ni el propio gobierno de López Obrador y la FGR que nunca se enteraron, y si lo supieron no hicieron nada, de las actividades ilícitas del exgeneral secretario.

Y ya de la imagen de nuestro país y de sus instituciones mejor ni hablamos. No sólo vendrá Donald Trump a decir en su campaña que tenía razón en llamarnos criminales y narcotraficantes y en construir su odioso muro en la frontera común, sino que volvemos a quedar como una república tan endeble y fallida, que nuestras instituciones más fuertes, como el Ejército, son parte de la estructura criminal y del narcotráfico, mientras que nuestras fiscalías y nuestra justicia son tan ineptas y disfuncionales, que en los últimos 8 años —6 como secretario de Defensa y dos como exsecretario—  nadie supo ni investigó que tuvimos como jefe de nuestro Ejército a un presunto capo del narco.

NOTAS INDISCRETAS…

Más allá de las consideraciones políticas y las repercusiones en México, en Estados Unidos la detención del general Cienfuegos también hace aflorar viejas pugnas y competencias entre las agencias estadounidenses. Mientras a Genaro García Luna lo detuvo el FBI, al exjefe del Ejército mexicano lo detuvo la DEA. La disputa interagencias es real y siempre compiten porque su presupuesto va en función de sus logros y detenciones y, en ese sentido, la DEA logra no sólo la mayor captura que haya existido de un exfuncionario de México presuntamente vinculado al tráfico de drogas, sino que además esa agencia que tiene a nuestro país como uno de sus principales objetivos en el mundo, obtiene una detención que siempre fue un sueño para cualquiera de sus directores: a un secretario de la Defensa mexicana. Acusaron a Riviello Bazán, sospecharon de Arévalo Gardoqui, intervinieron en la detención y acusación de Gutiérrez Rebollo, pero nunca, como ahora, pudieron obtener el trofeo que para ellos significa la detención de un titular de la Sedena. En ese sentido debieron hasta disfrutar el momento en el que se llevaron al general mexicano y con él hasta a su familia a la cárcel….Por cierto el vocero de la cancillería, Daniel Millán, nos dijo ayer que la detención y retención en una celda de varios familiares del general Cienfuegos, que lo acompañaban en el vuelo que llegó de México a Los Angeles, “sólo duró dos horas”, según información que proporcionó la cónsul mexicana en la ciudad angelina, Marcela Celorio, quien le dio seguimiento a la detención irregular de los familiares que en la Cancillería se vio como un tema de “confusión”. Nadie se merece que su familia sea objeto de una “confusión” como la que sufrió la de Cienfuegos, que no sólo debió ser molesta y humillante, sino también un tema de violación de sus derechos humanos… Ruedan dados. Escalera. Semana redonda.


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