El proceso fue largo y complicado. El proyecto enfrentó más resistencias que las anticipadas por el gobierno y lo aprobado quedó lejos de lo inicialmente propuesto. Pero ya está: a partir de hoy, tenemos Guardia Nacional.
O tendremos, más bien. El camino entre la reforma constitucional y la operación en el terreno puede aún ser largo.
¿Qué falta? En primer lugar, dotarla de personal. El decreto promulgado ayer provee una solución a ese problema: “La Guardia Nacional se constituirá a la entrada en vigor del presente Decreto con los elementos de la Policía Federal, la Policía Militar y la Policía Naval que determine en acuerdos de carácter general el Presidente de la República”.
Eso, sin embargo, puede no resultar tan sencillo. En el gobierno, transferir personal de una unidad administrativa a otra puede tomar tiempo, una multitud de trámites y una buena dosis de voluntad. Añádase que, en este caso, no solo hay que mover a las personas, sino también a los activos físicos que necesitan para hacer su trabajo: equipo, material, instalaciones, etc. Súmenle entonces a los oficios que tienen que ir y venir.
Hay además en este asunto una complejidad adicional: se busca pasar personal militar a una institución civil. Pero eso significa, entre otras cosas, cambiar a esos elementos de régimen de seguridad social. Los beneficios sociales de los militares (pensión, atención médica, vivienda, etc.) están cubiertos por el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM). Pero si salen de los institutos armados y se vuelven integrantes de la Guardia Nacional, un organismo sectorizado en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, tienen que pasarse al ISSSTE.
Eso implica, entre otras cosas, transferir del ISSFAM al ISSSTE los fondos que los soldados y marinos transformados en guardias nacionales han cotizado para su pensión, su crédito a la vivienda o su atención médica, además de más o menos homologar los servicios con los otorgados por ISSFAM.
Esos no son problemas irresolubles, pero toman tiempo y presupuesto.
Por otra parte, la condición civil de la Guardia Nacional obliga a que todos sus integrantes pasen por control de confianza. Eso no es problema para los policías federales (ellos ya lo pasaron), pero sí lo es para los policías militares y policías navales. Entonces, hay aquí un cuello de botella nada trivial: los centros de control de confianza del gobierno federal (PF, CNI, FGR) no tienen ni de lejos la capacidad para someter en un plazo de meses a decenas de miles de elementos a las pruebas correspondientes. Se puede ampliar la capacidad, pero, de nuevo, eso toma tiempo y dinero.
Todo lo anterior sin considerar que, en razón de que la reforma le permite a las fuerzas armadas actuar directamente en tareas de seguridad pública por los próximos cinco años, el incentivo de la Sedena y la Semar para pasar personal a la Guardia Nacional va a ser cercano a cero.
Además de dotar de personal, es necesario construir el andamiaje jurídico de la Guardia Nacional. En 60 días, se tiene que negociar, procesar y expedir la Ley de la Guardia Nacional. Y 30 días después, una ley de uso de la fuerza y otra para establecer un registro nacional de detenciones, además de adecuaciones a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Pero eso es apenas el principio: se va a requerir un reglamento de la Guardia Nacional, manuales de diversos tipos y circulares varias, todo lo cual es indispensable para pagar al personal, contratar nuevos reclutas y adquirir nuevo equipo. Y eso antes de empezar con los perfiles de puesto, los profesiogramas y demás parafernalia burocrática.
En resumen, esto va para largo.
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