Malas, ominosas, parecen haber sido las semanas recientes para la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, Raquel Buenrostro, quien desde los primeros días de la administración López Obrador ha estado al frente de una enorme concentración en las compras gubernamentales, con una dosis de poder transversal que le ha permitido nombrar y remover, con el simple chasquido de sus dedos, a funcionarios de alto nivel.
Por disposición presidencial directa, la firma de la señora Buenrostro ha debido figurar, como requisito obligado, en contratos por al menos 1 billón 200 mil millones de pesos, además de que se requirió su autorización para contratar a personal en toda la estructura gubernamental, incluso si se trata de plazas vacantes. El resultado depende de a quién se le pregunte: unos hablan de ahorros por 300 mil millones de pesos (que igual pudieron lograrse con un sistema más ágil), mientras otros alertan sobre subejercicio del presupuesto, estancamiento en la tarea pública, enorme cantidad de proyectos por adquisición directa e incluso ejemplos de una corrupción galopante.
A la inquietud que este modelo despierta de manera creciente se suma la práctica de despidos sumarios de funcionarios de áreas administrativas, en cualquier dependencia. Pero la segunda semana de noviembre surgieron indicios de que las cosas han empezado a cambiar y que el garrote de esta halcón de Hacienda muestra algunas fisuras.
En esos días la señora Buenrostro determinó el despido masivo de responsables administrativos de hospitales e institutos de alta especialidad, sector sobre el que comenzó a desarrollar una inquina importante desde que los directivos de estas instituciones de salud acudieron al Congreso para denunciar recortes inopinados en sus recursos, con riesgo inminente de desabasto de medicamentos y muertes evitables de pacientes.
Desde los niveles más altos de la Secretaría de Salud, que conduce Jorge Alcocer, se apeló esta decisión que se antojaba arbitraria, y la misma fue revertida en un lapso breve, lo que evitó que estallara un nuevo escándalo en el sector.
Pocos días después vendría un nuevo revés para doña Raquel, durante una videoconferencia nacional con los delegados del IMSS, que dirige Zoé Robledo, a los que la funcionaria les recetó una dosis importante de regaños y admoniciones…, hasta que sus interlocutores estallaron. Tras la primera inconformidad de algunos de ellos por la inanición financiera que sufren las estructuras bajo su cargo ergo vino una cascada de reclamos por la falta de sensibilidad y conocimiento del impacto que ocasionan decisiones tomadas en el escritorio. El coloquio debió ser suspendido para evitar una rebelión.
Puede decirse que estas protestas no son espontáneas y que atrás de ellas existe una estrategia para oponerse al inusitado esquema que supone dotar de semejante niveles de poder a una oficina cuyo diseño legal se ha ido ajustando a golpe de oficios y disposiciones cada vez más forzadas.
Efectivamente, todo indica que la resistencia contra lo que la señora Raquel Buenrostro representa tiene una sede clara y un nombre identificado. Se trata de la propia Secretaría de Hacienda y de su titular, Arturo Herrera, que ha logrado colocar en diversas dependencias a colaboradores que han ido formando un dique en favor de lo que ellos entienden como una administración sensata de la hacienda pública.
Apuntes
Si no hay una contraorden de última hora desde Palacio Nacional, Margarita Ríos-Farjat será la próxima integrante de la Corte, donde se espera que emplee sus capacidades en temas financieros y fiscales para ejercer un contrapeso ante Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena (también ex titular del SAT) y de Javier Laynez, expertos en estos campos, pero ampliamente identificados con gobiernos del PRI. Ella ha sido la única de las tres aspirantes que, con la luz verde de sus superiores, tocó ya la puerta de senadores de todos los partidos para abogar por su causa. Esta semana será entrevistada, lo mismo que Ana Laura Magaloni y Diana Álvarez Maury. Sin embargo, la decisión parece ya tomada.
