Contrario a versiones falsas que se manejaron, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se ha pronunciado sobre la viabilidad jurídica y constitucional de una consulta popular para enjuiciar a los expresidentes de la República. Ni su presidente, Arturo Zaldívar, ni ningún otro ministro o ministra han emitido opinión y no lo harán hasta que reciban la solicitud formal por cualquiera de las tres vías que marca la Constitución para autorizar la realización de un ejercicio de consulta a la ciudadanía sobre un tema tan delicado y sensible. Hoy podrían llegar esas solicitudes, tanto la que anunció el presidente López Obrador que enviaría a través de un escrito a los ministros del pleno, como el que mandará también el Senado, según anticipó ayer el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal.

Hasta ayer la recolección de firmas para solicitar la consulta por la vía ciudadana no alcanzaba la cifra de 1 millón 800 mil firmas de ciudadanos identificados, a pesar de los esfuerzos realizados por varios grupos, algunos civiles y otros vinculados a Morena que se dieron a la tarea de recolectar las firmas necesarias para avalar una solicitud a la Corte por esa vía. Y ante la posibilidad de que no se alcance el requisito constitucional, ayer en su conferencia mañanera López Obrador decía que de cualquier modo él ya tenía listo el escrito de petición que enviará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para solicitarle su aval de constitucionalidad al mecanismo por el que se pretende preguntarle a los mexicanos si están o no de acuerdo en que se lleve a cabo un juicio a cinco expresidentes de la República, desde Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y Vicente Fox, hasta Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

El quid de toda esta cuestión radica en la elaboración de la pregunta que se pretende someter a consulta de los mexicanos. De la redacción y la formulación de esa pregunta depende en gran medida de que la Corte decida o no darle el reconocimiento constitucional a dicha consulta. Todos los ministros, nos dicen fuentes cercanas al Poder Judicial de la Federación, están expectantes por saber qué dice la interrogante que se formularía en este ejercicio democrático porque de ello depende que le den o no el aval de constitucionalidad.
Por ejemplo, abogados constitucionalistas consultados por esta columna nos dicen que si la pregunta que se hace fuera: “¿Usted quiere que enjuiciemos a los expresidentes?”, no pasaría ni sería aceptada por la Corte; en cambio una pregunta más abierta como: “¿Está usted de acuerdo que haya juicio a expresidentes de la República si la autoridad encuentra malversación de fondos?”, entonces sí podría pasar porque dice lo obvio.
El propio ministro presidente, Arturo Zaldívar, ha dicho que no se va a pronunciar sobre la consulta ciudadana de manera anticipada por respeto al debido proceso. Hasta que la Corte no conozca el contenido y la redacción de la pregunta no emitirá ninguna opinión porque de eso depende la legalidad del posible ejercicio.

Así que, más allá del tema de la prescripción de delitos que señalan juristas y de que haya quien considere innecesario un ejercicio de consulta pública para llevar a los expresidentes a un proceso judicial inédito en la historia del país, veremos qué dicen los ministros de la Corte que con su decisión pueden validar y dar legalidad a una consulta que sería histórica o pueden también echar por tierra la posibilidad de que se someta a juicio a cinco exmandatarios si consideran que lo que se pretende preguntarle a los mexicanos es, de inicio, violatorio de la Constitución. Por eso la decisión de procesar por primera vez a los expresidentes, más que en manos del presidente López Obrador, está en las manos de la Suprema Corte de Justicia.

NOTAS INDISCRETAS…

La ebullición política en Sonora está desatada con miras a la sucesión del próximo año en la gubernatura. Las encuestas confirman la ventaja de Morena y de su muy seguro candidato Alfonso Durazo, aunque tampoco le dan una ventaja inalcanzable al actual secretario de Seguridad federal. De hecho hay otros aspirantes como el priista Ernesto Gándara, quien busca ir ahora por una alianza de partidos, que aparecen a escasos 10 o 12 puntos de Durazo e incluso nombres como el de la periodista y senadora Lilly Téllez aparecen en una tercera posición. Es decir que una alianza entre Gándara y Téllez le podría complicar la situación a Durazo que, por lo pronto, en espera de presentarle su renuncia al presidente López Obrador, muy probablemente empezando diciembre, no pierde el tiempo y ya pasa por lo menos dos o tres días en el territorio sonorense revisando su campaña. Incluso el secretario, por aquello de cuidarse que no lo acusen a él de actos anticipados de campaña, siendo funcionario público, ya mandó al estado como su operador de campaña a Jesús Valencia, el exdelegado de Iztapalapa que en algún tiempo fue cercano a Marcelo Ebrard y que ahora es incondicional de Alfonso Durazo, tanto que ya se le ve como el próximo coordinador de la campaña. Valencia, quien también se hiciera famoso por chocar en una lujosa camioneta en la Ciudad de México, que le había “prestado” un contratista de Iztapalapa, renunció a su cargo de Jefe de la Unidad de Políticas y Estrategias para la Construcción de la Paz, de la SSPC donde colaboraba con el mismo Durazo, y se mudó a Sonora donde ya prepara todo para que a partir del 1 de diciembre el actual secretario de Seguridad federal, con toda su estela de cifra de muertes y violencia, llegue a comenzar su precampaña. Entre Sonora e Iztapalapa hay mucha diferencia, pero Valencia ya se mueve en la tierra de don Plutarco y dicen que hasta el tonito sonorense ya imita… Los dados mandan Serpiente. Descendemos.