La ‘cacería’ que emprendió la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, contra exfuncionarios de las administraciones capitalinas, particularmente del sexenio de Miguel Mancera, podría darle un coletazo al canciller Marcelo Ebrard.

Y es que más allá de la lucha contra la corrupción y del estilo de Morena por evidenciar los yerros de las administraciones anteriores, las investigaciones y posteriores órdenes de aprehensión contra el extitular del Instituto de Vivienda de la CDMX, Raymundo Collins, representan también un intento por reconfigurar las estructuras económicas y de poder en la capital del país.

A diferencia de casos como el de Edgar Tungüí, excomisionado para el 19-S; Felipe de Jesús Gutiérrez, otrora Titular de la Seduvi; o Miguel Ángel Vázquez, excoordinador del gabinete de Miguel Ángel Mancera; el de Collins estaría relacionado con un intento de la administración de Claudia Sheinbaum por desmantelar a nivel local un grupo de poder que trasciende incluso la administración capitalina anterior.

Todo esto, con un mensaje adjunto hacia personajes que buscan tener influencia en las decisiones de gobierno y que, como lo hemos relatado anteriormente en esta columna, mantienen relación y control sobre la mayoría de actores económicos de peso en la ciudad. Uno de ellos es Marcelo Ebrard.

Raymundo Collins fue considerado en su momento ‘mano derecha’ del hoy secretario de Relaciones Exteriores; primero como subsecretario de Seguridad Pública, durante la jefatura de Gobierno de López Obrador, y posteriormente como encargado de la Central de Abastos en la administración del entonces Distrito Federal de Ebrard.

En este espacio le hemos comentado de la importancia económica que representa la Ceda para el gobierno de la CDMX; un centro en el que cada año se intercambian mercancías por 9 mil millones de pesos y en el que los funcionarios capitalinos tienen en su manos la asignación de servicios como el estacionamiento o el peaje para los más de 60 mil vehículos que ingresan diariamente, o para los servicios sanitarios de más de medio millón de personas que acude al lugar.

Hablamos de unos mil 800 millones de pesos que se mueven cada año en efectivo y que en gestiones anteriores, además de pasar por las autoridades de la Ceda, se movieron a través de empresas con marcada cercanía al Canciller, como es el caso de la operadora de estacionamientos Copemsa de Jorge Martínez.

Hace todo el sentido que Ebrard haya enviado a administrar la llamada ‘caja chica’ del gobierno capitalino a uno de sus hombres de mayor confianza, el mismo al que le encargó años atrás la coordinación de la policía preventiva y el diseño de los operativos de seguridad en la ciudad: Raymundo Collins.

Tampoco es extraño que entre los funcionarios que el hoy canciller colocó en el gabinete de Miguel Ángel Mancera se encontrara el propio Collins, incrustado a finales de 2012 en el Invi, tal como se pretendió incrustar, según fuentes del propio gobierno federal, en la SSP de Claudia Sheinbaum y en algún momento hasta en el mando civil de la Guardia Nacional.

Lo que sí resulta extraño es que la orden de aprehensión confirmada hace unos días por Sheinbaum tenga sus principales bases jurídicas en la carpeta de investigación FSP/B/T2/1280/13-06, que permanece desde 2013 en la Fiscalía de Servidores Públicos del Distrito Federal y que entre los promoventes de aquella investigación se encuentre el Grupo Constructor y Consultor DIC, de Servando Montoya, con quien el Invi de Marcelo Ebrard dejó adeudos millonarios.

También lo es que las indagatorias contra los presuntos actos de corrupción de Collins resurgen justo cuando Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública designado directamente por la Jefa de Gobierno, enfrenta la que sería la más severa crisis en su historia policial, por los señalamientos de vínculos y colaboraciones pasadas con Genaro García Luna, hoy bajo proceso en la corte de Nueva York.

El caso Collins sería entonces, según se dice en los alrededores del Palacio del Ayuntamiento, el llamado golpe de autoridad de Sheinbaum para asegurar que están en sus manos las riendas del poder capitalino y para recordar una vez más que en este régimen las mujeres son mucho más cercanas que los hombres a Andrés Manuel López Obrador.

Para Ebrard, por el contrario, el tema empieza a resultar amenazante, sobre todo porque las investigaciones contra su excolaborador perfilan también irregularidades en su gestión no sólo como administrador de la Ceda, sino como subsecretario de Seguridad Pública de la Ciudad, cuando Ebrard era su jefe directo.

El escenario se complica si se toma en cuenta que entre las múltiples investigaciones que corren en la UIF de Santiago Nieto para detectar extraños manejos financieros de exfuncionarios, circula también el nombre de Édgar Elías Azar, el eterno presidente del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX que llegó al cargo y se encumbró en el gobierno capitalino del actual responsable de la política exterior.

La UIF y el fiscal

Y hablando de la Unidad de Inteligencia Financiera, vaya enfrentamiento público el del fiscal general Alejandro Gertz Manero con Santiago Nieto, el titular del brazo antilavado de Hacienda.

Era sabido que Gertz y Nieto no se llevaban bien por el sigilo que, a decir del fiscal, se debía guardar en casos emblemáticos como el del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, o el del empresario Alonso Ancira.

El fiscal considera que Nieto le echó a perder esos dos casos por su ‘protagonismo’ ante los medios de comunicación. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, también se ha pronunciado por un bajo perfil del titular de la UIF.

Sin embargo, ayer el Presidente sacó el pecho por Santiago Nieto, de quien insinuó no abre o cierra una investigación sin su visto bueno.

Nieto quería ser el fiscal anticorrupción, y desde hace algunos meses también ha mostrado interés en ser el nuevo fiscal general de la República.

A juzgar por el hartazgo de Gertz y el espaldarazo del Presidente al titular de la UIF, es probable que sus deseos se hagan realidad pronto.
Al tiempo.

@MarioMal

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