Detrás de la discusión y eventual aprobación de la legalización de la siembra, producción y comercialización de las plantas del cannabis y cáñamo, que se va a iniciar en el Senado de la República a partir del próximo 1 de febrero, hay una enorme cauda de intereses económicos y de empresas nacionales y trasnacionales, que ya se mueven en pos del millonario mercado y los negocios e industrias que van a generar la legalización de esas plantas en el territorio mexicano.

Más allá del uso lúdico de fumar marihuana, que representa apenas el 20% del uso de esa planta, el verdadero negocio estará en lo que llaman “la Revolución Verde” y tiene que ver con los usos industriales, medicinales, agrícolas, ambientales, alimenticios y hasta cosméticos que se pueden obtener de la cannabis y el cáñamo, que representan el 80% del aprovechamiento de ambas plantas en sus distintas variedades. Es ese millonario negocio, que ya se explota en varios países del mundo, incluido Estados Unidos, lo que ha atraído la presencia en México de empresas trasnacionales que han puesto sus ojos en el codiciado mercado mexicano, por las enormes ventajas climáticas y orográficas que tiene el país para la producción industrial de la cannabis.

Cabilderos de empresas estadounidenses, canadienses, holandesas, australianas, varias de ellas asociadas con empresarios mexicanos, llevan a cabo un intenso cabildeo entre senadores de las distintas bancadas partidistas, a fin de influir en la redacción final de la iniciativa de Ley para la Regulación del Cannabis y las reformas a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal, cuyos dictámenes están ya listos y redactados y se someterán a la votación del pleno de senadores en las próximas semanas, previas negociaciones entre los grupos parlamentarios.

La mayoría de Morena, comandada por Ricardo Monreal, está a favor de esta regulación que será histórica en México y que atiende una recomendación y jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que el Congreso de la Unión regule la siembra, producción y consumo de la cannabis y sus distintos derivados, tanto con fines lúdicos como industriales, medicinales y demás formas de aprovechamiento.

Monreal ha solicitado a las bancadas de oposición que elaboren una lista con sus propuestas de adición o sus puntos en contra del dictamen aprobado y elaborado por las Comisiones Unidas de Justicia, Salud y Estudios Legislativos, con opinión también de la Comisión de Seguridad Pública, de tal modo que comience la próxima semana la discusión y la negociación interna para llegar a un proyecto de ley plenamente consensuado y que tome en cuenta todas las posiciones políticas representadas en el Senado.

El modelo propuesto en el dictamen de la iniciativa que presentaron conjuntamente los senadores Olga Sánchez Cordero y Ricardo Monreal Ávila, es un “modelo mixto” en el que el Estado tiene el control de la producción, comercialización e industrialización de la cannabis y el cáñamo, y otorga “permisos” o “concesiones” a particulares y empresarios para explotar esta planta en sus distintos usos.

Para regular la industria que se busca generar a partir de la legalización, se crea el Instituto Mexicano de Regulación y Control del Cannabis, que se encargará de otorgar las licencias y prórrogas para el cultivo, cosecha, procesamiento, almacenaje, transportación y venta del cannabis para fines personales, medicinales y comerciales, además de que podrá retirar, cancelar y suspender dichas licencias y aplicar sanciones administrativas por infringir las normas aplicables, y además el Instituto promoverá, realizará y comisionará investigaciones científicas, médicas y socioculturales relacionadas con el cannabis y sus productos, dictará los lineamientos para crear un padrón de cooperativas y autorizará los permisos para la importación y exportación del cannabis y sus derivados.

La ley impondrá controles estrictos así como penas y tipificación de delitos para quien viole el uso adulto del cannabis y utilice a menores de edad para su consumo, venta, producción y comercialización; además definirá las cantidades y gramos que podrá portar una persona adulta para su consumo personal, sin que se le criminalice o se le acuse de comercializar la cannabis sin tener permiso para ello. Una de las propuestas que realizarán senadores del PRD para adicionar la ley, tiene que ver con el uso del cannabis para la producción de cosméticos, que no está considerada en la iniciativa y que hoy representa una industria que genera millones en otros países.

Veremos, pues, cómo se pone la aprobación de la Ley para la Regulación del Cannabis y qué tanto influyen en su redacción final los cabilderos de las empresas nacionales y trasnacionales que han estado rondando a senadores clave en la discusión del tema. En todo caso, a reserva de conocer cómo queda la regulación final, lo que México ya no puede hacer es seguir frenando, por el tabú y el estigma social del consumo de la marihuana como estupefaciente, toda una industria millonaria y una enorme fuente de empleos para campesinos y trabajadores, además de los beneficios ambientales y medicinales, que ya está en marcha en varias partes del mundo y que aquí, teniendo las mejores condiciones para explotarla, seguimos sin aprovechar una planta que de cualquier modo se siembra, se procesa y se comercializa ilegalmente en nuestro país.

NOTAS INDISCRETAS…

Cada vez surgen más evidencias de que la crisis de desabasto de medicamentos e insumos en los hospitales públicos, si bien fue un problema heredado, se agravó y estalló con toda su crudeza por las decisiones tomadas por este gobierno y su modificación de los sistemas de compras de medicamentos y los mecanismos de distribución, además de la fallida entrada en vigor del Insabi. Al oficio ya hecho público de la Oficial Mayor de Hacienda, Thalía Lagunas Aragón, en el que se reconoce que la escasez actual de medicamentos se deriva del atraso en la realización del esquema de compras consolidadas y a que la entrega de medicamentos se pactó hasta marzo de este año, dejando descubierto el primer trimestre de este año, se añade ahora la disposición de la Secretaría de Salud que autoriza la importación de medicamentos provenientes de otros países, aun cuando éstos no tengan el registro sanitario de México. La medida, en medio de la falta y desabasto de medicamentos en hospitales públicos, dice que “en caso de que la Secretaría, a través de la Comisión Federal para Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) determinara que los medicamentos con registro en México no cumplan con la calidad, seguridad, eficacia y buenas prácticas de fabricación, la Secretaría (de Salud) y Dependencias relacionados con el Abasto Nacional e Internación a territorio nacional de insumos para la salud, determinarán iniciar el proceso de importación de materias primas o productos terminados que cuenten o no con registro sanitario en México, de acuerdo con el artículo 13 del Reglamento de Insumos para la Salud”. Es decir, que ya le dieron en la torre al abasto, distribución y compra de medicamentos nacionales, y ahora van a dañar a las empresas y laboratorios nacionales, todo para subsanar las deficiencias que causaron con la ineptitud y el sospechosismo que los llevaron a desmantelar el sistema de compras que, con sus problemas y situaciones de corrupción, pero funcionaba en el país. ¿No hubiera sido mejor que investigaran y castigaran la corrupción antes de desmantelar totalmente el sistema de compra y abasto de medicinas y provocar una crisis que hoy buscan resolver con medidas desesperadas como la importación masiva de medicamentos?...Se lanza el tiro. Capicúa de los dados.