Para recibir los contratos millonarios que le otorgaban todas las dependencias del gobierno federal, empezando por Los Pinos, para la realización y organización de los eventos importantes del presidente y las secretarias y organismos públicos, la exprimera dama, Angélica Rivera ni siquiera tuvo que crear una empresa propia ni darla de alta en Hacienda. A través de la empresa Actidea, S.A de C.V., especializada en la organización de eventos y que existía desde 2005, su hermana Adriana Rivera operaba para que los socios de esa compañía aparecieran como los contratistas y cobraran los pagos del erario federal que compartían con las hermanas Rivera.

Actidea, propiedad de Eduardo Gama y de Alfredo Gatica, este último yerno del expresidente Carlos Salinas de Gortari, tuvo mediante un acuerdo con Angélica Rivera, la exclusividad de los grandes eventos del gobierno federal, desde las cinco ceremonias del Grito de Independencia que encabezó el presidente Enrique Peña Nieto en su sexenio, por las que cobraba en promedio 18 millones de pesos, hasta la organización y logística de los eventos de la Presidencia, de la Secretaría de Hacienda, del SAT y de todas las secretarías de Estado y organismos federales, que le otorgaban “por instrucciones de Los Pinos” todos los contratos que tuvieran que ver con eventos y actos oficiales, la mayor parte de ellos sin licitación y por adjudicación directa, a pesar de que sus tarifas y cotizaciones siempre eran de hasta dos o tres veces las que cobraban otras empresas especializadas.

Tan sólo hasta en el 2016, según documentó en una investigación el portal Sinembargo, Actidea había facturado cerca de 500 millones de pesos por contratos para eventos gubernamentales, más los que sumó en los dos años restantes del sexenio. La empresa creada en 2005 y que en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón apenas había conseguido 10 contratos, 1 en 2006, cinco en 2009 y cuatro en 2012 y había facturado 47 millones de pesos, tuvo un crecimiento sorprendente en cuanto empezó el sexenio de Peña Nieto. Para 2013, el primer año de la administración peñista, ya contaba con contratos del gobierno por 180 millones de pesos, y tres años después, en el Portal de Obligaciones y Transparencia (POT) del gobierno federal, la empresa de Eduardo Gama y Alfredo Gatica, ya aparecía con 97 contratos, de los cuales 88 fueron por adjudicación directa y montos de pagos por hasta 500 millones de pesos.

¿Cómo pasó esa empresa en la que figura un yerno de Carlos Salinas, de facturar 47 millones en 10 años a obtener contratos por más de 500 millones en el sexenio de Peña Nieto? La respuesta la confirman exfuncionarios de alto nivel del gobierno peñista, quienes aseguran que Actidea fue la compañía “fachada” que encontró la familia de Angélica Rivera para hacer el negocio millonario que les dejó en exclusiva el presidente durante todo el sexenio. No había evento importante, para el gobierno federal y la Presidencia, que no se le encargara a esa empresa que era la encargada de organizar los eventos y compartir las ganancias con sus “madrinas” en el gobierno.

Tan sólo la Secretaría de Hacienda, a cargo de Luis Videgaray, le había dado en 2016, 12 contratos por un total de 19 millones de pesos, todos ellos por adjudicación directa, entre los que figuraron los eventos para la “presentación de las Reformas Financiera y Hacendaria, además de foros sobre el Plan Nacional de Desarrollo y otros eventos que en su momento tuvo la dependencia. Según el reportaje de Sinembargo, también el SAT le otorgó dos contratos a la empresa recomendada desde Los Pinos, uno para un evento denominado “Juntos contra la Ilegalidad” y otro para el evento por sus 18 años de creación; pero además el Sistema de Administración Tributaria también le perdonó a Actidea, SA. de CV. el pago de una multa por 167 mil 958 pesos, a pesar de que había obtenido ingresos por 500 millones de pesos con sus contratos de gobierno.

Así que las “empresas fachada” y los “prestanombres” no son algo nuevo, sobre todo cuando se trata de encubrir y ocultar información de personajes cercanos a la Presidencia de la República, ya sean familiares directos de la esposa, como en el caso del sexenio peñista, o colaboradores directos del Presidente, como se asegura que ocurre ahora en los tiempos de la 4T cuando los eventos de la Presidencia de la República siguen siendo una fuente de ingresos para ciertos personajes públicos de los que les comentaremos mañana.

NOTAS INDISCRETAS…

¿Quién le pasó información a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y la convenció de que saliera a acusar públicamente al empresario Raúl Beyruti y a Grupo GIN de estar detrás del financiamiento a los colectivos feministas y de víctimas que mantienen tomadas, ya casi por un mes, la sede de la CNDH en la calle de República de Cuba? La pregunta es porque no había pasado ni una hora de que Sheinbaum presentara en su conferencia de prensa las evidencias de la conexión de Beatriz Gasca Acevedo, directora de Recursos Humanos de GINGroup, con las dirigentes feministas que tienen tomado el edificio público, a quienes dijo financiaba con recursos del grupo empresarial, cuando el conglomerado de empresas de Beyruti, el principal proveedor de servicios de outsourcing en México, se deslindó en un comunicado de la funcionaria y de su activismo, que dijo “realiza a título individual y en horarios fuera de su trabajo” sin que la compañía tuviera, según afirmaron, ningún nexo con ese o cualquier otro conflicto de tipo político o movimiento en favor de los derechos humanos. Fue tan contundente el deslinde de Beyruti y de su grupo, que unas horas después anunciaron el despido de Gasca Acevedo para remarcar que no tenían nada que ver con un supuesto financiamiento al movimiento feminista denunciado por la Jefa de Gobierno. Al final, lo que logró Sheinbaum fue el despido de una mujer, Beatriz Gasca, que igual estaba haciendo activismo por su cuenta y por sus convicciones, y de paso se echó en contra a los colectivos feministas que ya de por sí le han hecho la vida imposible en la Ciudad de México con sus manifestaciones cada vez más violentas en los últimos días. También, con información de “inteligencia” que al parecer no era muy acertada, la gobernante capitalina y aspirante a candidata presidencial en 2024 manda un mensaje de confrontación con un sector como el empresarial, que de por sí no tiene muy buenas relaciones con la 4T y que puede acabar poniendo en jaque a este gobierno. Tal vez a la Jefa de Gobierno alguien le dio el expediente y la utilizaron para mandar un mensaje sobre un personaje como Beyruti al que investigan el SAT y la UIF por el tema del outsourcing ilegal desde hace varios meses; lo malo es que, con el deslinde contundente de GINGroup, la doctora Claudia no quedó bien ni con los empresarios, ni con los colectivos feministas ni con su expediente de “inteligencia”…Dados girando. Escalera.