La semana pasada, por debajo del radar y con poca gente prestando atención, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa que transfiere el control de los puertos a la Secretaría de Marina (Semar). Falta aún la aprobación del Senado, pero no hay razones para suponer que el dictamen será rechazado en la cámara revisora.

Casi en paralelo, el administrador general de Aduanas, Horacio Duarte, anunció el nombramiento de 16 nuevos funcionarios como encargados de las aduanas marítimas del país. Todos sin excepción provienen de la Marina, aunque algunos ya están en situación de retiro.

Con estos hechos, se da un paso más en la creciente militarización de la administración pública del país. El ámbito de responsabilidades de las Fuerzas Armadas se ha extendido enormemente en el actual gobierno, agudizando un fenómeno que ya tiene al menos dos décadas.

Este fenómeno no va a detenerse en el futuro próximo. En primer lugar, hay una afinidad marcada del presidente Andrés Manuel López Obrador por los militares (comentada en esta columna hace algunas semanas http://eluni.mx/yzhpf). Nada indica que eso vaya a cambiar en el corto plazo.

En segundo término, la militarización es un proceso que se alimenta a sí mismo, por diversos mecanismos:

1. La militarización de una función civil se extiende por analogía a funciones adyacentes. Si se encomienda a los militares el combate al huachicol, ¿por qué no ponerlos a administrar la distribución de gasolina en pipas? Es parte de lo mismo, se argumenta. O si están a cargo de la lucha contra el narcotráfico y el tráfico de armas, ¿no deberían de tener también el control de las aduanas? Por allí pasan armas y drogas, ¿no?

2. La militarización inhibe la construcción de capacidades civiles. Si se entrega a los militares el control de la seguridad pública, ¿qué sentido tiene invertir en la formación de mandos civiles? Después de algunos años, no hay mandos civiles a quien recurrir y no queda más alternativa que dejar la responsabilidad a los militares. Lo mismo puede suceder en el caso de las aduanas o la administración portuaria.

3. La militarización de funciones genera estructura en las Fuerzas Armadas. Eso genera una doble inercia. Se empieza a formar personal especializado en ciertas áreas de la administración pública que no es fácilmente reconvertible a tareas más tradicionales del aparato militar. En paralelo, la infraestructura y el equipo de las Fueras Armadas se ajustan a las nuevas funciones. Eso genera una inercia para mantener las funciones específicas dentro de Sedena y Semar. Además, toda estructura burocrática tiende a operar para extender sus facultades y presupuesto.

4. La militarización genera fuentes de ingreso para las Fuerzas Armadas fuera del control presupuestal tradicional. Por ejemplo, los gobiernos estatales y municipales han hecho donaciones en especie a la Sedena para la construcción de cuarteles de la Guardia Nacional. Una parte de las ganancias generadas por el aeropuerto de Santa Lucía irán directamente a la Sedena (o, al menos, así lo manifestó en una entrevista el general a cargo del proyecto). Esos ingresos adicionales pueden generar un incentivo a ampliar el ámbito de actuación de las Fuerzas Armadas.

En resumen, la militarización genera una inercia muy potente. Para revertirla, se requiere 1) retomar el viejo proyecto de construcción de un servicio civil de carrera, 2) incrementar el presupuesto directo para las Fuerzas Armadas (para romper los incentivos financieros descritos arriba), y 3) revisar los mecanismos de control civil sobre el aparato militar.
Nada de eso va a suceder en esta administración, pero hay que ponerlo en la agenda de 2024.
 
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