En este gobierno “no somos iguales”, dice cada mañana en su conferencia de prensa Andrés Manuel López Obrador. Pero la forma en que la 4T pretende ahorcar a Altos Hornos de México (AHMSA), y arrebatarla de las manos de su propietario Alonso Ancira, se asemeja mucho a las formas que puso en práctica su antecesor.
La relación con el salinismo, la posible complicidad en la venta irregular de Agro Nitrogenados, y sobre todo la negativa para reintegrar al erario los 200 millones de dólares de supuesto sobreprecio que pagó Pemex para hacerse de la planta de fertilizantes chatarra, pusieron a AHMSA prácticamente en un disfrazado proceso de ‘expropiación’.
El objetivo de AMLO en este tema es más que claro: entregar el control de la acerera a Grupo Villacero, de Julio Villarreal, el mismo que en 2012 inyectó un presunto crédito de 50 millones de pesos a la campaña presidencial perredista y cuya apuesta para 2018 con Morena debió haber sido mayor.
La ruta es similar a la que se siguió en el gobierno de Enrique Peña Nieto para hacerse del control de compañías como Oceanografía y Oro Negro, que como proveedoras de Pemex operaban negocios con la entonces paraestatal que superaban, en ambos casos, mil millones de dólares.
Los montos de los contratos para servicios de renta de barcos y plataformas petroleras eran un apetitoso botín para funcionarios como Luis Videgaray y Emilio Lozoya, y por supuesto para operadores del peñanietismo como Humberto Castillejos y Alberto Bazbaz, quienes se encargaron de operar la estrategia judicial del despojo.
Se espera que antes del 18 de septiembre, y a pesar de la resistencia de Alonso Ancira, el caso de AHMSA tenga un desenlace parecido, con nuevos propietarios cercanos al presente gobierno y con un plan de rescate financiero de la compañía que incluye contratos con empresas productivas del Estado, como la Comisión Federal de Electricidad, que encabeza uno de los funcionarios más cuestionados de todos los tiempos: Manuel Bartlett.
Como en la época de Enrique Peña Nieto, en la que “il consigliere” de Los Pinos, Humberto Castillejos, encabezaba la estrategia de ‘expropiación’, el consejero Jurídico de la presidencia, Julio Scherer Ibarra, emerge como el contacto directo con Julio Villarreal, tal y como quedó de manifiesto en la llamada entre ambos personajes reciclada hace unos días en los medios de comunicación.
Participa también en este proyecto el desaparecido jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, encargado de ser el intermediario entre las dos empresas acereras y de asegurar que la transición no represente un todavía mayor golpe económico a Coahuila, cuyo producto interno bruto depende en un 8% de las actividades de AHMSA.
El esperado cambio de dueño, anunciado de manera recurrente en las mañaneras de Palacio, deberá superar únicamente dos impedimentos, relevantes ambos en el papel, pero manejables ante la importancia y el simbolismo que el tema ha tomado para AMLO: el tamaño de la inyección financiera que requiere AHMSA y la resistencia de un empresario que, como Alonso Ancira, se ha curtido por años en las crisis.
En el tema financiero se habla, en las proyecciones más conservadoras, de una inyección de mil 500 millones dólares para rescatar la compañía, la cual se vio considerablemente afectada en sus operaciones tras la cancelación de contratos de suministro de carbón para su subsidiaria MICARE, concretado esto desde la CFE de Manuel Bartlett.
Se sabe que estos y otros contratos estarían de regreso ante el eventual cambio de manos de la compañía, por lo que el asunto al que deberá enfocarse el gobierno de AMLO es a doblegar la voluntad de un personaje que en el pasado y con su multicitada suspensión de pagos logró poner de rodillas a algunos de los bancos más poderosos a nivel mundial.
Posdata
Emilio Lozoya y Alonso Ancira, otrora compadres, rompieron lanzas. Contra su voluntad, el primero lo acusa de haber defraudado a Pemex, y el segundo le revira que no ha declarado todo lo que tiene que declarar en diligencias con la FGR. Ambos debieron haber olvidado las fiestas en lugares paradisíacos, las múltiples visitas del exdirector de Pemex a la torre GAN de AHMSA, en Polanco, y sobre todo aquel viaje de ensueño a la Antártida, en el barco rompehielos de decenas de millones de dólares que se regalaron para sellar su complicidad cuando se sentían dueños del mundo.
PensionISSSTE: ¿algo que presumir?
En el PensionISSSTE, que encabeza Iván Pliego Moreno, andan muy activos presumiendo menores comisiones que el resto de las Afore en el país. Pero más allá de lo sano de la competencia, habría que contextualizar que sus comisiones, si bien son bajas, lo que importa es el rendimiento menos las comisiones, y ahí simplemente andan a media tabla.
Por otro lado, habría que ver si no tienen ventajas competitivas porque están subsidiados por el gobierno –sus empleados son del ISSSTE–, además de que son completamente deficientes, pues no tienen buenos cuadros en inversiones y menos en el control de procesos.
Uno de los dilemas es el conflicto de interés de una entidad inversora pública al momento de tomar decisiones para colocar recursos. Basta recordar lo mal que le fue con ICA –en esta columna le documentamos las pérdidas en 2018–, aunado a que se da por descontado que será uno de los primeros inversionistas institucionales en obras inviables, como el Tren Maya.
Las cuentas de El Bronco
A 10 meses del proceso electoral en Nuevo León, el presidente Andrés Manuel López Obrador acudió a ese estado para escuchar decir al actual gobernador, Jaime Rodríguez El Bronco que los gobernadores “no son pedinches y siempre colaboran”.
AMLO y el Bronco no son tan diferentes: ambos llegaron al poder como candidatos antisistema y enarbolando la bandera de la lucha contra la corrupción.
Sin embargo, el neoleonés está lejos de eso, pues las revisiones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública a las cuentas públicas que van de 2015 a 2018 reportan que no se ha comprobado el uso y destino de 93% del ejercicio fiscalizado, lo que representa casi 20 mil millones de pesos.
Falta de comprobación del gasto, subejercicios, transferencias a cuentas bancarias no autorizadas y recursos ejercidos que no cumplen con los objetivos específicos o programas son los señalamientos que pesan sobre su administración.
En los siguientes 10 meses, Jaime Rodríguez, junto con Carlos Garza Ibarra, secretario de Finanzas y Tesorería General del Estado, responsable de aclarar el ejercicio irregular de ese gasto, deberán rendir cuentas y dar explicación de cada peso de los contribuyentes.
En materia de seguridad, la ASF también ha reportado inconsistencias; entre ellas, en la cuenta pública de 2018 se detectó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 2 millones 647 mil pesos, derivados del sobreprecio de 317 chalecos antibalas.
@MarioMal
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