El lunes pasado, al analizar la propuesta de presupuesto para 2020 en el sector seguridad, escribí lo siguiente:
“La Guardia Nacional (GN) es un ente raro. Se le está proyectando un presupuesto de 3.8 mil millones de pesos, de los cuales 2.8 miles de millones de pesos se dedicarían a servicios personales. Se ha mencionado que el sueldo mensual de un guardia nacional será de 19,000 pesos, más prestaciones. Eso implica, aproximadamente, un costo —solo para servicios personales— de 370 mil pesos al año por integrante. Dado eso, el monto presupuestado solo alcanza para 7,567 elementos de la GN. Pero, según lo dicho por el presidente López Obrador, la nueva corporación tiene 58 mil integrantes. Eso significa algo muy simple: el grueso de los miembros de la Guardia Nacional sigue teniendo plaza (y cobrando) en Sedena o Semar.
Pues resulta que la Guardia Nacional es aún más rara de lo que suponía. Al continuar el análisis del presupuesto, encontré lo siguiente:
1. El presupuesto para servicios personales de la GN solo incorpora dos conceptos: remuneraciones especiales y adicionales (es decir, bonos e incentivos), y seguridad social (pagos al ISSSTE o al ISSFAM). Dicho de otro modo, no se le está dando dinero a la GN para pagar sueldos.
2. En una sección del proyecto de presupuesto, se incluye algo conocido como analítico de plazas y remuneraciones. Allí se describen el número de plazas laborales y los niveles salariales correspondientes en las distintas dependencias de la administración pública. Pues resulta que la GN no existe en el analítico de plazas. Ni siquiera se le menciona.
¿Qué significa esto? Algo simple: la GN no tiene plazas. Ni una sola. Y no se le están dando recursos para que eso cambie el año que entra. Previsiblemente, absorberá las plazas de la Policía Federal (no lo ha hecho hasta ahora), pero el personal que venga del Ejército o la Marina conservará sus plazas en la Sedena o la Semar. La GN se limitará a pagarles un sobresueldo (para homologar la remuneración de soldados y marinos con la de los policías federales) y cubrir una parte de sus aportaciones a la seguridad social.
¿Y eso por qué es relevante? Por tres razones:
1. En la Ley de la Guardia Nacional, aprobada en mayo pasado, se establece lo siguiente como requisito para que un militar se incorpore a la corporación: “Estar funcionalmente separado de su institución armada de origen y quedar adscrito a la Guardia Nacional” ¿Está “funcionalmente separado” del Ejército alguien que cobra sueldo en Sedena, puede regresar en cualquier momento a las fuerzas armadas y es adscrito a la GN mediante un simple oficio de comisión? Como mínimo, es debatible. Como máximo, es una burla a la ley.
2. Como resultado de esa ambigüedad, las actuaciones de los integrantes militares de la GN pueden quedar en entredicho en los tribunales. Por ejemplo, un juez podría decretar que una detención es ilegal porque fue realizada por personas que, al no cumplir con los requisitos de ingreso, no están adecuadamente acreditadas como miembros de la GN.
3. Al permanecer la inmensa mayoría de las plazas en Sedena o Semar, la supervivencia de largo plazo de la GN está amenazada. El siguiente gobierno podría casi borrarla de un plumazo sin siquiera pasar por el Congreso. Bastaría con retirar los oficios de comisión de los militares que la integren.
En resumen, si el gobierno quiere evitar que su institución estrella acabe envuelta en un océano de litigios y bajo amenaza de ser liquidada cuando cambien los vientos políticos, tendría que empezar a poner orden. Y eso significa aceptar que alguien puede ser soldado o guardia nacional, pero no las dos cosas al mismo tiempo.
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