Tras la captura y el próximo inicio de un juicio en contra del general Salvador Cienfuegos en la Corte Federal del Este de Nueva York, la agencia antidrogas de Estados Unidos tiene en su poder una lista en la que figuran otros militares de alto rango del Ejército mexicano, algunos de ellos generales y otros mandos medios que fueron parte de la estructura con la que operó el exsecretario de la Defensa Nacional en sus operaciones de narcotráfico y lavado de dinero a favor del Cártel de los Hermanos Beltrán Leyva en Nayarit. Esa lista, que comentan fuentes del gobierno mexicano y confirman fuentes de seguridad en los Estados Unidos, será materia de futuras órdenes de detención solicitadas al Departamento de Justicia y algunas de ellas motivarían posibles detenciones con fines de extradición a la administración del presidente López Obrador.

Aunque las fuentes tanto mexicanas como estadounidenses no manejan nombres de quienes aparecen en ese listado, se asegura que se trata de oficiales y generales que estuvieron bajo el mando del general Cienfuegos y que fueron parte de la “red de corrupción” que desde las cúpulas del Ejército se coludieron con el mencionado grupo del narcotráfico y brindaron protección y ayuda en sus actividades delictivas al capo Juan Francisco Patrón Sánchez, quien asumió el liderazgo tras la muerte de los hermanos Beltrán Leyva y quien, de acuerdo con los informantes de la DEA y las pruebas que dicen tener en conversaciones telefónicas y mensajes de texto salidos del teléfono del general mexicano, pagaba sobornos al titular de la Sedena a cambio de que lo dejaran operar el tráfico de marihuana, cocaína, heroína y metanfetaminas desde Nayarit hacia Estados Unidos.

A pesar de que el presidente López Obrador ha declarado que no ordenará ninguna “limpia” en el Ejército mexicano hasta que se comprueben las acusaciones contra el exsecretario de la Defensa en Estados Unidos, la realidad es que, aún antes de que Cienfuegos pueda ser sentenciado, la DEA podría activar y solicitar órdenes de captura contra otros militares mexicanos que aparecen también en sus investigaciones, algunos de los cuales están aún en activo y ocupan posiciones importantes en la estructura de la Sedena. La agencia estadounidense no esperaría necesariamente a que un juez determine la culpabilidad o inocencia de Cienfuegos y en ese sentido, si aquí el gobierno y la Defensa no se adelantan a hacer una depuración de aquellos que pudieron estar vinculados a las actividades presuntamente ilícitas del general exsecretario, podría ocurrir que tanto la Defensa como Palacio Nacional volvieran a ser “sorprendidos” con acusaciones y órdenes de aprehensión contra más miembros de las Fuerzas Armadas mexicanas.

Porque al final cada vez va quedando más claro que en el tema de la sorpresiva detención de Cienfuegos y la nula información que le dio la DEA al gobierno de México, hay todo un mensaje de la poderosa agencia estadunidense hacia la administración de López Obrador, a la que le perdieron totalmente la confianza tras el fallido operativo para detener y extraditar a Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, aquel 17 de octubre de 2019. No fue casual que la detención de Cienfuegos se produjera justo un año después de aquellos hechos que en su momento causaron una enorme irritación y molestia en Washington y especialmente entre los mandos de la DEA que habían armado toda la inteligencia y la información para la captura de Ovidio con fines de extradición, pero que fue echada a perder por la pésima instrumentación del operativo de la Sedena, la incapacidad del gobierno mexicano para reaccionar y someter a los grupos armados del Cártel de Sinaloa y, según lo declaró públicamente, la orden directa del presidente López Obrador de que soltaran a un delincuente acusado y solicitado por un gobierno extranjero, “por razones humanitarias”.

El nivel de hostilidad que se mostró en contra de México, en el golpe que significó la inédita detención de un exjefe del Ejército mexicano, tuvo que ver con esa mala relación y, sobre todo, con la nula cooperación que ha mostrado el gobierno de López Obrador hacia las agencias estadunidenses que, como lo ha dicho el propio presidente en estos últimos días, se acostumbraron a tener un alto nivel de injerencia y de cooperación con las instituciones mexicanas en los últimos sexenios y a las que se les cerraron no sólo las vías de comunicación y de cooperación, sino que además se les respondió con una estrategia de “abrazos, no balazos” y de reconocimiento a “los derechos humanos” de los capos de la droga, que derivó en cero golpes y detenciones de narcotraficantes y en la vergonzosa rendición de las Fuerzas Armadas en la captura y liberación de Ovidio Guzmán.

La guerra de la DEA contra el Ejército mexicano apenas empezó y no va a parar ni aún con las elecciones presidenciales en Estados Unidos, porque la agenda de la poderosa agencia antidrogas, que siempre ha visto a México y a sus narcotraficantes como su principal objetivo y razón de ser, no depende de las coyunturas políticas ni de quien gane la Casa Blanca en las próximas votaciones. Sea Trump o Biden o incluso en medio de un conflicto postelectoral como el que se avizora en el país vecino, los mandos de la DEA y los fiscales y jueces de la justicia estadunidense seguirán su cacería contra los generales y políticos mexicanos.

NOTAS INDISCRETAS…

Como si no fuera uno de los pendientes más graves de su gobierno, el presidente López Obrador no había definido quién será el nuevo secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, luego de que ayer Alfonso Durazo le presentara su renuncia al cargo para irse a buscar el gobierno de Sonora. La indefinición presidencial para una salida que lleva meses de anunciada ha provocado toda clase de tensiones y golpeteos internos entre los distintos grupos de su gabinete. Ayer, por ejemplo, se insistía en que el canciller Marcelo Ebrard podría ser nombrado secretario de Seguridad y la versión era empujada con insistencia por los sectores más duros de la 4T que ven en el titular de Relaciones Exteriores a un incómodo precandidato presidencial. Era tanta la insistencia por presionar un nombramiento de Ebrard que ya hasta se hablaba de quién podría sustituirlo en la cancillería. Es claro que quienes empujan esa posibilidad, que no puede descartarse del todo, no es por que crean que Marcelo podrá salvar al presidente de las malas cifras de inseguridad y los nulos resultados que le deja Durazo, sino más bien lo que buscan es eliminar a un posible rival en la todavía lejana sucesión presidencial de 2024 a la que difícilmente llegaría bien librado un encargado de la complicada seguridad federal. En fin que mientras López Obrador dubita y deshoja la margarita, queda una semana para saber quién ocupará la vacante que dejará Durazo y de aquí entonces, como diría el falso Quijote, “cosas veremos, amigo Sancho”… A propósito de cosas que se ven, la imagen que difundió el gobierno de Tamaulipas, donde el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca aparece en un evento en Reynosa acompañado de funcionarios y representantes de agencias del gobierno de Estados Unidos como el Homeland Security, del Departamento de Estado, de la Oficina de Aduanas y Protección Froteriza (CBP en inglés), de la Patrulla Fronteriza y hasta del ICE o Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, es sin duda un mensaje que manda el mandatario panista para todos aquellos que afirman que está en la mira del gobierno estadounidense y de la DEA y que no podría cruzar en este momento la frontera y pisar territorio del vecino país, del que por cierto también es ciudadano. Los funcionarios estadounidenses cruzaron la frontera para asistir invitados por Cabeza de Vaca a la puesta en operación del primer Complejo Regional en Seguridad Pública, de cuatro de estos centros que está construyendo el estado de Tamaulipas. En el evento, además de los representantes de las agencias, también estuvo la cónsul de EU en Matamoros y el congresista Henry Cuellar, del estado de Texas, además del comandante de la Octava Zona Militar, el general Pablo Alberto Lechuga Horta. Y más allá de las cifras que se dieron sobre la seguridad en Tamaulipas, que a decir del gobernador pasó de ser el estado que ocupaba el primer lugar nacional en delitos de alto impacto a ser ahora el número 25, según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que más se destacó fue el mensaje que se mandaba con esta reunión. ¿Será que así como vienen los funcionarios de Estados Unidos a México a acompañar a Cabeza de Vaca, él podría ir a visitarlos del otro lado? En su gobierno dicen que sí y que no tiene ningún temor ni impedimento…Los dados mandan doble Serpiente. Caída libre.