Ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil que han luchado por años para ir cerrando poco a poco los espacios de impunidad del país comienzan solos esta Cuarta Transformación, porque si algo quedó claro este fin de semana en los dos discursos de Andrés Manuel López Obrador es que él no tiene ni la menor intención de cambiar su posición. Primero, haciendo un diagnóstico abrumador sobre el tema con frases como “el sistema ha operado para la corrupción”, o “la corrupción es el modus operandi”, para luego decir cosas como “pongamos fin a esta horrible historia y mejor perdonemos” y “no vamos a perseguir a nadie”.
Ciudadanos y organizaciones están solos, porque aquellos que deberían acompañar la lucha —los partidos de oposición— no tienen la fuerza (y en algunos casos, ni la intención) de empujar el tema. Así, “el pantano” no podría haber recibido mejor regalo por parte del presidente López Obrador.
Una parte de la posición de López Obrador tiene que ver —ciertamente— con un cálculo político. Lo dejó entrever en su discurso del sábado en San Lázaro y después en el Zócalo: lo sé todo, los perdono, pero no se olviden de que —con consulta de por medio o no— puedo usar todo eso que sé en su contra. Cuando quiera. En otras palabras: aguas. La amenaza hecha desde el poder. Pero más allá del cálculo político, hay también un desprecio injusto y preocupante por el trabajo arduo, minucioso, peligroso incluso, que han hecho todos esos ciudadanos y organizaciones para exponer públicamente algunos de los casos de corrupción de las últimas décadas.
Este desprecio no es nuevo. A todas estas organizaciones, académicos, periodistas y ciudadanos les ha llamado “conservadores”, “fifís”, “mentirosos”. Ha desestimado sus investigaciones, sus recomendaciones de política, sus interpretaciones distintas de la realidad. Ha descalificado su trabajo por el origen de sus recursos.
Pudiendo haber utilizado ese impulso ciudadano, ese conocimiento colectivo para mandar el mensaje correcto, queda claro —reiterado el sábado ya como titular del Ejecutivo— que decidió simplemente acalambrar un poco al pantano, dejarles saber que los tiene en sus manos para cuando se requiera y no meterse en más problemas. A su base le vendió fácilmente el asunto de “tenemos demasiado trabajo como para distraernos en eso” y se curó en salud con aquello de que “los conservadores” —categoría en la que puede entrar básicamente todo el mundo— lo “avasallarían” sin el apoyo popular.
Confirmado el estado de las cosas, lo que queda claro es que uno de los pilares clave del fin de la impunidad será responsabilidad —por default— de la sociedad civil organizada, que deberá seguir dando la batalla para documentar, denunciar y litigar en el sistema judicial el mal uso de los recursos públicos. Así es como se dará una suerte de resistencia civil pacífica. Ahí se estará dando la lucha que debe darse y de la que el Estado se ha querido zafar con pretextos insostenibles.
Por ello es valiosísima la apuesta estratégica de organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad que el último día del sexenio de Enrique Peña Nieto promovió formalmente más de sesenta demandas en contra de diecinueve dependencias —secretarías y organismos descentralizados— por el presunto desvío de más de 6 mil millones de pesos durante la administración de Peña. Como ellos mismos dijeron: le tomaron la palabra al ahora presidente López Obrador, que prometió “no obstaculizar” los procesos legales emprendidos antes del inicio de su perdón colectivo. Ya veremos. Toca acompañarlos hasta que se haga justicia.
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