Muchos países han actuado contra la corrupción que se reveló, en diciembre de 2016, cuando las empresas brasileñas Odebrecht y Braskem se declararon culpables, ante la Corte Federal del Distrito de Nueva York, de pagar sobornos a servidores públicos en 12 países. En México y Venezuela las investigaciones se han pasmado.

Con acceso a documentos clave del Ministerio Público Federal brasileño y entrevistas a varios responsables de las investigaciones, esta es la ruta de los sobornos y de las peripecias legales que se han hecho para concretar la investigación de una amplia red de corrupción transnacional en México.

Y es que, en 2016, una vez que los altos directivos de las finanzas públicas mexicanas del sexenio pasado, fueron informados de las explosivas confesiones de directivos de las empresas brasileñas en Nueva York, hubo pánico de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (EU) abriera una denuncia por corrupción contra Pemex, al haber violado la Foreign Corrupt Practices Act. Esto pues, al Pemex cotizar en la Bolsa de EU, una acusación así hubiera tirado la calificación de la empresa mexicana y afectado, incluso, la deuda soberana de México en el mundo. También había el riesgo de que el FBI empezara a declarar a funcionarios mexicanos como parte de su investigación.

Ante ello, y a manera de estrategia de contención financiera y legal, el 25 de enero de 2017, Pemex presentó ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR) un escrito en donde señaló la existencia de pagos “por 6,000,000.00 USD (6 millones de dólares) a oficiales de alto nivel en una empresa propiedad del Estado mexicano”.

A partir de ahí, la PGR inició la declaración de funcionarios en México y buscó a las autoridades brasileñas que estaban investigando la operación contra Odebrecht, denominada Lava Autos (Operação Lava Jato). Sin embargo, las autoridades brasileñas se negaron a dar información. México y otros nueve países (entre ellos Argentina, Chile, Colombia y Perú) tuvieron que comprometerse, el 16 de febrero de 2017, con Brasil a que no se perseguiría a las dos empresas brasileñas, ni a 78 personas relacionadas con éstas, ya que eran testigos protegidos.

Y es que las empresas brasileñas ya habían sido multadas con más de $3.5 mil millones de dólares y muchos de sus directivos, procesados. Brasil no quería, y con razón legal, que se les abrieran procesos paralelos en 11 países. Así, las autoridades brasileñas estaban dispuestas sólo a dar información a cambio de que se respetara su acuerdo de lenidad y que, en su caso, sólo hubiera pagos para resarcir daños. Todos los países firmaron. Sin la información de Brasil nadie podría perseguir a los funcionarios corrompidos en sus respectivos países.

Con este compromiso firmado, fue hasta junio de 2017 que empezó a fluir la cooperación internacional entre México y la Procuraduría Brasileña, según acuerdo nº1.00.000.003287/2017-21. Esto es, seis meses después de la denuncia de Pemex.

En los expedientes y las entrevistas realizadas se mencionan, de manera global, dos pagos: uno por 4 millones de dólares y otro por 6 millones a Emilio Lozoya Austin. Estos pagos no necesariamente son prueba de que hubo actos de corrupción, pero el exdirector general de Pemex tendrá que justificarlos y, hasta ahora, se ha reservado su derecho a declarar.

El flujo de los recursos apunta a que, desde su depósito en paraísos fiscales, éstos no entraron al sistema financiero mexicano, sino que se direccionaron a cuentas en Suiza. Por ello, la actual Fiscalía General de la República (FGR), a cargo del doctor Alejandro Gertz Manero, informó la semana pasada en su boletín 46/19, que “al haber recibido más información financiera procedente de Suiza, se solicitó al CENAPI —Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia— (la) red de vínculos respecto de transferencias, depósitos y personas involucradas en los hechos investigados (Odebrecht)”.

Cuando el entonces procurador Raúl Cervantes presentó su renuncia en el Senado de la República, el 16 de octubre de 2017, señaló que el caso Odebrecht estaba concluido y que se presentarían imputaciones ante juzgados federales. No mintió. La revisión de la información proporcionada por Brasil y el reciente boletín 46/19 de la nueva Fiscalía mexicana dan cuenta de ello: i) convenció a los brasileños en entregar la información; ii) avanzó la Declaración de Puebla, un Acuerdo con los 12 países en la cual Odebrecht sobornó (al que se sumó EU), para combatir la corrupción transnacional; iii) declaró a los directivos de Odebrecht y a 19 funcionarios de Pemex; y iv) inició el contacto con las autoridades suizas.

Lo que sí sorprende es que, desde octubre de 2017, cuando Cervantes dejó el cargo, hasta el actual cambio de gobierno, la PGR no hubiera avanzado ni en la traducción al español de la información financiera que llegó de Suiza.

Ahora, la FGR se ve activa por conducto del subprocurador Felipe Muñoz, avanzando dictámenes contables y revisando el análisis de transferencias internacionales y de partes relacionadas. De todo esto dio cuenta el pasado 14 de febrero, con lo que mandó una señal no de “amor y amistad”, sí en cambio, de que se prepara en serio el combate a la corrupción en el caso Odebrecht, en el que México va tarde.