La transformación democrática que experimenta el país, desde las últimas elecciones presidenciales, ha consolidado ostensiblemente la libertad de expresión. Su mayor ganancia es el debate público sobre los grandes temas nacionales; su saldo negativo es la proliferación ilimitada de la injuria, la descalificación y los frutos podridos de la discriminación y el odio. La recurrencia intencionada de las falsas noticias, la abolición de la frontera entre lo importante y lo estridente alimentan que la polarización política y la confusión mental.
Se impone la necesidad de la pedagogía social y del esclarecimiento puntual de hechos e instituciones. Las discusiones recientes giran entorno a la competencia de las autonomías constitucionales, en particular el INE, y el papel del gobierno frente a los comicios. El colmo: se pone en duda la veracidad de los datos del Coneval y hasta del papel del Conapred –órgano descentralizado– en el combate de la discriminación. En esos y otros casos resulta pertinente entender el contexto histórico que dio origen a nuevas instituciones. A partir del movimiento de 1988 ocurrieron de modo paralelo dos transiciones: la política y la económica. La primera fue democratizadora y la segunda neoliberal. El testimonio irrefutable del fraude electoral se reprodujo en las plazas llenas y encendidas por un pueblo burlado. Surgió además el primer partido-movimiento que conjuntó a todas las izquierdas mexicanas: el ala progresista y nacionalista del partido hegemónico que lo que segregó por la mitad y —bajo el concepto de Frente Amplio— organizaciones comunistas y socialistas, así como antiguos anarquistas y personalidades intelectuales y científicas que lo potenciaron.
El histórico Consejo de Oaxtepec (1994), tras arduos debates, canceló la hipótesis de convertirnos en un gobierno alternativo y decidió por la “TRANSICIÓN PACTADA, PACÍFICA Y CONSTITUCIONAL HACIA LA DEMOCRACIA”. El gobierno respondió a esta postura con el silencio, mientras nosotros no bajamos la guardia y colocamos nuestros esfuerzos en las elecciones locales. En consecuencia el secretario de gobernación abrió dialogo sobre asuntos concretos de acuerdo a los términos de nuestra decisión colectiva. En Michoacán denunciamos el fraude y derrocamos al gobernador electo, en Guanajuato —aliados con el PAN— repetimos la dosis. En San Luis Potosí apoyamos al navismo para anular las elecciones y en Tabasco se acordaron nuevos comicios en tres importantes municipios, lo que produjo la renuncia del gobernador.
No obstante, la creación de organismos constitucionales autónomos y la devolución de soberanía a los ciudadanos de la capital fueron nuestras victorias más perdurables. Carlos Salinas aceptó tortuosamente en 1989 la creación una Comisión Nacional de Derechos Humanos, organismo desconcentrado que hasta 1999 alcanzó su autonomía constitucional. Jorge Carpizo —distinguido y exaltado jurista— asumió la Secretaria de Gobernación y en consecuencia la negociación más importante: organismos y procedimientos electorales. Las discusiones fueron de tiempo completo. El movimiento zapatista en Chiapas –cuya bandera original era la reforma del Estado- fue la causa eficiente de nuestra victoria parcial, que luego se perfeccionó gradualmente —tras el magnicidio de Colosio— hasta su plena ciudadanización.
La UNAM es la madre de todas las autonomías, que arranca en 1929, se refleja en la Ley Orgánica de 1945 y adquiere rango constitucional hasta 1980, junto con otras instituciones Libres o autónomas de educación superior. Además de las tres mencionadas, otras ocho han adquirido rango constitucional. Unas por razones técnicas y de especialización, como el INEGI y el Coneval, otras bajo el manto de la modernización como la Banca Central, las telecomunicaciones y aquellas de Competencias económica, y por último las dedicadas a la defensa de derechos humanos, la rendición de cuentas y la justicia.
La Suprema Corte recién despertó ante cualquier intento de someter a las autonomías constitucionales. Define que la misión principal “es atender necesidades torales del Estado y la sociedad” y que “su fortalecimiento institucional” debe asegurar “la eficacia y permanencia frente a las recomposiciones políticas sexenales”. Sostiene que son un “mecanismo de racionalización del poder publico por la vía de su límite y balance”. Garantiza principios democráticos y no se opone a la división de poderes ya que están sujetas a “controles constitucionales”. No todas sus decisiones son “incuestionablemente validas”, pero definen derechos y obligaciones que deben acatarse. Son por naturaleza contrarias a la gobernanza autocrática. Coinciden con la declaración de principios de Morena, “que condena el pensamiento único, tanto como el poder absoluto”.
Diputado federal
