A más de dos años de disputa entre habitantes de la comunidad de la Noría de San José, el Gobierno del Estado y la empresa American Industries por los terrenos ubicados al pie de la carretera 57 en plena Zona Industrial, por primera vez el Congreso del Estado a través de la Comisión de Vigilancia intervendrá en el asunto y solicitará la comparecencia del titular de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado (Sedeco) para que aclare la situación ante la legislatura local.

Cabe recordar que se trata de una comunidad que se encuentra en un “limbo” legal, puesto aunque está dentro del municipio de San Luis Potosí, correspondería o a la delegación de Pozos o a la de La Pila, sin embargo al estar enclavada en plena Zona Industrial, no se ha anexado a ninguna y simplemente es como una “isla” que pertenece al municipio de la capital.

Dada la creación de la Zona Industrial del Potosí a principio de los 80 del siglo pasado, un decreto firmado por el entonces gobernador Carlos Jonguitud Barrios en el Periódico Oficial del Estado, establece que se daba la expropiación de la Noría de San José perteneciente al Ejido de San Elías o Arroyos, pero establecía distintas clausulas entre las que destaca que la administración estatal enajenará directamente los terrenos a las empresas que busquen instalarse en el sitio y en segundo lugar y más importante la reubicación y construcción de nuevas viviendas para los pobladores en terrenos que hoy pertenece al fraccionamiento Los Lagos, sin embargo esto nunca ocurrió.

A pesar de no cumplir con estas clausulas en 2003 el Gobierno del Estado vendió los terrenos a American Industries, que para empezar no es una empresa, sino una inmobiliaria es decir un intermediario, pero hasta 2016 tomaron posesión del terreno a pesar de la existencia de habitantes en la propia comunidad por lo que se presentó un conflicto con los habitantes que a más de dos años no se ha podido subsanar.

Todo este tiempo, los habitantes han solicitado al Gobierno del Estado, incluso denunciando ante la CEGAIP que se entreguen los documentos que avalen la compra-venta legal de los terrenos en 2003, sin embargo la administración estatal argumenta no poder encontrarlos, por lo que ahora es el Congreso del Estado quien citará directamente a la Sedeco para que justifique como es que están legalmente enajenados los terrenos, a pesar de que hay habitantes en los mismos terrenos y los documentos de la venta legal simplemente “no fueron localizados”.

Será entonces este jueves en sesión de pleno del Congreso del Estado, cuando se vote el dictamen elaborado por la Comisión de Vigilancia en donde se exige la comparecencia del titular de la Sedeco, Gustavo Puente Orozco para que localice los documentos y los ponga a disposición del Poder Legislativo o en su defecto justifique la inexistencia de los mismos.

gpl

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