01 / diciembre / 2021 | 03:31 hrs.

Los “archivos secretos” y el parto de los montes

Alejandro Hope

Desde hace varias semanas, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que expediría un decreto abriendo los “archivos secretos del Cisen”. En su momento señalé en esta columna que, en ausencia del texto legal, era imposible saber los alcances de la medida.

La incertidumbre se despejó esta semana con la publicación del decreto de marras. O, más bien dicho, se despejó a medias. Van mis comentarios:

1. En primer lugar, el decreto incluye a todas las dependencias, organismos y entidades de la Administración Pública Federal. No se reduce al Cisen u otros organismos de inteligencia.

2. El decreto es de espectro amplio. Señala que se transferirán al Archivo General de la Nación “la totalidad de los documentos históricos que posean y que se encuentren relacionados con violaciones de derechos humanos y persecuciones políticas vinculadas con movimientos políticos y sociales, así como con actos de corrupción.”

3. Esa amplitud genera una enorme incertidumbre. Primero, ¿qué es un documento histórico? ¿Un reporte sobre algo que sucedió ayer o la semana pasada? ¿O solo cubre los documentos producidos hace 20, 25, 30 o 40 años? ¿Cuál es la línea de corte? ¿Cuál sería el calendario de desclasificación?

4. En segundo término, ¿cómo se determinará si un documento está relacionado con violaciones de derechos humanos, persecuciones políticas o actos de corrupción? Por dar un ejemplo, ¿todo el seguimiento que se ha hecho a la guerrilla desde hace décadas cae en la categoría de “persecución política”? ¿O el análisis sobre grupos del narcotráfico? En ausencia de algunas definiciones funcionales, es difícil predecir qué se va a abrir en concreto.

5. No hay claridad sobre cómo se van a atender las restricciones que imponen diversas disposiciones legales. En específico, ¿qué pasa con los datos personales que puedan revelarse en los documentos a desclasificar? En principio, se tendrían que producir versiones públicas, testadas, que protejan información personal. ¿Todo ese esfuerzo le va a caer al personal del Archivo General de la Nación? Buena suerte a esos funcionarios. ¿O se va a tener que testar desde las propias dependencias? ¿En qué plazo?

6. ¿El decreto incluye a órganos autónomos? Eso es particularmente relevante para la Fiscalía General de la República: una parte importante de la información histórica sobre “violaciones de derechos humanos y persecuciones políticas vinculadas con movimientos políticos y sociales, así como con actos de corrupción” cae en terrenos de la procuración de justicia. Pero eso, por supuesto, genera un problema adicional: algunos de esos archivos forman parte de investigaciones abiertas (por ejemplo, las relacionadas con desapariciones forzadas) y están sujetos a sigilo judicial ¿Cómo se va a tratar eso, si es que el decreto llega hasta allí?

7. En términos del decreto, las dudas previas (y algunas otras) tienen que ser resueltas por el Archivo General de la Nación en un plazo no mayor a treinta días naturales. En un mes tienen que fijar las definiciones, procedimientos y plazos para la entrega, organización y consulta de la información contenida en miles o millones de documentos. Y lo que decida va a ir con cargo al presupuesto que ya se le asignó en 2019, sin un peso adicional. De nuevo, buena suerte.

En resumen, me parece que este decreto va a acabar siendo el parto de los montes. Sin definiciones claras, sin recursos extraordinarios, se va a acabar abriendo muy poco en el corto plazo. Eso, o se abre a diestra y siniestra, y se genera un desorden monumental y el asunto acaba en litigios interminables.

Ninguno de esos escenarios es buena noticia para la memoria y la transparencia.

alejandrohope@outlook.com. @ahope71