La fiscalización de las operaciones financieras es el arma secreta del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para aumentar la recaudación de impuestos y para atacar a los evasores del fisco.

Par ambos fines, la plataforma de Cobros Digitales (CoDi) que diseñó Banco de México con un puñado de programadores muy sofisticados, y de la mano de la Secretaría de Hacienda y de algunos bancos, permitirá fiscalizar las operaciones digitales cuyo valor rebasó 500 mil millones de pesos el año pasado.

Hablamos de operaciones de pagos de servicios o productos que en la actualidad son cotidianas para 60% de los usuarios de internet en México, según la consultora de comercio digital TEED, que encabeza el emprendedor serial Rodrigo Barrientos.

El tema adquiere mayores dimensiones si se toma en cuenta que también siete de cada 10 mexicanos son usuarios de internet y que la proporción de crecimiento anual, tanto de usuarios de la red como de las propias transacciones digitales, ronda 30%.

Hacia la modernización, pero sobre todo hacia la fiscalización de este mercado se dirige la plataforma de pagos CoDi, para facilitar las transacciones de pago y cobro de manera electrónica en un esquema de 24 horas, los siete días de la semana a través de códigos QR.

De entrada, CoDi acabará con un mercado de plataformas de pago vía internet en el que compiten jugadores como PayPal de Blas Caraballo, PayU de Patrick Ellis y MercadoPago a cargo de Christian León.

También en este sector participan las 34 instituciones financieras del país que tienen Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), las cuales, a diferencia de CoDi, cobran una comisión por compra o pago de entre 1% y 4%.

En números promedio son unos 5 mil millones de pesos que los operadores de plataformas de pago dejarán de percibir ante la masificación del uso del CoDi.

La expectativa del presidente de la Asociación de Bancos de México, Luis Niño de Rivera, es que para el primer año la nueva tecnología logre captar 18 millones de usuarios, quienes realizarán alrededor de 28 billones de transferencias.

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, reconoció en su momento que la migración del dinero en efectivo al comercio digital permitirá a las instituciones financieras y autoridades de fiscalización hacer una minería de datos sobre el comportamiento de los usuarios, acercarse a los contribuyentes de manera digital para recordarles el oportuno pago de sus correspondientes impuestos y, sobre todo, facilitar la bancarización de las pymes y reducir el comercio ilegal.

Específicamente, el e-commerce en el país registra un crecimiento promedio anual de 27%, pues cada vez son más los empresarios que ven en esta herramienta la posibilidad de expandir su universo de clientes de miles a millones y con presupuestos 50% menores a los que se requieren en un establecimiento fijo.

Entre los ejemplos más destacados del comercio digital en México se encuentra ya la Central de Abasto, que dirije Héctor García, pues los locatarios del mercado capitalino decidieron poner en línea sus productos con la expectativa de alcanzar para 2022 ventas mediante esta vía por más de 2 mil millones de pesos.

El escenario, además, promete que hasta 27 mil familias de la Ciudad de México harán su despensa mediante la plataforma de la Central de Abasto, para lo cual alistan el despliegue de 10 rutas de distribución que cubrirán las entregas en toda la capital.

Se estima que los precios, por ejemplo, sean 25% más baratos que los de plataformas de comercio electrónico como Walmart, de Guilherme Loureiro, o Chedraui, de Antonio Chedraui.
 
Semovi le carga la mano a las apps

Y hablando de plataformas digitales, a pesar de que a las apps de movilidad y otras ya no se les cargó tanto la mano en la Ley de Ingresos del próximo año, los que al parecer no les darán tregua son los de la Ciudad de México.

Particularmente la Semovi, que lleva Andrés Lajous, quien el pasado 15 de octubre pidió a las apps de movilidad como Uber y DiDi que entreguen una serie amplia y detallada de datos de cada viaje realizado a través de sus plataformas.

El gobierno argumenta que la identidad de los usuarios estará protegida, pues no piden específicamente su información; lo cierto es que se solicitan hasta 46 datos específicos sobre cada viaje incluyendo fecha, coordenadas de principio a fin, hora, placa del vehículo, género, número de licencia y edad del conductor, horas conectadas, cantidad de viajes, entre otros.

No hay autoridad en otra parte del mundo que requiera tal nivel de subcategorización y detalle como el presentado por la Semovi. A esto se suma la preocupación de qué hará el gobierno de la CDMX con tantos datos.

Según el Colectivo de Redes de Transporte "por la gran extensión de los datos solicitados, es probable que el mal uso de información de carácter confidencial puede comprometer la integridad y privacidad de quienes hasta hoy han encontrado en las aplicaciones una alternativa de autoempleo”.
 
Respuesta de White & Case

Con relación a la columna del lunes, el despacho jurídico White & Case envió una carta en la que explica que no participó en ningún momento en la relación de Oro Negro con Pemex, ni fue contratado por la paraestatal para desarrollar labor alguna respecto a esa empresa.

Apunta que cuando participó como asesor legal de Pemex en la compra de Fertinal –en 2015–, Jorge Kim, ex director jurídico de Pemex, no formaba parte de dicha empresa. Asimismo, que Teresa Fernández no formaba parte en ese entonces del Consejo de Administración de Pemex.

“En cuanto a la mención del Lic. Kim en presuntas grabaciones por parte de una firma de inteligencia, él mismo ha negado rotundamente los supuestos señalamientos, reiterando que su gestión estuvo siempre apegada a derecho y plenamente documentada en los expedientes de Pemex”.

Añadió que Mario Beauregard y Vicente Corta no coincidieron en el IPAB y que la contratación de los servicios de White & Case fue hecha en un período distinto al que laboró en Pemex el señor Beauregard.