Pasado mañana se cumplen cinco años de la tragedia de Ayotzinapa que llevó a la desaparición de 43 jóvenes estudiantes. El dolor que han padecido sus padres, sobre todo con tanto vaivén en las indagatorias oficiales, debe ser inimaginable. Esos vaivenes les hace —injustamente— vivir y revivir un episodio lacerante. Lo más que han recibido del Estado mexicano será la posibilidad de hablar desde la tribuna del Congreso de la Unión, lo que sucederá este próximo jueves. Pero a un lustro del hecho, vale la pena pensar qué sigue y si la verdad se sabrá algún día.
¿Contra quién actuará la FGR luego de las liberaciones? ¿A qué justicia pueden aspirar los familiares de los desaparecidos cuando decenas de los acusados como homicidas materiales o intelectuales ya están en libertad? Difícilmente podrán ser juzgados por los mismos hechos, de tal suerte que parece que las nuevas pesquisas de la Fiscalía General de la República (FGR) sólo podrán ir contra las autoridades que participaron en los hechos del 26 de septiembre de 2014, y posteriores, por acción u omisión. Así que el expediente apuntaría ahora contra autoridades municipales, estatales y federales, algo que había sido una demanda añeja del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.
¿Por qué culpa el subsecretario Alejandro Encinas a los jueces federales? No se entiende el enojo del subsecretario de la Secretaría de Gobernación (SG), Alejandro Encinas, con el Poder Judicial de la Federación, cuando fueron los tribunales federales los que ordenaron la Comisión de la Verdad que él siempre defendió y, ahora, hasta preside. Peor aún, el hoy subsecretario festejó que se cayera la verdad histórica, luego de una sentencia que daba cuenta de torturas y de varias violaciones a derechos humanos. Difícil de explicar cómo Encinas aplaude que se caiga la verdad histórica, pero no le gusta que los detenidos salgan de prisión por esa verdad.
¿Qué autoridades estuvieron involucradas y qué disputan los bandos criminales? Los expedientes a los que se ha tenido acceso revelan que entre los grupos que se enfrentaron en Iguala –Guerreros Unidos y Los Rojos– controlaban todos los municipios del norte de Guerrero, particularmente Iguala, Cocula y Taxco, pero también había operaciones en municipios mexiquenses como Ixtapan de la Sal, Metepec y hasta Toluca. Desde hace cinco años, los grupos criminales disputaban dos grandes mercados ilegales: el del cultivo y trasiego de droga, y el de la minería clandestina. De hecho, el gobierno estadounidense empezó a preocuparse por la zona cuando de ahí empezó a salir gran parte de la heroína que llegaba a Estados Unidos y cuando varios de los detenidos por el caso Ayotzinapa revelaron que una parte importante de su financiamiento era proteger cargamentos de uranio que se extraía ilegalmente de la zona y que era embarcado desde el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, a barcos con bandera asiática. El uranio (92U) que se utiliza para hacer bombas nucleares. Desde aquél entonces a la fecha, el número de municipios con presencia criminal no se ha reducido. Al contrario.
¿Qué sigue con el expresidente municipal de Iguala, aún preso? José Luis Abarca Velázquez y su esposa, María de los Ángeles Pineda, siguen presos. Es probable que sólo se mantengan contra ellos los cargos que tienen por delitos financieros. El vínculo de ella con Ángel Aguirre, el entonces gobernador de Guerrero, nunca fue revisado. En varios expedientes se mencionan apoyos económicos para su campaña. Además, información oficial da cuenta de que dos de los hermanos de ella tenían vínculos con la organización delictiva de los Beltrán.
¿Qué diferendos hubo entre la PGR y la Segob en el sexenio pasado? La Segob, en particular la Policía Federal, estaba en una carrera contra el tiempo para encontrar a los desaparecidos. Destinaron a más de mil 200 elementos para buscar a los estudiantes y lo hicieron en minas, iglesias, brechas, cuevas, bodegas y presas. Siguieron todas las pistas, pero su urgencia por que los detenidos “hablaran” acabó siendo no compatible con los protocolos que México tiene que cuidar. Así, el primer diferendo entre dependencias en el sexenio pasado versó sobre los métodos y formas de la investigación. Los agentes de la PGR dieron cuentas de que varios detenidos habían sido torturados. Después, otros más lo alegaron con éxito en tribunales. Otro diferendo importante es que mientras la PGR daba cuenta de que la mayoría de los estudiantes habían sido quemados en el basurero de Cocula, a los pocos días del anuncio oficial, la SG señaló que redoblaría esfuerzos para la búsqueda de los estudiantes desaparecidos. Y ahí inició la confusión que sigue al día de hoy.
La historia de lo acontecido en Iguala es una tragedia para los padres de familia, pero también lo es para las instituciones encargadas de procurar y administrar justicia en el país. Hoy, a cinco años de varios crímenes, el Estado mexicano no está en posibilidades de otorgar respuesta alguna. Tampoco existen los protocolos para que otro evento de esta magnitud sea investigado de manera más profesional y sistemática.
En síntesis, por diferendos entre funcionarios, entre niveles de gobierno y hasta entre administraciones federales, la justicia sigue sin llegar y algunos cuantos lucran con ello. Continúa la impunidad y falta ver voluntad política para verdaderamente investigar a profundidad lo que pasó y lo que obra en los expedientes. Aunque hay la posibilidad de que se llegue al mismo punto: al basurero de Cocula, donde apuntaron las investigaciones de la PGR y de la CNDH.
Twitter: @JTejado
